La persecución a Gustavo Petro

Por: Walter Aldana. Columnista Pares.


Es cierto que a los funcionarios públicos les está prohibido aportar recursos económicos a las campañas políticas según la ley 734 de 2002, lo que no tengo claro es cuántos del 1’173.000 que existen en nuestro país lo saben.


Es por ello que llama la atención la inexistencia de “proporcionalidad” con la que actuó el magistrado Renato Contreras del Consejo Nacional Electoral; iniciar proceso, enviar copias a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, porque en su revisión a las cuentas de la gesta presidencial del 2018, presentadas por la campaña de Gustavo Petro identificó la donación de $ 360.000 pesos, efectuada por unos profesores en el Caribe colombiano.

La campaña no actuó de mala fe, pudo no haberlo reportado (práctica perversa y dañina para la democracia) sin embargo lo hizo, y las tres personas que hicieron su donación, nunca creyeron estar haciendo algo ilegal, ni afectaron el patrimonio de lo público.


Llama la atención la “celeridad” con la que después de investigar a partir de una denuncia “anónima”, de un supuesto apoyo de la empresa colombo venezolana Monomeros S. A. a la