Por: María Victoria Ramírez
El ministro de educación Alejandro Gaviria, en sesión de la Comisión VI de la Cámara de Representantes el día 30 de agosto de 2022, realizó una disertación en la que hizo explícita la voluntad de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para acometer las reformas que el sector educativo requiere, y señaló tres grandes temas: las prioridades generales del Gobierno en materia educativa, las prioridades legislativas y un balance de los temas presupuestales para 2023.
Manifestó el ministro que el sector educación es prioridad para el Gobierno y que el presidente Petro, en la primera conversación, una vez fue elegido como presidente y designado Gaviria como ministro, le expresó: “por esto, por los avances en la educación, nos van a recordar”.
Prioridades Generales
La primera prioridad es la disminución de las brechas educativas que crecieron ostensiblemente en la pandemia del Covid-19, que requieren un enfoque territorial y que, en opinión del ministro, la sociedad colombiana en general ha sido indiferente frente a esta problemática.
La segunda prioridad tiene que ver con temas de infraestructura, en los que el presidente ha hecho énfasis, pero proponiendo un cambio de lenguaje y en lugar de hablar de educación de calidad, hablar de calidad de la educación, lo que implica tener en cuenta el bienestar de los estudiantes, de los maestros y maestras, la formación, educación y capacitación de los docentes y los planes de educación propia y etnoeducación.
La tercera prioridad tiene que ver con la educación superior, sobre la que se debe dar continuidad a las políticas de gratuidad. El Gobierno tiene una meta que se va a discutir en distinto ámbitos y es aumentar a 500.000 los nuevos jóvenes que ingresan a la educación superior en el cuatrienio. Además, se tiene una reforma legal al Icetex en ciernes.
Prioridades legislativas
El ministro de educación aseguró que desde el empalme fue evidente que en el financiamiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural, conocido plenamente al interior del sector educativo, que se ha diagnosticado una y otra vez, pero que ni el Congreso de la República ni las autoridades fiscales entienden plenamente. Es decir, el déficit del Sistema General de Participaciones. El tamaño de la bolsa del Sistema General de Participaciones, que es aproximadamente de 28 billones de pesos, no alcanza ni viene alcanzando a lo largo de los últimos años y lo que ha hecho el Estado de manera sistemática es recurrir a formas oportunistas y coyunturales para llenar ese hueco. Lo hizo por muchos años recurriendo a los ahorros que se tenían en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FOPET), en el que existía la idea, quizás cierta, de que había una sobre reserva (exceso de ahorros) y se tomaba el dinero de ese fondo para cubrir el déficit que, en cifras gruesas, asciende a 2 billones de pesos.
La lista de las aspiraciones del sector educativo contiene, por ejemplo, la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional registrados en el Sistema de Matrícula (SIMAT) como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones; tener una fuente cierta para los temas de transporte escolar; avanzar en la jornada única; y avanzar en los temas pendientes sobre aspiraciones del magisterio colombiano.
Nada de lo anterior puede hacerse si no hay una reforma estructural al Sistema General de Participaciones. La forma como funciona hoy el Ministerio de Educación es recurrir a parches, soluciones coyunturales para resolver un problema estructural. Para finalizar este año 2022 habrá que hacer el siguiente movimiento: no realizar las contribuciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y dejar eso como una deuda acumulada para poder pagar la nómina. El Congreso actual tendrá que enfrentar este problema y enfrentarlo como sociedad, el tamaño de la bolsa deberá ser coherente con la planeación fiscal de mediano plazo en el país, o sea, definir el marco fiscal de mediano plazo para el sector educativo.
Durante el semestre actual se realizará una mesa en la que tienen que estar, de acuerdo con la ley, el Ministerio de Hacienda, el DNP, Fecode, la sociedad civil y el Congreso, para empezar a discutir la reforma al Sistema Nacional de Participaciones, sin la cual será muy difícil garantizar la paz en el sector, porque de lo contrario se presentarán una serie de problemas coyunturales aquí y allá.
La otra reforma es la de la Ley 30 de 1992, en la que también hay un problema de déficit. Existen iniciativas de reforma parcial a los artículos 86 y 87 que definen la bolsa de recursos. El Gobierno propone una reforma más completa que trascienda estos dos artículos, pues algunos de esos artículos contienen una concepción obsoleta de educación que no es la que el país está demandando, que no es la que el gobierne quiere y que no es la que se adapta a estos nuevos tiempos.
Para citar como ejemplo, el Artículo 5 de esa ley consagra: “la Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”. Este artículo está muy lejos de la concepción de la educación superior como derecho que es la que la sociedad demanda y la que el país quiere. El gobierno preparará una propuesta de reforma que recoja algunos de los aspectos que ya han sido presentados al Congreso, pero que amplíe el alcance de esa reforma.
Con esas dos reformas, el Ministerio tendrá las manos llenas, porque esas son las dos leyes o reglas de juego que definen la bolsa de la educación en las dos partes fundamentales del Ministerio: la Educación Preescolar Básica y Media, y la Educación Superior.
