Por: Redacción Pares
Fotos tomadas de: Blu Radio y Semana
Las cosas empezaron a ponerse color de hormiga para el canciller el pasado 13 de diciembre. Ese día recibió a unos periodistas de Semana, quienes lo iban a entrevistar para saber su posición sobre el lío jurídico que tiene con la firma Thomas Greg and Sons por la licitación de los pasaportes. En medio de la entrevista apareció su abogado, Germán Calderón España. Pacientemente esperó a que su apoderado terminara de atender a los periodistas. Le iba a informar que había cambiado de parecer, que su sugerencia era intentar conciliar con la compañía. Leyva se mantuvo en su posición y Calderón España terminó renunciando. Era el segundo funcionario que, al recomendar la conciliación con la empresa, perdía su cabeza. La primera había sido Martha Lucía Zamora, ex directora de la agencia de defensa jurídica del Estado.
En esa entrevista, Leyva dejó en claro que no iba a dar el brazo a torcer. Seguiría en su decisión de romper los monopolios con la información de los colombianos, al menos desde la cancillería. Sin quebrársele la voz afirmó “Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso”.
Casi un mes después dimensionó los problemas que le traería su firmeza. El 24 de enero del 2024 la Procuraduría le formuló pliego de cargos y suspendió por tres meses al canciller. Era la consecuencia de declarar desierta la licitación de pasaportes. Expertos afirman ante esto que la pelea tiene un argumento fuerte y justo. Desde 1960, cuando Gregorio Bautista consiguió la licencia de Thomas Greg, la empresa inglesa ha mantenido el monopolio de la impresión de papel en el país, y hoy no existe otra empresa que pueda competir con los requisitos de la licitación. Esto no solamente se da porque sean los que tengan las mejores imprentas o los insumos más baratos, sino porque han sido los únicos capaces de cumplir con los requisitos que ponen los abogados del Estado. Empresas como los alemanes de Veridos, o los franceses de In Grupe, denunciaron que los requerimientos solicitados para quedarse con un contrato de 500 mil millones de pesos, sólo los podía cumplir la compañía TGS.
En el caso de los pasaportes Thomas Greg and son tiene el monopolio de los pasaportes desde hace 25 años.
Si la cancillería hubiera conciliado, la empresa se adjudicaría automáticamente el contrato por dos años más y no se generaría ninguna indemnización contra el Estado. La demanda está en 117.000 millones de pesos. Pero las razones por las que Leyva no concilia tienen que ver con su decisión para romper un monopolio. Los contratos de Thomas Greg and son con el Estado colombiano son repetitivos. Basta ver los nombres de los miembros que han pasado por su junta directiva para determinar su poder: ex presidentes como Juan Manuel Santos -quien renunció en el 2006 para aceptarle al presidente Alvaro Uribe el ministerio de defensa-, Andrés Pastrana y ex ministras como Noemí Sanín. La lista es larga.
Para Alejandro Alvarado, el director de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación: “En su junta directiva siempre han estado poderosos, este nivel de cabildeo, y esta práctica de nombrar a altos funcionarios en sus juntas directivas les permite a estas empresas ganar influencia y una posición ventajosa en relación al acceso a la información en sus negociaciones con el Estado. Con la llegada de Santos a la presidencia el crecimiento de esta empresa, desbancando a empresas colombianas como Carvajal y Sistemas y Computadores, que eran entidades que le vendían papelería, soportes documentales al Estado, salieron de competencia y estos señores llegaron a monopolizarlo. Esta es una situación que viene desde el 2006 pero que hasta ahora estalló”.
En abril del 2016, mientras era senadora, Claudia López reveló, en una denuncia contra el modelo de negociación de la Registraduría, un supuesto favorecimiento del entonces presidente Santos a Thomas Greg and Sons. López mostró que entre los años 2014 y 2015, cuando Santos arrancaba su segundo periodo, el 86% de la contratación en la Registraduría fue para TG&S. Unos 690 mil millones de pesos. La senadora fue contundente.
Los dueños de la firma en Colombia son la familia Bautista. Según el portal Infobae, el distinguido apellido tendría un oscuro pasado judicial. Los tres hijos de Don Gregorio, quienes la heredaron, son Felipe, Camilo y Fernando Bautista. Estos dos últimos habrían tenido un pasado complicado: “Fernando y Camilo son exconvictos de la justicia de Estados Unidos, pues en los años 80 pagaron cárcel al confesar haber defraudado a 25 bancos de ese país con embarques falsos de café colombiano. Además, Camilo y su socio Alberto Duque Rodríguez presentaron balances falsos para obtener un crédito por 22 millones de dólares del Arab Banking Corporation, con sede en Baréin. Por todo ello, Camilo fue condenado a nueve años de cárcel, pero pagó menos de tres; fue liberado de una penitenciaría federal el 23 de enero de 1989”.
Los contratos con la Registraduría vienen desde la época del final del segundo mandato de Álvaro Uribe. En el 2010 ya manejaban el 90% del proceso electoral colombiano. El contrato era de 88 mil millones de pesos.
El negocio de los pasaportes es apenas la punta del Iceberg para una firma que maneja hasta la inscripción de cédulas en las votaciones y el kit escolar completo, incluido el software que determina la organización tecnológica de los votantes.
Leyva no se movió de su posición y se convirtió en el primer canciller en la historia de este país por fallas administrativas. El presidente cerró filas apoyándolo. Está de acuerdo con la decisión de su canciller. Álvaro Leyva se expone incluso a un juicio disciplinario y a una inhabilidad de 15 años. Desconoció todas las recomendaciones de los comités que habían creado para el diseño de la adjudicación. Ahora tendrá que ponerle el pecho al huracán. A sus 81 años está dispuesto a otro baño de adrenalina.