Por: Alejandro Jiménez, Investigador-Pares
El fin de la guerra entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las FARC prometía ser un escenario de reducción de las violaciones a los Derechos Humanos a nivel nacional; efectivamente la disminución de los secuestros, homicidios, afectaciones por MAP/MUSE ha sido notoria, pero se han visibilizado fenómenos que siguen poniendo en riesgo la paz y la convivencia en los municipios de todo el territorio nacional: la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
El ejercicio realizado por la Fundación Paz & Reconciliación-Pares desde su Observatorio de Violencia Política (OVP), al igual que el de otras organizaciones, es el de contextualizar y develar las posibles causas que motivaron la comisión de crímenes contra líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, reivindicando la urgencia por garantías del ejercicio de derechos de la ciudadanía colombiana, sobre todo en áreas que han vivido afrentadas por el rigor del conflicto armado interno. A su vez, es una exigencia manifiesta al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones de perseguir, investigar y castigar a los responsables de estos crímenes.
El actual Gobierno y la Fiscalía General de la Nación están empecinados en negar la sistematicidad de las agresiones contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos aduciendo, sin embargo, avances en la puesta en marcha de algunas acciones institucionales y en las investigaciones de estos crímenes. No ha sido suficiente, la prueba más clara fueron las ocho vidas segadas bajo el fuego de quienes se oponen a: los reclamos de víctimas como la restitución de tierras, la verdad y la reparación; la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y a la resistencia comunitaria ante economías ilegales; la participación política de sectores alternativos; y, en gran parte, al reclamo de derechos colectivos, territoriales y culturales de pueblos étnicos.
¿Qué pasa con las acciones del actual Gobierno? Decretos como el 2124 y el 2252 del 2017 han quedado en letra muerta; estos implementan, por un lado, la reglamentación del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante riesgos y amenazas derivadas de la presencia, acción y actividades de organizaciones criminales, y, por otra parte, se establecen responsabilidades en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos, de parte de gobernaciones y alcaldías con apoyo del Gobierno Nacional. Del mismo modo, desde abril de este año se enunció la implementación de un plan de protección colectiva para líderes sociales, cuya fase de pilotaje territorial apenas está por iniciar en Tumaco, Guapi, San José de Ureña y El Tarra, tal como lo destacó ayer el Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Mientras tanto la estela de sangre parece incontenible.
De otro lado, aún no es posible reconocer medidas de sanción que se hayan ejecutado contra autoridades gubernamentales ni a funcionarios públicos, como se estipuló en la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación desde junio del año pasado para la “protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen efectivamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
¿Estaremos asistiendo como nación a una banalización de los asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos? Nuevamente el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en unas declaraciones públicas se refirió a estos crímenes; en esta ocasión, de manera irresponsable y sin pruebas contundentes pareció justificar el asesinato de Ana María Cortés al señalarla como presunta colaboradora de un grupo armado en la región de Antioquia. Una clara revictimización de esta lideresa del municipio de Cáceres.
De otro lado, la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático ha manifestado que estos homicidios tienen que ver por el aumento de actividades ligadas al narcotráfico, desconociendo que en algunos casos de esta violencia selectiva se debe a que líderes comunales vienen impulsando los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito derivados del Acuerdo de paz de La Habana, mientras desde la campaña del ahora presidente electo, Iván Duque, y de su plan de gobierno se ha establecido la ‘imperiosa necesidad’ de la erradicación forzosa.
Este crítico panorama de victimización de líderes sociales se presenta en un periodo de transición de Gobierno, ad-portas del retorno del uribismo quienes han estigmatizado a defensores de Derechos Humanos y sectores políticos alternativos, y ante el cierne de un torpedeado proceso de implementación de Acuerdos de paz.
Si bien la falta de medidas coordinadas de acción institucional para garantizar las labores de los líderes sociales en los municipios y, ante todo, su vida, junto con la banalización discursiva de políticos y funcionarios de alto nivel nos haría caer en un continuum de violencia donde se sigue revictimizando a los líderes sociales.