Por: Diego Alejandro Restrepo, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares
Marx decía, expandiendo las palabras de Hegel, que los grandes personajes y hechos ocurrían dos veces en la historia, una vez como tragedia y la segunda como farsa o caricatura. Para el caso colombiano podríamos afirmar que la historia se repite, la primera como tragedia del gobierno de Álvaro Uribe y la segunda como tragicomedia protagonizada por el joven-viejo de mejillas sonrojadas y actual presidente de Colombia, Iván Duque.
Apoyada por lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y por el fracaso de los diálogos entre el ‘bobierno’ de Pastrana y las FARC, la primera tragedia del siglo XXI se desenvolvió sobre la base del discurso antiterrorista y la lucha paradójicamente frontal contra las drogas (los dos jefes de seguridad de Uribe están en la cárcel por narcotráfico y apoyo a grupos paramilitares). De este modo, el expresidente dio inicio a una estrategia de seguridad que, de manera temprana, ubicó a la población civil como objeto de la guerra. Así lo expresa el reciente fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el atentado al Club el Nogal debido a la exposición de población civil generada por las reuniones frecuentes de altos funcionarios del gobierno, entre ellos, la Ministra de Defensa de ese entonces Marta Lucía Ramírez, actual Vicepresidenta del país, con fines institucionales.
La concepción represiva y punitiva de la seguridad nacional derivó en una serie de estigmatizaciones a movimientos y organizaciones de la sociedad civil y en violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Así lo demuestran más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, la criminalización de campesinos cocaleros y, como consecuencia de la aspersión aérea con glifosato, el desplazamiento de cultivos de coca hacia zonas rurales de otros departamentos y municipios, como es el caso de Tumaco.
Sumado a lo anterior, el fortalecimiento del aparato militar sin fortalecimiento institucional integral derivó en extralimitaciones y violaciones al DIH por parte, especialmente, del Ejército, como lo fue la utilización de chalecos e insignias de la Cruz Roja Internacional en el marco de la operación militar ‘Jaque’ para la liberación de Ingrid Betancourt y otras personas secuestradas por las FARC. Esta vez, se puso en riesgo el importante trabajo humanitario en el marco del Conflicto Armado minando la confianza en la imparcialidad en la labor de la Cruz Roja.
Actualmente, el presidente Duque se ha lanzado a la repetición de ese pasado mítico con la jovialidad que le caracteriza. Sus propuestas en materia de seguridad son una expresión nostálgica de la visión de su jefe político. Por ejemplo, propone “restaurar el honor y la moral militar” a través de autonomía de la Justicia Penal Militar, capacitación en Derechos Humanos y el mejoramiento de las condiciones de los veteranos. De este modo, supone nuestro presidente que hubo una pérdida de la “moral” y el “honor” militar durante el gobierno de Santos debido al apoyo al proceso de paz por parte de algunos miembros de la cúpula de esta institución, desconociendo que, si en algún momento podemos hablar de algo similar, fue en marco de los asesinatos a miles de jóvenes no combatientes por parte de las fuerzas militares.
Adicionalmente, el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar para revestir a la institución de autonomía judicial va, claramente, en detrimento de la posibilidad de que los militares que cometieron crímenes y trabajaron de manera conjunta con los paramilitares sean juzgados por la Justicia Especial para la Paz-JEP. Es decir, busca eludir las responsabilidades de esta institución como parte fundamental en el recrudecimiento de la guerra.
Esta reforma a la justicia también propone “integrar y reordenar los aparatos de inteligencia sobre la base de la cooperación ciudadana”, lo cual quiere decir, en otras palabras, revivir las redes de apoyo para inteligencia tal y como lo desarrolló Uribe, exponiendo a la ciudadanía a grandes riesgos por parte de el accionar de los grupos armados ilegales y también señalándolos como colaboradores del “terrorismo”.
Ahora, dada la dificultad del mantenimiento de una ideología contrainsurgente, pues esta no es la misma Colombia de los años de Uribe, el Gobierno busca criminalizar la protesta social a través de la invención de vínculos con la ilegalidad, tal y como lo ha hecho el actual Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien afirmó en una conferencia en Cartagena que los Grupos Armados Organizados financiaban, con dineros del narcotráfico, la protesta social: “Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre hay mafias de verdad”. Afirmaciones que ponen en riesgo de manera inmediata la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, en lugar de buscar estrategias para protegerles.
En resumen, Duque constituye una caricatura de Uribe, una versión más “entretenida” y adaptada a épocas de espectáculo. Sin embargo, como expresé en el principio, también es una tragedia, especialmente para las víctimas del conflicto armado, pues para esta facción ideológica, ni siquiera existió el conflicto armado interno. La criminalización de la protesta social, el otorgamiento desmesurado de facultades a instituciones policivas y militares, la aspersión aérea y el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales ha regresado, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia y la segunda, como tragicomedia.