Por: Laura Cano
Periodista Pares
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió una investigación disciplinaria en contra de Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien fue relacionado con contratos en los que habría sido beneficiaria Karen Vaquiro, su esposa.
El órgano de control adelantará el proceso contra Mayorquín por posible tráfico de influencias y otras conductas. Además, también se busca establecer si el implicado "habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales".
Asimismo, se aclaró que Vaquiro no será investigada por la Procuraduría "al no ser sujeto disciplinable; como lo señala el Articulo 25 de la Ley 734 de 2002, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código” (...) Sin embargo, si en el transcurso de la investigación que le ocupa a la Procuraduría se evidencia que asumió funciones públicas, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación.
Karen Vaquiro y Andrés Mayorquín: en medio del primer escándalo de 2022
El pasado 11 de enero, el medio de comunicación Blu Radio reveló uno de los primeros escándalos del año. Se trató de unos millonarios contratos de los que se había beneficiado Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, quien era asesor en la Consejería para Asuntos Políticos de la Presidencia de la República.
Se informa en el medio de comunicación que: "Mayorquín está casado con Karen Liseth Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda en el 2017 y quien se convirtió desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratista de más de quince entidades del Estado".
En total se habla de cerca de 24 contratos que habría firmado Vaquiro, por un total de 1,245 millones de pesos. Entre las entidades con las que Vaquiro habría tenido relación contractual están: el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
Justamente, en relación con estas últimas dos entidades, Caracol Radio encontró que Vaquiro firmó el contrato con la Gobernación de Cundinamarca por un total de 62 millones 383 mil pesos, bajo el objeto de "prestar servicios profesionales especializados, para el análisis y estudio de proyectos de ley que cursen en Congreso de la República". No obstante, el medio halló, en medio de otras irregularidades, que revisando "los informes de gestión que entregó la contratista para poder cobrar por el trabajo realizado. En esos documentos se evidencia que las funciones que dijo haber cumplido coinciden con lo que escribió en otro de los 24 contratos que obtuvo 2021". El informe, que habría sido copiado para pasar el de la Gobernación, era el que habría presentado en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá.
A esto se suma que, por un lado, Andrés Mayorquín dejó su cargo el 11 de enero del presente año. Además, junto con su esposa defendieron su inocencia, e incluso Vaquiro afirmó que esta situación se había dado debido a su desconocimiento "de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público", aseveró en Blu Radio.
Ahora, falta ver cuál será el rumbo que tome la investigación que adelantará la Procuraduría contra Andrés Mayorquín, y si en medio de ese proceso se abre alguna acción contra Karen Vaquiro.