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La transición energética justa debe hacerse con las comunidades

Por: Daniel Guerra Roncancio, Periodista


Foto tomada de: El Colombiano y cornare.gov.co


Todo este paisaje que se ve acá es muy hermoso, Cocorná es la tierra del agua, comenta Jaime Montoya, intérprete ambiental. Estamos volviendo en una chiva llena de personas que participaron en el foro sobre transición energética justa y popular organizado por el Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Movete) y el Movimiento Nacional Ambiental Colombia en el mes de agosto de 2023, en El Santuario, Antioquia.

A medida que avanzamos me muestra a lo lejos una de las represas que hay en el lugar, “es que esta tierra reúne las condiciones adecuadas para este tipo de proyectos al tener tantas pendientes sucesivas”, dice. Las cascadas golpean sobre la roca, mientras la tierra, en algunos tramos verde, en otros yerma, deja ver los cultivos de caña, plátano y café.


Actualmente hay 17 permisos de estudio de los recursos hídricos avalados por Cornare, la Corporación Autónoma Regional que se encarga de las cuencas de los ríos Negro y Nare en el Oriente Antioqueño. De igual manera hay 32 proyectos de generación de energía avalados por esta corporación desde 2010. La gran mayoría de estos proyectos son Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), nombre que se ha vuelto común en la zona para describir estos proyectos que se valen de la captación a filo de agua, es decir, que en teoría no represan grandes cantidades de agua en embalses, sino que se valen del caudal natural del río.

Algunos de estos proyectos generan menos de 10 megavatios (MW) de energía por lo que, según la ley 99 de 1993, no deben pagar transferencias por el 6% de las ventas brutas de energía al Estado, como sí lo hacen los proyectos más grandes. En 2022, sólo EPM, Empresas Públicas de Medellín, repartió más de $32.000 millones de pesos a las tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia como pago de transferencias.


La historia de las hidroeléctricas en esta zona se remonta a inicios de 1929, con el proyecto Guadalupe I, que fue terminado en 1943 con una capacidad instalada de 30 MW. Sin duda las demandas energéticas en el país empezaron a aumentar con la explosión urbana. Como afirma Juan David Arias Henao, especialista en ecología política y estudioso de los procesos del Oriente Antioqueño, “en ese momento cuando se construyeron estos proyectos estaba la idea de que eran baratos y necesarios para el desarrollo urbano e industrial y que era una fuente alternativa de energía”. Hoy, en los escenarios académicos, la postura de que la energía obtenida de las hidroeléctricas es limpia es insostenible.


Juan David cuenta que este territorio tiene muchas pendientes, aumentando la velocidad de los cuerpos de agua lóticos, en constante movimiento, lo que resulta en un mayor potencial cinético. La zona del Oriente Antioqueño llegó a producir el 40% de la energía del país, afirma, y ahora puede estar alrededor del 25%, lo que no deja de ser una gran contribución al sistema eléctrico nacional. Esta situación le preocupa a Pilar Parra, integrante del Movete y de la Asociación Campesina de Antioquia, quien está segura de que las zonas del Oriente Antioqueño y parte de Caldas son lugares de sacrificio para los planes de generación de energía hidroeléctrica que tienen el Gobierno y las empresas privadas.


Sin duda uno de los temas que está en boca de muchas personas hoy en día es la transición energética, pero, se cuestiona Parra, “es para que lo maneje quién, ¿el Estado va a crear una empresa estatal que le jalone a eso?, ¿o va a abrir una dependencia en Ecopetrol?, ¿o las encargadas serán las doce o trece empresas que manejan eso en el mundo?”. Para ella esta transición debería tratarse en un lenguaje sencillo para los “dolientes del territorio”, de lo contrario los campesinos no entenderán lo que se está poniendo sobre la mesa.

Este hecho ha generado cierta estigmatización sobre los campesinos, así como sobre los movimientos ambientales, según Parra las corporaciones autónomas y los técnicos que hacen los estudios para las licencias ambientales “creen que uno es bruto e ignorante, que confundimos una represa con una PCH”. Pero para ellos es clara la afectación, pues están monitoreando y viviendo con el río todos los días y ven las afectaciones que se producen en el mismo.


Para Camilo González, investigador del SEI, Instituto del Ambiente de Estocolmo, es muy probable que la temperatura alrededor del embalse pueda disminuir debido a que va a haber más evaporación al haber una gran superficie de agua. “Respecto al clima, el agua evaporada provocará el aumento de nubes, neblina, generando lluvias localizadas”, menciona. Al mismo tiempo afirma que la humedad relativa puede aumentar cerca a los proyectos hidroeléctricos, lo que genera proliferación de plantas acuáticas que pueden ser dañinas para el ecosistema al existir nuevas condiciones de adaptación al entorno para las especies locales.


Hacer varias represas en una misma cuenca puede ser problemático a la hora de entender los efectos globales de los proyectos. Esto a razón de que no son solo una o dos empresas las que manejan las PCH, por lo que “puede ocurrir la alteración total de un ecosistema si no se tienen en cuenta estrategias que consideren de manera temprana las afectaciones a los territorios”, afirma el investigador. González cree que “a la hora de hablar con comunidades no hay que ser muy científico, sino que hay que hacerlo de una manera en la que se pongan los problemas sobre la mesa y así mismo las soluciones”.