La definición de los temas financieros debe acompañarse de una conversación en la sociedad no solo sobre mayores recursos para el aumento de la cobertura, sino también de la garantía de la educación de calidad. Que esto lleve a mayor bienestar, que las escuelas, colegios y universidades se conviertan, como lo ha dicho el Presidente, en centros comunitarios, en centros de reconciliación, en los epicentros de la sociedad del conocimiento y en los factores de desarrollo de sus regiones. No se trata de transferir recursos para seguir haciendo lo mismo. Las universidades tienen que conectarse más, el sistema universitario estatal debe funcionar efectivamente como un sistema, la movilidad académica entre universidades es muy baja. Las universidades tienen que ser las claves de la trasformación productiva y la transición energética, tienen que generar conocimiento para que eso pase. Las universidades no pueden estar ensimismadas, no pueden responder solo a sus prerrogativas que son a veces muy estrechas.
Otra reforma que propondrá este gobierno es la reforma integral al Icetex, el ministro señala que hay que hacerlo con responsabilidad. Colombia tiene un sistema de educación superior mixto y seguirá siendo mixto, y se requiere que el Icetex responda a las demandas sociales de la población, que responda a los deseos y prerrogativas de los jóvenes, pero que también permita el funcionamiento adecuado del Sistema de Educación Superior.
Presupuesto 2023
Durante el empalme se hizo una revisión integral de lo que dejó el Gobierno anterior. El margen de flexibilidad en el primer año es limitado. El 20 de junio el presidente electo manifestó a los mandatarios locales que miraran lotes para construir infraestructura en todos los niveles educativos. Eso fue una muestra muy clara de dónde está la prioridad. Lo destinado a infraestructura está dado por la Ley 21 y ascienda a 340.000.000 millones de pesos. Estos recursos ya estaban comprometidos para ser aplicados a proyectos al momento del empalme.
El ministro está pidiendo una adición presupuestal de 1 billón de pesos para vigencia 2022. Esta cifra viene de los datos de la última convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para temas de infraestructura, en la que recibió 14.000 proyectos. De estos son viables aproximadamente 8.000, que cuestan 2 billones de pesos, y la Nación podría financiar el 50%.
En un mundo ideal, para avanzar decididamente en infraestructura educativa en Colombia, según expertos consultados por el ministro Gaviria, se requerirían de 2 a 3 billones de pesos cada año, durante los próximos 20 años. Es decir que 1 billón de pesos no resolverá todos los problemas, pero se podrá avanzar. Los procesos de formación de los docentes y su dignificación también es una prioridad. Para ello, el ministro está solicitando recursos para trayectorias por 100.000 millones de pesos.
La reforma a la Ley 30 cambiará de forma estructural la bolsa de recursos a las universidades públicas, pero esto no aplicará para la vigencia 2023. El Gobierno anterior logró aumentos de los recursos que se transfieren a las universidades públicas por encima del IPC, que es lo que contempla el artículo 86 de la Ley 30; así, 3%, 3%, 5%, 4% y 4,65% en los cuatro años de Duque. El gobierno Petro solicita al Congreso que se aumente al 5% del IPC para 2023, que equivale a 217.000 millones de pesos adicionales para los temas de gratuidad en la educación, sin embargo, la educación superior requiere actualmente 140.000 millones para la condonación de deudas del Icetex de al menos el 25%; para cumplir las promesas de subsidio de tasas de interés de deudas al Icetex serían otros 176.000 millones; y para inversión en las universidades públicas son 300.000 millones adicionales; lo que demuestra un claro déficit a pesar incluso del aumento del 5% del IPC que demanda el Gobierno.
En síntesis: para infraestructura, formación de docentes y trayectorias y para universidades públicas, incluyendo gratuidad e ICETEX, se pide un presupuesto adicional para educación de 2 billones de pesos para 2023, que es el anticipo de las reformas estructurales que se avecinan para que el sector educativo sea prioritario y esté a la vanguardia de los cambios sociales y la transformación que el país requiere para convertirse en una sociedad más justa.
Creo que Petro ha entendido muy bien y por ello en sus intervenciones en distintos escenarios está animando al fortalecimiento de las organizaciones, pues para materializar las reformas que se requieren en Colombia no bastará la voluntad política del Gobierno; la sociedad en su conjunto y especialmente aquellos históricamente excluidos deberán estar vigilantes para respaldar y presionar.
En mi opinión, la hoja de ruta del gobierno en materia de educación es clara, está madrugándole a los temas prioritarios, considero que Alejandro Gaviria tiene la experiencia, conoce el sector educativo, al menos en lo que tiene que ver con la Educación Superior, es un hombre con las cifras claras, que entiende la tarea que le ha encomendado la sociedad colombiana a través del voto a Petro y es la de que las leyes deben ponerse a tono con las aspiraciones de los y las jóvenes colombianos para garantizar la educación como derecho fundamental. Para lograrlo, puesto que posiblemente habrá obstáculos dentro del Congreso y en otras instancias, deberá promover un debate abierto, público, directo, como es su estilo. Los medios de comunicación tradicionales, pero especialmente las redes sociales, jugarán un papel muy importante, no solo para mantener informada a la población en general, sino como mecanismo de presión para poner en evidencia a aquellas fuerzas que se siguen resistiendo al cambio que se está produciendo en el país y del cual fueron artífices los y las jóvenes, en su mayoría sin acceso a las oportunidades que las reformas propuestas por este gobierno les garantizarían.