Por: Naryi Vargas, Investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
El Acuerdo firmado en La Habana, particularmente en lo que respecta al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), uno de los tres ámbitos contemplados para atacar el problema del narcotráfico, que, si bien fue pactado con la exguerrilla de las FARC, el incumplimiento no es sólo con ellos, son más de 127.405 familias con las que se han suscrito acuerdos regionales y se han comprometido los beneficios del PNIS.
La preocupación por la incapacidad del Estado para cumplir lo planteado en el programa no debe ser menor, pues esto podría ser leído como un fracaso más de la estrategia de sustitución voluntaria, en contraste con los resultados demostrados por la erradicación forzosa, argumento que sin duda sería aprovechado por sectores políticos de la que esperan volver a la vieja lucha antinarcóticos basada en políticas militaristas y prohibicionistas, que trajeron consecuencias nefastas para el campo. Sin duda, la administración Trump ya ha acogido premisas de este tipo, así como el partido Centro Democrático, cuyo candidato presidencial, Iván Duque, apunta a un gran retroceso: fumigaciones, erradicación forzosa, militarización, judicialización de campesinos cultivadores, penalización de la dosis mínima, etc.
Por supuesto, ésta no es la primera vez que en el país se intenta implementar política pública para la sustitución de cultivos, desde 1985 el Estado invierte en programas de este tipo. El PLANTE en 1995, otra serie de programas en el marco del Plan Colombia y Plan Consolidación, dejaron muchas lecciones, no tanto sobre aciertos logrados, sino especialmente respecto a errores que se esperaba no se volvieran a cometer.
El primero está asociado a lo anterior: la perspectiva bajo la cual se entiende y se busca resolver el asunto de los cultivos. Plan Colombia y Plan Consolidación asumieron que era un asunto dependiente de la situación de seguridad territorial, asociado especialmente a la presencia guerrillera.
El PNIS y el PLANTE fueron diseñados con otra óptica, entendiendo la complejidad del fenómeno y asociándolo a causas multidimensionales, asociado a históricas condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, la dinámica de los mercados ilegales locales, entre otros. No obstante, se está llevando a cabo de manera simultánea y descoordinada la erradicación forzosa. Esto no sólo genera situaciones de conflictividad y confrontación entre campesinos y fuerza pública, también le resta credibilidad al Gobierno. Los atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública, desincentiva a las comunidades a apoyar esa iniciativa.
No es solo un asunto de voluntad política, es necesaria la capacidad institucional, administrativa y presupuestal. En esta materia el reto no es menor.
Para que el asunto funcione, está claro que el programa debe tener unos resultados en el corto, mediano y largo plazo, y resolver problemáticas en el nivel individual, comunitario y territorial, y efectivamente el PNIS se diseñó con esa integralidad. Primero, se contempló un Plan de Atención para resolver en el nivel familiar y al corto plazo la manutención de las personas, que consiste en el pago de un millón de pesos al mes durante un año a cada núcleo familiar de cultivadores a partir de la inscripción en el PNIS. Simultáneo a esto, se contempla la asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria, de tal manera que cuando termine el año de los pagos, las familias tengan un proyecto productivo que les permita el auto sostenimiento. Para el mediano plazo se contempló que cada familia recibirá 9 millones de pesos para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido, diseñados a partir de estudios y asistencia técnica. Además se incluyó un Plan de Atención Inmediata comunitario para atender de manera prioritaria a población vulnerable como niñez y tercera edad; y otros programas como mecanismos para facilitar el acceso a oportunidades laborales y generación de ingresos y brigadas de salud. Finalmente, se tiene una visión más estructural que incluye la construcción de obras de infraestructura rápida para conectividad y otras urgencias, así como planes de formalización de propiedad, esto además de lo que se formule en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Pero de las 127.405 familias con las que se han suscrito acuerdos regionales, sólo se han logrado inscribir al programa cera de 57.000, menos de la mitad, todo esto a un año de haberse firmado con las comunidades los acuerdos regionales. El Gobierno se tarda entre 6 y 9 meses en inscribir a las familias al programa. Este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado, pues resulta inexplicable la demora.
A esto se suma que los recolectores, es decir, los raspachines, no han recibido pagos aunque han intentado vincularse al programa, además, tampoco tienen trabajo pues en las veredas están arrancando la mata.
Por otro lado, se supone que esas familias inscritas ya tienen el derecho de acceder a los beneficios del PNIS, pero ello implica algunos prerrequisitos, como por ejemplo la bancarización de campesinos. A finales de enero, se informó que se comenzó la bancarización de 21.000 campesinos, menos de la mitad de los que están inscritos. Al no estar bancarizados, la entrega de los apoyos económicos se ha convertido en un trámite demasiado engorroso: un funcionario del PNIS se desplaza al municipio, cualquiera, en todo caso en ninguno hay oficina, y cita a los cultivadores para que vayan a recoger su bono, que en muchos casos no es entregado, porque el funcionario no tiene el nombre o el número de cédula registrado de manera correcta. Además, esta dinámica ha permitido que los cultivadores sean víctimas de robos, pues de regreso a su vereda, algunos grupos delincuenciales esperan en la vía para quitarles el dinero.
Este es el drama para quienes pudieron lograr acuerdos colectivos. Existe un problema mayor en la sustitución de cultivos en resguardos indígenas, parques nacionales y consejos comunitarios. En 2016 representaban cerca del 32% del total de los cultivos en Colombia, allí no se puede vincular a cultivadores al programa porque cuando el campesino no es dueño de las tierras, o está en conflicto con ocupantes o con terceros que afirman ser propietarios, incluso cuando está en zonas de manejo especial, es imposible vincularlo al PNIS, pues éste implica que se le reconozca la permanencia en la zona habitada. Hasta el momento no se tiene una solución a corto plazo para ese cuello de botella.
El reciente proyecto de ley sobre tratamiento penal diferencial profundiza las dificultades, pues cambia una de las reglas básicas del programa y es la definición sobre lo que es un pequeño cultivador, entre otras cosas.
Es entendible que el gobierno sienta que se le acaba la gasolina, pero lo inexplicable es que su falta de operatividad justifique un discurso que seguro desembocará en la presidencia del candidato que hará trizas 6 años de proceso paz.