Según González, las políticas en Colombia hasta ahora están empezando a tener en cuenta este asunto. “Normalmente se consideran como un tema de monitoreo de daños”, afirma. Precisamente, en 2022, Cornare ideó un Índice de Sostenibilidad Integrado en el que, según la Corporación, se tendrían en cuenta las afectaciones de varios proyectos sobre una misma cuenca. Esto en teoría pondría un escollo más a las empresas que quieren adquirir una licencia ambiental.


Sin embargo, para Juan David Arias, “las licencias son unas listas de chequeo de impactos y de compensaciones”, según él son el discurso técnico que le hacía falta a la idea del desarrollo sostenible, que cree que se puede seguir creciendo económicamente de la mano de la naturaleza. “Pero vivimos en un planeta con recursos finitos y los problemas ambientales han ido en aumento, por esta razón las licencias no son un mecanismo real de defensa del territorio”.


Por su parte, un ingeniero de una empresa encargada de las consultorías para la consecución de las licencias ambientales de proyectos hidroeléctricos dice que hay un conflicto de intereses muy fuerte en el Oriente Antioqueño. Por esta razón prefiere no ser nombrado. Este menciona que en reuniones con los grupos ambientalistas siempre se ha encontrado con un no rotundo al desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Sugiere que más allá de esta negativa los grupos ambientalistas debieran dar las razones del porqué no quieren que se haga, siendo más propositivos acerca de lo que se podría hacer en el territorio.


Este ingeniero cree que los estudios técnicos no siempre son la verdad revelada, que siempre han estado abiertos al diálogo. También argumenta que a los proyectos de esta índole los han “satanizado”, cuando la mayor parte de la matriz energética en Colombia depende de este tipo de energía. Para él no hay forma de producir la misma cantidad de energía con el viento y el sol. Entonces, tiene que haber una garantía para el sistema interconectado nacional y cree que si no es con el agua, la transición energética se quedaría corta.


En 2021, durante el proceso de licenciamiento de una de las PCH, en este caso la de Guadualito, integrantes de la comunidad junto con una experta en hidrología se dieron cuenta de que el estudio de la licencia pretendía tomar un caudal de referencia diferente al que se pretendía licenciar. En ese caso se tomó como referencia la estación de Pailania y los hicieron pasar como los datos del río San Matías. Esto es delicado, según la comunidad, porque se entregaba un caudal ecológico menor del que en realidad correspondía. En 2022 se archivó la solicitud de diagnóstico ambiental de alternativas para este proyecto, evitando que continuara su proceso. Pese a esto, las preocupaciones continúan latentes en el Oriente Antioqueño, no solo por este caso, sino por cómo se llevan a cabo los procesos de licenciamiento ambiental.


Cabe resaltar que algunos de estos proyectos han sido una segunda revictimización para algunas personas. Este territorio sufrió los embates del conflicto armado y en los últimos años con los nuevos proyectos hidroeléctricos ha afectado el intento de muchos campesinos por intentar restablecer sus modos de vida en su territorio, tal como se evidencia en este artículo.

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Ya casi vamos llegando a Cocorná, Jaime Montoya me cuenta que ellos sienten el río como si fuera parte de su familia, como algo propio que les corre por las venas. “La gente que no está en el territorio no entiende eso, ellos creen que el río es algo muerto que está ahí y que no es sino venir y apoderarse de él”.


Según Jaime las empresas y las personas que vienen a construir hidroeléctricas no entienden que la tierra no es de nosotros “sino que nosotros somos de la tierra y como somos de ella la sentimos viva”. Para él sin electricidad se puede vivir como hacían los abuelos, con leña o con lámparas rudimentarias, pero sin el agua “no nos defendemos nunca”.


Para este hombre sonriente, que cree en la metafísica y en la risa de sus amigos del pueblo, la transición energética se tiene que hacer de la mano con la comunidad, sin dejar de lado los saberes ancestrales, opacados por la educación actual.


En este punto hay algo muy importante y es que las discusiones políticas actuales sobre la transición energética se manejan desde un punto de vista técnico. Si bien se están escuchando a las comunidades, por medio de acciones como la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía del actual Gobierno, aún quedan varios puntos por resolver.


Por un lado están las discrepancias de los campesinos con los proyectos, esto significa considerar el respeto a la voluntad de las personas que viven en los territorios al no querer hacer estos proyectos. Igualmente la necesidad de crear espacios de discusión más rigurosos, claros y amplios, en los que se recojan todas las propuestas. No se puede imponer una visión unívoca de cómo hacer las cosas, ni creer que las compensaciones son suficientes para reparar un determinado daño ambiental o social.


Por otro lado también está el hecho de que los mismos movimientos sociales tienen que ser más técnicos y propositivos, no se pueden quedar en la mera crítica. Como menciona Juan David Arias “algunas veces hay poco conocimiento técnico de alguna cosa en los movimientos de cómo hacer algo”. Si bien la crítica política es fértil y enriquecedora y contribuye a la democracia, debe haber un segundo momento de “cómo vamos a hacer entonces y eso necesita saber si se hace de manera autónoma, sin el Estado, pero como se habla de la discusión con el Estado hay que entrar en los mecanismos del Estado, hacer un plan energético a 30, 40, 50 años, con criterio técnico, y esa es la única manera”, concluye.


La transición energética es uno de los caballos de batalla del plan de gobierno de Gustavo Petro. Debemos preguntarnos qué es en realidad una transición energética justa y cómo hacer para que no sea un simple concepto vacío que en teoría incluye todas las voces y demandas, pero que al final corra el riesgo de seguir replicando el modelo extractivista. También es incierto cómo hacer para que el sistema eléctrico nacional no dependa del agua, cuando más del 60% de energía se obtiene a partir de este bien común.




 

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