Por: Nataly Triana Guerrero
Asistente de Investigación
Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El Estado colombiano y las organizaciones internacionales que hacen presencia en la frontera colombo-venezolana tienen un gran déficit en lo que se refiere al ofrecimiento de garantías para la integración del enfoque de género en los programas de acción humanitaria focalizados a migrantes que se encuentran en edad menstrual y que viven en condiciones de pobreza extrema. Una doble afectación como víctimas de la migración y la pobreza, y la ausencia de políticas diferenciales para atender las necesidades de las mujeres migrantes.
Según información obtenida por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las mujeres migrantes de Puerto Santander reciben anualmente, por parte de una de las organizaciones internacionales, un kit de aseo personal en el que encuentran solamente un paquete de toallas higiénicas, un rollo de papel higiénico y otros implementos no relacionados con el cuidado menstrual.
La pobreza menstrual es una condición que afecta a niñas, mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a productos de calidad ni a cuidado menstrual. De igual forma, estas personas tampoco tienen la posibilidad de acceder a servicios públicos que les permitan vivir una menstruación digna. De acuerdo con la Fundación PLAN, en el 2019, 5 de cada 10 niñas colombianas que vivían en poblaciones vulnerables se encontraban en esta situación. Lo anterior sin mencionar a las personas menstruantes en condición de habitabilidad en calle.
Esta situación se agrava tras las consecuencias de la pandemia de covid-19, incidiendo específicamente en la disminución de los ingresos de las familias más vulnerables y generando, así, un desabastecimiento de los productos necesarios para la gestión menstrual. De hecho, el comercio de las toallas higiénicas en el país cayó un 15% en el año 2020. Para la Cámara de Comercio de la ANDI una de las razones de este comportamiento obedeció al impacto de la pandemia sobre el bolsillo de las consumidoras, lo que llevó a que las personas que aún tienen una mínima capacidad adquisitiva opten por el uso de protectores diarios en sustitución de las toallas sanitarias, ya que aquellos son 400 o 300 pesos más económicos.
En Colombia, de acuerdo a la ONG Plan Internacional, las mujeres menstruantes gastan alrededor de 2 a 3 dólares mensuales en toallas sanitarias. Eso representa un gasto de 36 a 40 dólares al año: entre 120.000 y 150.000 pesos anuales. Esta cifra debe leerse teniendo en cuenta que se estima con base a un gasto en los productos más sencillos y menos lujosos para la gestión menstrual. Sin embargo, en la realidad colombiana el acceso a una toalla sanitaria es sinónimo de privilegio, lo que demuestra que en este país la gestión menstrual no es una posibilidad al alcance de todas las mujeres, en especial de las personas menstruantes sobre las cuales existen mayores estigmas.
Teniendo en cuenta esto, y en vista de la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela, la realidad de las niñas, mujeres y personas menstruantes venezolanas puede ser incluso más alarmante. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), para el año 2020, señaló que 9 de cada 10 mujeres vivían en pobreza menstrual, y 1 de cada 10 vivía en condición de pobreza menstrual extrema.
Esto se debe a dos motivos: el primero es la incapacidad de adquirir un paquete de toallas sanitarias (que ronda entre los 0.80 y los 2 dólares). Esto teniendo presente que el salario mínimo equivale actualmente a solo 2 dólares y que se necesitan por lo menos 35 dólares para abastecer a una familia con 20 productos de la canasta básica (entre los cuales no se están contemplando los productos de cuidado menstrual).
El segundo motivo se encuentra relacionado a la deficiencia de los servicios públicos que el 72% de la población padece. Entre estos se encuentra el servicio al agua potable, uno de los más indispensables para la gestión menstrual. De acuerdo a Transparencia Venezuela, en el año 2018, solamente el 18% de la población tenía acceso al servicio de agua potable de calidad. De esta manera, la situación de desabastecimiento y de deficiencia en los servicios públicos en Venezuela ha obligado a las mujeres a prescindir de los productos de cuidado menstrual y a vivir en condiciones de pobreza menstrual.
La situación de las mujeres y personas menstruantes que deciden migrar es aún más grave ya que las condiciones de tránsito hacia Colombia no son las más favorecedoras. En una reciente investigación de Cerosetenta y la Liga Contra el Silencio se evidencia que, actualmente, hay un fenómeno denominado “feminización de la migración venezolana”: esto quiere decir que la reciente migración hacia Colombia se da mayoritariamente por mujeres en condiciones de vulnerabilidad, lo que hace que el paso por la frontera implique una serie de dificultades diferenciales que van desde las violencias de género que se viven en las trochas, las condiciones de salubridad que pueden incidir en la salud de las migrantes y los recursos económicos limitados que restringen su movilidad, hasta el acceso a bienes y servicios en Colombia.
En particular, en este sentido, existe una doble afectación de la que son objeto las migrantes por parte del conflicto armado interno colombiano (en especial en municipios como Puerto Santander donde operan el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las bandas que mantienen control sobre las trochas). Es relevante mencionar que no solo las condiciones de tránsito son desfavorables, si no que las de estadía también lo son. Según Medicina Legal, para el año 2020 las mujeres migrantes tenían una doble probabilidad de morir violentamente a comparación de las mujeres colombianas, ya que el riesgo de sufrir de violencia de género y violencia sexual es un 39% y un 28% mayor, respectivamente.
