Por: Luis Eduardo Celis
El nuevo gobierno tiene el mandato de lograr una Colombia en paz, culminar una tarea que nos ha llevado más de tres décadas, desde cuando el Movimiento 19 de abril, M-19, del cual proviene el presidente electo para el cuatrienio 2022-2026, firmó el primer acuerdo contemporáneo de paz, una paz política que fue seguida en 1991 por el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y el PRT, en el marco del proceso constituyente de 1991, para luego culminar con la incorporación a la competencia política de la Corriente de Renovación Socialista, la CRS, en abril de 1994. Estos fueron los cinco acuerdos políticos que constituyeron la paz política de los años noventa, un acumulado importante que sienta las bases para trabajar por una Colombia en paz.
La dura realidad es tozuda: la década de los noventa fue la de arrancar la paz política y es igualmente la década más intensa de nuestro viejo conflicto armado, en esa época fue en la que creció de manera importante la presencia territorial de las FARC y el ELN, y en la que surgió la expansión paramilitar de la mano de las dinámicas del narcotráfico, que fueron las AUC. Todo ello produjo las cifras más altas de victimización, al menos así lo dicen los reportes del Centro Nacional de Memoria y el reciente informe de la Comisión de la Verdad, y en esa lucha por llevar adelante sus proyectos insurgentes y contrainsurgentes, cobró mayor relevancia el control y disputa de los territorios.
Para los años noventa había presencia de actores armados irregulares en la mitad de los municipios del país y se abrieron duras guerras regionales en el marco de los proyectos de poder agenciados por las FARC, el ELN y la consabida respuesta de la Fuerza Pública en abierta acción coordinada con los paramilitares. De estas guerras regionales salieron el despojo de tierras, las enormes victimizaciones ya enunciadas, las mayores cifras del desplazamiento forzado, miles y miles de víctimas, millones, sin exagerar, al destierro en su propio país y muchos fuera de las fronteras, en aquél momento quedó claro que el principal problema a resolver en la sociedad colombiana es este enorme conflicto armado.
El territorio ha sido el epicentro de todo: allí creció el conflicto desde los años cuarenta y allí se mantiene hasta el día de hoy. Hay territorios que fueron pacificados y hay órdenes autoritarios, puede ser el caso del Urabá Antioqueño y Chocoano, así como han habido territorios donde se han habido verdaderos cambios en un sentido democrático, puede ser el caso de la provincia Comunera en Santander, que con el liderazgo de la Iglesia Católica y una sociedad emprendedora y trabajadora, han logrado construir un territorio con importantes indicadores de democracia y derechos.
Hoy tenemos una territorialidad de cerca de doscientos cincuenta municipios donde no impera la Constitución del 91, allí hay autoritarismos promovidos por el ELN, el archipiélago de lo que fueron las FARC, el impresionante Clan del Golfo, que puede ser una red criminal con presencia en doscientos municipios, y otro conjunto de bandas y bandolas que trabajan para el mejor postor, ofertando servicios criminales al servicio de los intereses de los ilegales.
La política de Paz Total, que ha ofertado el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tiene como eje central el territorio, por ello sabe muy bien que se requiere el protagonismo de las comunidades locales para asumir sus conflictos y tramitarlos de manera democrática. Allí está la posibilidad de economías rurales viables y el ordenamiento concertado del territorio, para que sea posible la coexistencia democrática y responsable entre varias economías y varias escalas de uso del territorio y todo lo que este ofrece, de manera responsable ante las comunidades que lo han habitado y con un sentido de responsabilidad ambiental.
Construir paz desde los territorios es asumir los múltiples conflictos presentes y la dura realidad de que hay territorios con enormes déficits de infraestructura y condiciones para llevar una vida digna, y todo ello parte por el elemental derecho a la vida, hoy sistemáticamente violentado en esos doscientos cincuenta municipios donde permanecen ilegales ejerciendo las labores básicas de un Estado democrático. Este es el reto, lograr una presencia legítima y eficaz del Estado, de la Constitución del 91 en todo el territorio nacional.
La Paz Total tiene enormes retos que deben ser liderados por el nuevo gobierno junto a las comunidades locales y con el más amplio respaldo social, político e institucional que se pueda construir. De ahí que es una muy buena noticia la alianza lograda en el Congreso de la República, que tiene la más amplia convergencia política jamás construida.
En el territorio está todo: las violencias que persisten, el sufrimiento de las comunidades, las riquezas mal distribuidas y el enorme desafío de construir una Colombia en paz desde unos territorios en paz, paz entendida como un orden democrático donde sea posible hacer realidad todos los derechos para la vida sabrosa que nos ha señalado la vicepresidenta Francia Márquez, como un derrotero poderoso y cautivador.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.