Por: Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares.
En los días más oscuros del plebiscito por la paz, el Centro Democrático decidió profundizar su estrategia de desinformación y repetir hasta el cansancio que la Jurisdicción Especial para la paz, contenida en el punto cinco del Acuerdo de La Habana, estaba diseñada a la medida de los intereses de los excomandantes de la guerrilla de las Farc, que era un “monumento a la impunidad”, la “partera de nuevas violencias” y una serie de improperios enfocados en restarle legitimidad y sembrar cizaña.
En algunos sectores ese temor infundado y reforzado con la mentira de que los guerrilleros elegirían los jueces, resultó efectiva ya que miles de ingenuos salieron a votar verracos contra una jurisdicción que tal vez no entendían en su complejidad.
Afortunadamente, en la renegociación el punto cinco no sufrió modificaciones estructurales y en la implementación por fast track el Congreso conservó gran parte de lo acordado; sin embargo, por el lado de la Corte Constitucional llegaría una sentencia que sí desvertebró gran parte del modelo de justicia transicional diseñado en La Habana.
En una sentencia de revisión del acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (del cual la JEP es el componente judicial), la Corte optó por excluir a los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que podrían clasificar como primeros determinadores) de la justicia transicional, es decir, el tribunal constitucional limitó la acción directa de la JEP solo a los exguerrilleros y militares.
Tras el enorme daño que el uribismo le ha buscado infringir a su mandato, con fortuna la JEP ha salido avante y sigue avanzando en la tarea de esclarecer lo que ocurrió en medio del conflicto y asignar las responsabilidades a los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, crímenes que no fueron ni serán amnistiados. Imagen: Pares.
Con esa decisión la Corte desvertebró la JEP creada tras intensos meses de negociación en Cuba e indirectamente reforzó la narrativa de reducir el conflicto a una cuestión de guerrilleros y militares. Protegió a los empresarios involucrados en la guerra y de paso le restó importancia a la enorme e histórica impunidad que sobre los terceros hay en la justicia ordinaria. Así también tranquilizó a políticos del ‘establishment’ de derecha (como Vargas Lleras) que nunca vieron con buenos ojos su eventual inclusión en la justicia diseñada con la guerrilla.
A quienes más impactó la sentencia de la Corte fue a los exnegociadores Márquez y Santrich, ambos consideraron que con esa decisión se había arrasado con el espíritu del Acuerdo. Una de las motivaciones para justificar su posterior alzamiento armado se encuentra en la perfidia del Estado que condenó el Acuerdo al “fracaso”; modificando desde las Altas Cortes y el Congreso sus componentes esenciales (algo similar le pasó a Uribe con su primera propuesta de Justicia y Paz).
El acuerdo se convirtió en materia maleable debido a que en su proceso de implementación (proyectado a 15 años tras su firma) concurren una serie de actores con intereses de todo tipo (que no se vieron reflejados por las partes que negociaron), en plata blanca, negocian dos partes, pero en la materialización de lo acordado concluyen muchas.
En lo relativo a la JEP, fue la Corte Constitucional la responsable de su mayor modificación. Al sustentar que los terceros ya tenían un “juez natural”, desestimó el papel que muchas de estas personas jugaron al atizar y financiar la guerra, obviando que Justicia y Paz no fue un buen ejemplo para que reconocieran responsabilidades o repararan a las víctimas.
Con la deserción de un sector importante de comparecientes y el avance en los macrocasos, la JEP va dando sus más importantes pasos. Con la reciente asignación de responsabilidades a la exdirigencia militar fariana en uno de los casos más simbólicos en relación a esa guerrilla como lo fue el secuestro, va caminando firme para acentuar su legitimidad como un Tribunal de cierre en el marco del conflicto armado; sin sesgos y con la plena convicción de impartir justicia a partir de los criterios consignados en el Acuerdo de Paz, donde el resarcimiento a los derechos de las víctimas es central.
Es claro que las Farc y los militares tendrán que responder y ante la JEP solo se presentan dos caminos: aceptan su responsabilidad asumiendo las sanciones propias con carácter reparador en comunidades victimizadas o avanzan en un juicio con el riesgo de terminar recluidos en una cárcel (bajo las sanciones alternativas y ordinarias).
A pocos días de conocer la resolución de conclusiones del macrocaso sobre secuestro ya se demostró lo que muchos sabíamos: la JEP no es un tribunal confeccionado a la medida de las extintas Farc. Tanto sus excomandantes más visibles como antiguos mandos medios, tendrán que responder por crímenes atroces. Es destacable el compromiso de los exguerrilleros con la JEP y esto es tal vez el factor más importante para reforzar su legitimidad.
Compromiso que no se ha visto en otros comparecientes, siendo un ejemplo infame el del “general de la seguridad democrática” Mario Montoya (compareciente en el macrocaso sobre ejecuciones extrajudiciales) quien, al parecer, vio la JEP como una forma para burlarse de las víctimas y con un halo de arrogancia no reconocer responsabilidad. Aunque también hay militares que han manifestado gran compromiso con la resolución de ese macrocaso y expresan mayor empatía con las víctimas. Seguro la resolución de ese macrocaso también generará muchas reacciones y moverá el país político.
Todavía es prematuro para evaluar los impactos de estas primeras decisiones de la JEP, por el momento, la única certeza es que confirmar su autonomía e independencia. El uribismo se va quedando sin ningún argumento para atacarla y seguro continuará con su estrategia de desinformación, al parecer, es lo único que les funciona pues sienten que atacar la JEP es algo electoralmente rentable. Así ocultan el temor a que la sociedad colombiana empiece a conocer la verdad del conflicto y el valor del modelo de justicia transicional más novedoso que se ha diseñado en la historia reciente.