La violencia de género es exponencial para esta población, especialmente teniendo en cuenta las dificultades propias del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y las condiciones de desempleo que viven departamentos receptores de migrantes como Norte de Santander, en donde la población extranjera debe acudir mayoritariamente a la informalidad como medio de subsistencia. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Mujeres de Norte de Santander, para el año 2020, la violencia económica que padecían las mujeres en la región afectaba en gran parte a mujeres migrantes. Al respecto, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane demuestra que el 91,1% de las migrantes trabajan en condiciones de informalidad y sin protección social, recibiendo ingresos inferiores al salario mínimo.
La precarización laboral incide en la decisión forzada de incursión a la prostitución e incluso en la llegada a redes de trata. De acuerdo con Border Lab, la trata de personas durante los años 2019 y 2020 aumentó un 267% en Norte de Santander, siendo así el departamento de destino con mayor explotación de personas. De esta forma, el flagelo que viven las personas migrantes en edad menstrual en Colombia ya no está relacionado al desabastecimiento de bienes de primera necesidad, sino al conflicto armado interno, a la doble violencia por la condición de ser mujeres y refugiadas, a la corrupción, a la ausencia de recursos económicos y a la falta de políticas de manejo de la salud menstrual y sexual para personas migrantes y refugiadas.
En Puerto Santander, según testimonios de migrantes y de acuerdo a fuentes territoriales de Pares, la alcaldía no solamente no habría ofrecido productos para la gestión menstrual de las migrantes, sino que tampoco ha proveído a la población migrante de suministros para evitar el contagio del covid-19. Al parecer, únicamente se ha centrado en la distribución de mercados provenientes de la priorización asignada por el Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Estos mercados, conforme a las fuentes de Pares, estarían siendo entregados de manera arbitraria, por parte de la alcaldía, a personas que no cumplen con los requisitos de pertenecer a población migrante vulnerable. Esta información no pudo ser contrastada con la Alcaldía de Puerto Santander, puesto que no acudieron a las entrevistas realizadas por la Fundación.
La coexistencia de las condiciones mencionadas ha llevado a que muchas de mujeres deban improvisar toallas sanitarias con trapos o pedazos de prendas de vestir: alternativas altamente riesgosas para la salud de las migrantes y que las exponen a mayores índices de discrimación por la posible presencia de fugas. Para las migrantes de Puerto Santander, la visibilización de esta dificultad no es sencilla en comparación, por ejemplo, al tema de alimentación, ya que el periodo es considerado una condición biológica que solamente es discutida entre las mujeres que componen el círculo familiar. La menstruación para ellas se ha reforzado como un tabú tras el impedimento de no poder proveer a sus mujeres y así mismas de estos implementos, lo que genera en ellas una condición de vergüenza y silencio al respecto.
Estas prácticas a las que deben recurrir las migrantes y mujeres vulnerables en Colombia son riesgosas ya que pueden derivar en un aumento de la presencia de infecciones urogenitales, síndrome de shock tóxico, entre otras complicaciones sanitarias. De igual forma, el desconocimiento del ciclo menstrual propio y la falta de educación en este tema es grave porque, más allá de ser una condición biológica, la menstruación es un signo de alarma de factores determinantes de salud, como la posible presencia de cáncer uterino.
A pesar de esto, la relevancia de la salud menstrual no debe reconocerse exclusivamente por su importancia en la salud pública, sino también por su influencia en las dinámicas sociales de las niñas, mujeres y personas menstruantes. Las barreras para esta población, en términos sociales, implican la imposibilidad de reconocimiento y la dificultad de apropiación, por parte de niñas, mujeres y personas menstruantes, de sus derechos sexuales reproductivos. De igual forma, esta situación obstaculiza la participación de esta población en varias esferas como el sector educativo y, en general, el sector público. Asimismo, reproduce los prejuicios sobre la menstruación, promueve la estigmatización y mantiene las prácticas indiferentes al respecto por parte de los Estados (los cuales, por lo general, han relegado estos problemas a la esfera privada).
La razón por la cual el Gobierno nacional no ha implementado una ayuda humanitaria, con enfoque de género, en torno a la menstruación se debe a que aún se considera, incluso desde el sector público, un tema tabú, en especial cuando tiene que ver con la población migrante.
Esto también se debe a que las organizaciones nacionales e internacionales no han elevado la discusión pública sobre la salud menstrual a la par de la discusión sobre la seguridad alimentaria de las personas migrantes y refugiadas en el país. Mientras esta discusión no se transforme en acciones concretas a favor de esta población, habrá personas menstruantes migrantes, e incluso mujeres vulnerables nacionales, que deberán elegir entre alimentarse a sí mismas y a sus familiares por medio de la informalidad, o comprar productos de cuidado menstrual, perpetuando así las brechas de género y la pobreza menstrual en el país.