La justicia, Uribe y 'Epa'

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo

Si algún tema reclama con urgencia la atención de quienes aspiran a regir los destinos del país y de quienes —organizados o no— les apoyan, ese es, sin duda alguna, la administración de justicia: un asunto al que muy poca atención —salvo algunas salidas oportunistas— le han prestado la miríada de candidatos en lista.

Ni la izquierda agrupada en el Pacto Histórico, que busca electoralmente referenciarse como la opción por la vida, ni el centro ni la derecha plantean reformas fundamentales para rescatar la justicia de su desprestigio y, en el caso de la instrucción penal, de estar al servicio del Gobierno, sus causas y aliados.

En los 60 puntos que esbozó Alejandro Gaviria para oficializar su aspiración, la justicia, no como valor, sino como conjunto de normas, procedimientos e instituciones para garantizar la vida en convivencia y formas civilizadas de relación entre las personas bajo estándares de igualdad, transacciones éticas y consenso sobre conductas reprobables y penas consecuentes, en el marco de la garantía de derechos, está ausente.

En otra orilla, la última salida sobre el tema del expresidente, imputado penalmente, Álvaro Uribe Vélez, es de un cinismo pasmoso: aprovechar la coyuntura que ofrece una justicia transicional pactada entre partes negociantes para poner fin a un conflicto, y acotada en su alcance a los ámbitos del mismo, para sacar provecho, simulando pendientes judiciales propios con la preocupación por asimetrías que solo es posible deducir si se desconoce la fundamentación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP.

La Fiscalía General de la Nación (novedad con la que los constituyentes de 1991 apuntaban a superar la impunidad tradicional, copiando a las malas el sistema penal acusatorio estadounidense) se convirtió en un fracaso al hacer depender la elección de su cabeza de los intereses presidenciales, al tener el Ejecutivo la facultad de ternar, ante la Corte Suprema, sus personas escogidas. Si no desde el comienzo, los últimos fiscales han demostrado estar al servicio del Gobierno o de los poderes que manejan el país.

El actual fiscal convirtió la entidad en una vitrina ególatra. Las últimas actuaciones del ente acusador muestran parcialidad, intenciones de obstruir otras instituciones de la justicia, propósitos políticos persecutorios o favorecimientos al servicio del partido de gobierno y de los intereses presidenciales. Lo demuestran, entre otros, los intentos torpes de judicializar a la alcaldesa de Bogotá y al candidato presidencial Gustavo Petro, o las pol