Por: Redacción Pares
El último Informe de la Defensoría del Pueblo sobre Violencias Basadas en Género y Discriminación, revela las afectaciones sobre las mujeres y violencias basadas en Género en Colombia.
Una parte de dicho análisis responde a las violencias que impactan a las mujeres y las personas con orientación Sexual e Identidad de género diversa en el marco del conflicto armado en el periodo comprendido entre el año 2014 al 2018. La recolección de la información se centró en insumos sobre las situaciones de violencia y las acciones institucionales adoptadas en ese periodo.
Violencia sexual, una estrategia de guerra
La violencia sexual y su impacto diferencial y desproporcionado en la vida y cuerpo de las mujeres, personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans, Intersex y/o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fue usada como estrategia de combate para reforzar los intereses de todos actores armados, subordinar o atemorizar a la población e incluso dentro de las filas de los combatientes, para reforzar líneas de mando.
En ese sentido, no fue una violencia fortuita, por el contrario, ha hecho parte de un conjunto de estrategias bélicas y políticas de los actores armados en el contexto de sus campañas de expansión, dominación y control de los territorios.
La base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC, 2017) del CNMH, que usa como fuentes principales el Registro Único de Víctimas de la UARIV, y otras fuentes institucionales; revela que del total de 15.076 personas que han sido víctimas de violencia sexual en este contexto, el 91.6 % fueron mujeres (13.810 víctimas) y el 1 % personas con OSIGD (161 víctimas), donde la mayoría, un total de 93, corresponde a hombres que se identifican como LGBTI, seguido de mujeres LGBTI con 68 víctimas.
Una mirada territorial permite señalar la necesidad de adelantar acciones para mitigar el riesgo en los departamentos de Chocó, Atlántico, Risaralda, Magdalena, Córdoba, Meta, Cundinamarca y Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Vaupés, Guainía, y Nariño.
Dicha violencia sexual se expresó a través de: violaciones sexuales, acoso sexual, aborto forzado, desnudez forzada, obligación a presenciar actos sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otras.
Más mujeres tomando decisiones para la paz
En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, esa violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. Mientras persista no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
El conflicto armado, su impacto diferencial y desproporcionado en la vida y cuerpo de las mujeres, personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans, Intersex y/o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es un hecho probado, que ha sido documentado y analizado por distintas entidades gubernamentales, órganos judiciales, organizacionales de la sociedad civil, así como por organismos internacionales.
Al respecto, la Corte Constitucional, constató en el auto 092 de 2008 que “la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual”.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 expidió la Resolución 1325, atinente a las mujeres, la paz y la seguridad, en donde reconoció que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres, y reafirmó “la necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la prevención y la resolución de conflictos”