Por: Esteban Salazar, Coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad @estebanalitic
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez plantea una oportunidad de llevar a cabo reformas de carácter político y electoral profundas. Las agendas sobre las reformas están compitiendo en el legislativo para saber cuáles deberán pasar rápidamente durante las primeras legislaturas, con el objetivo de optimizar el costo político y el combustible de gobernabilidad.
Hasta ahora se han priorizado la reforma tributaria, la reforma rural integral, la reforma política anticorrupción y la creación de los Ministerios de Paz y de la Igualdad. Se aplazaron la reforma a la Procuraduría, la reforma a la justicia y la reforma a la salud, ejes fundamentales del programa de gobierno que tendrán que esperar los resultados de la primera tanda de reformas que pueden tomar la mitad del periodo del próximo Congreso.
A pesar de estas priorizaciones, las reformas políticas y electorales no dan espera. Se deben entrar a revisar las fallas en el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, pues el ambiente de las elecciones de 2022 demostró que existen problemas que se deben resolver, y más teniendo en cuenta el proceso electoral que se avecina a nivel local en 2023.
También se deben revisar los procesos y procedimientos en el marco del código electoral y la contratación de estos procesos, hechos que dejaron un enrarecido ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza institucional en el proceso electoral. A su vez, están pendientes temas como las agendas de inclusión efectiva de mujeres y listas paritarias, así como la disciplina de partidos en listas cerradas y el sistema de repartición de curules en el Congreso.
Pero todo esto requiere de una priorización de los temas más relevantes, para lograr algunas reformas antes de que se agote la oportunidad en el próximo Congreso y gobierno. Es bien sabido que, ante la llegada de un nuevo periodo de gobierno, al principio se trata de una relación armoniosa con el legislativo, que posteriormente se termina erosionando por las tensiones internas de los trámites en cuanto a las disputas de intereses y las tretas en la confección de leyes y actos legislativos. Un hecho que deja por fuera el conjunto de reformas que son necesarias, aunque no estén dentro del conjunto de prioridades.
Por esta razón hay que incentivar la discusión de un paquete inicial de reformas políticas y electorales, teniendo en cuenta la coyuntura sobre la voluntad política de las mayorías conformadas hasta ahora para iniciar; al menos una reforma al diseño institucional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Esto llevará indefectiblemente a que también se regule el funcionamiento de cada institución y los códigos de procedimientos, dentro de lo cual se tocará posteriormente el código electoral.
Principalmente, se debe despolitizar la elección del Consejo Nacional Electoral y crear un tribunal electoral; así como despolitizar la elección del Registrador Nacional y crear la carrera administrativa electoral. Esto debe estar acompañado del desmonte de la hipertrofia en las funciones del registrador a nivel de contratación, que significa un abultado presupuesto sin veeduría ni control.
Por supuesto, se deben revisar los problemas que se vieron en el funcionamiento del proceso electoral para Congreso, Consultas Presidenciales, primera y segunda vuelta de 2022, lo cual es materia del Código Electoral. Este último debe ser actualizado, teniendo en cuenta que el Código de 1986 viene desde antes de la Constitución y cumple 36 años sin actualizarse.
Se trata de un código vetusto que funciona como colcha de retazos, víctima de las administraciones y disposiciones de cada registrador o gobierno que ha hecho modificaciones parciales sin dar soluciones profundas. Por ejemplo, se debe avanzar hacia procesos de formulación técnica que permitan resolver los problemas del código actual y no crear más problemas.
La transición tecnológica debe contar con pilotos seguros. También debe haber control en el proceso de consolidación del censo electoral, que debe tener armonía con el censo poblacional. Debe revisarse el proceso de inscripción de cédulas, que debe contar con garantías para las poblaciones urbanas y rurales; al igual que la capacidad humana y técnica suficiente.
También debe hacerse una evaluación y una regulación clara sobre la incorporación de nuevas tecnologías para instaurar el voto anticipado, el voto digital y garantías para el acceso a estos mecanismos a nivel rural.
Adicionalmente, se hace necesario revisar a profundidad la apropiación tecnológica del diseño, implementación y actualización de los softwares utilizados en todo el proceso electoral por parte de la Registraduría, hasta la transmisión, y del Consejo Nacional Electoral (o quien haga sus veces) en la transmisión y declaración de las elecciones.
Sin duda se quedan en el tintero temas que también son de relevancia como el control que se le debe poner a la financiación de campañas, la regulación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los controles a los movimientos significativos de ciudadanos, el sistema electoral mixto, la creación de personerías jurídicas artificialmente (o por vía judicial), la ausencia de reconocimiento de personerías jurídicas a movimientos significativos con presencia en el Congreso y la regulación de la curul raizal, entre otros.
En suma, el ambiente y la voluntad política está dada para buscar solventar, al menos, dos o tres apuestas en materia de diseño institucional y código electoral, mientras se va tanteando el oxígeno político del gobierno y el comportamiento del Congreso. Está dada la posibilidad de cumplir con las recomendaciones de la Misión Especial Electoral, la Comisión de la Verdad y la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía que están a la espera de que se avance hacia las democracias modernas que no solo logran alternar el poder, sino también consolidar garantías plenas de participación.