Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El pasado 04 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2272 o Ley de la Paz Total. Con ella, este gobierno le propone al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias y re-incidencias de las FARC y a todos los Grupos Armados Organizados (GAO), realizar procesos de diálogos de paz o sometimiento a la justicia, según el caso.
Con esta ocasión, son ya seis los gobiernos que, durante los últimos 25 años, han elaborado normas para el manejo del orden público y la construcción de la paz en el país. La primera fue en 1997, cuando se sancionó la Ley 418, y desde aquél momento esta se ha transformado continuamente para atender las necesidades o el énfasis que cada gobierno quiere darle.
Cada cuatro años —dependiendo del gobierno que llegue— se le pone un énfasis en uno u otro aspecto y, con ello, se cambia su contenido y se hace otra propuesta de paz desde el Gobierno Nacional. Así ha ocurrido con las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018. Y por supuesto, con la más reciente, la Ley 2272 de 2022.
El primero en hacerlo fue el presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien inauguró con la Ley 418 el mandato constitucional de 1991, el cual establece, en su artículo 22, que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y, por tanto, le ordenaba a él y a todos los gobierno subsiguientes —o al menos los que estén regidos por esta norma de normas— comprometerse con avanzar en la búsqueda de un orden social justo y pacífico.
En este sentido, lo que propuso Samper fue, primero, una Paz Integral y, luego, un Diálogo Útil. Una política de paz con la que intentaba realizar las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales para que en el país se potenciaran los diálogos de paz con la insurgencia —Paz Integral—. Y a la vez se sentaría a la mesa de negociaciones si existían condiciones reales de paz, para no repetir los fracasos —Diálogo Útil—.
Un par de años después llegaría Andrés Pastrana (1998-2002) y al encontrarse con una situación de intensificación del conflicto y de apropiación de la sociedad civil de los temas de paz, buscó como Gobierno darle un giro a la política de paz y la llamó Hechos para la Paz. Intentando, con ello, recuperar el protagonismo del Ejecutivo en el desarrollo de los procesos de negociación y reducir la fuerza que venía ganando la sociedad civil en estos temas.
Pero de nuevo la paz fue esquiva, además, maltratada y manipulada. Tanto la confianza de la sociedad civil como de la comunidad internacional fue traicionada con el bajo compromiso, de las FARC y del Gobierno, en materia de avances en el cierre del conflicto armado. Dejando así las semillas para que se pasara a una nueva administración en la que primaría el uso de la fuerza como mecanismo para mantener el orden público.
Este fue el camino que tomó el gobierno de Álvaro Uribe. Para sus dos gobiernos (2002-2010) propuso una política de Seguridad Democrática, que insistió en la idea de “mano firme y corazón grande”. Y que le permitió intensificar el conflicto armado con las guerrillas —mano firme—, mientras negociaba una dejación de armas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —corazón grande—.
En 2010, y cuando menos lo pensábamos en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos dio un giro a la política de paz. Luego de diez años de guerra —entre 2002 y 2012—, en la mitad de su primer mandato propuso al país una política de Paz Estable y Duradera que le permitió iniciar, desarrollar y firmar el Acuerdo Final de Paz con las FARC, además, el inicio de las negociaciones con ELN.
Pero el país, para la época del cierre del gobierno Santos, estaba polarizado, lo que lo llevó a apoyar, nuevamente, la ideología de la Seguridad Democrática para que llegara al poder y con ella una política de orden público centrada en la lucha armada. Esto hizo que, por primera vez, desde la Ley 418 de 1997, no se tuvieran diálogos con ningún actor armado.
La nueva política de paz que propuso Iván Duque (2018-2022) fue Paz con Legalidad, la cual cuestionó la manera como se estaba logrando el orden público en el país mediante acuerdos de paz. Negando, por tanto, la posibilidad de acercamiento con los grupos armados a los que consideraba terroristas e ilegales. Y que lo llevó a poner en el congelador las negociaciones que en La Habana se realizaban con el ELN.
Finalmente, en 2022, aparece la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez, a la que han llamado de Paz Total. Con ella buscan construir un escenario de paz donde se involucre a todos los actores armados, intentando avanzar en el cierre —ojalá definitivo— de todas las guerras actuales en el país y que se han extendido por casi seis décadas.
Esta norma “modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997”, además intenta convertir la paz en una “política de Estado”. Es decir, pretende dejar establecida la idea de que la paz es un bien público que debe ser prioritario para todo gobierno. Que, independiente del presidente que llegue o su gabinete, esta política pública sea prioritaria y transversal en los asuntos de Estado.
Una política de Estado que también sea “participativa, amplia, incluyente e integral”, con el acompañamiento de toda la sociedad. Una política que respete los acuerdos de paz para que se cumplan y además transforme las realidades del país. Una política que permita las nuevas negociaciones y diálogos. Una política que de forma sostenida dé garantías a las víctimas de no repetición y de seguridad a todos los colombianos.
En síntesis, el Gobierno actual buscará dejar instalada las capacidades jurídicas, políticas, técnicas y de gestión para que el Estado —independientemente del gobierno que llegue— continúe con una línea de trabajo por la paz coherente y que no dependa del genio del mandatario que arribe. Una política de orden público que priorice la negociación o el sometimiento sobre el uso de la violencia para pacificar a los territorios.
Idea que —hay que advertir— tiene grandes retos para llegar a ser lo que se propone. Este Gobierno debe avanzar en introducir variados elementos para convertir esta idea de Paz Total en política de Estado, como lo es el blindaje normativo para la implementación de los acuerdos de paz y el diseño organizativo para el inicio permanente de procesos de sometimiento a la justicia con los grupos organizados armados que vayan apareciendo.
De esta manera se estaría avanzando en la construcción de esa Paz Grande, como la llamó el padre Francisco de Roux, cuando dirigió la Comisión de la Verdad. Una gran máquina de paz que —como lo ha demostrado esta semana con el inicio de los diálogos con el ELN en Caracas, Venezuela— se encuentra en funcionamiento y promete llegar a buen final.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.