Por: Redacción Pares
Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en el Índice Global de Impunidad 2017, sólo detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil, y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se pudieron medir. La impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia, el 57% de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo. El Índice Global de Impunidad Colombia 2019 es un instrumento cuantitativo para medir la impunidad en el ámbito subnacional de los departamentos y territorios de Colombia. Tiene como base metodológica al Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, México (que comenzó con este proyecto en 2014).
Hay algunas grandes conclusiones producto de este estudio. Por una parte, las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína, la extracción ilícita de minerales y otros recursos naturales son probablemente una de las variables más importantes que explican el fenómeno actual de la impunidad en Colombia. Además, la desmovilización de las FARC-EP ha provocado que otros movimientos guerrilleros tradicionales como el ELN y grupos neoparamilitares ocupen territorios y espacios criminales, provocando el incremento de diferentes tipos de delitos en el territorio colombiano y, en consecuencia, elevando los niveles de impunidad en algunos departamentos.
Otra conclusión de este Informe Global de Impunidad Colombia 2019 es que existe una concentración atípica de personal de la Fiscalía General de la Nación y la Policía nacional en departamentos productores de petróleo y con presencia de actores armados organizados. Lo anterior no guarda igual relación con el número de delitos en los departamentos. Adicionalmente, existe una concentración atípica de delitos en los departamentos con mejor desempeño en el índice de acceso a la justicia, elaborado por el DNP, entre ellos Cundinamarca y San Andrés.
En contextos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, como en Colombia y México, las historias de impunidad salen a la luz pública cada día. Y aunque es innegable la responsabilidad de las instituciones estatales en la perpetuación del fenómeno, también es cierto que –dada la magnitud y frecuencia de los delitos– la configuración actual de los sistemas penales de justicia ordinaria (orales, inquisitivos y mixtos) parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, no sólo en el sentido del castigo de los responsables, sino también en el esclarecimiento de los crímenes (derecho a la verdad), la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, que, contrario a lo que se cree, no sólo son estándares de la justicia transicional sino de todos los sistemas de justicia.
Como explica León Valencia, director de Pares, «Es claro que el fenómeno de la impunidad es la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, sólo el 13% de los feminicidios llega a una condena; en el caso de la desaparición forzada, según el Movice, de los ochenta mil casos reportados al 2018 se había investigado apenas 7,700 y, de éstos, sólo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99.5% se encuentran sin resolver.»
En el caso del hurto, otro de los delitos más frecuentes en el país, además de los altos niveles de impunidad, de los más de 240,000 capturados en 2017 «91,423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Cerca de un centenar tienen el impresionante récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces».
Justamente, la generalización de la impunidad en Colombia y las similitudes con el caso mexicano llevaron a Pares y a la Universidad de las América Puebla a implementar el Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), que tiene como objetivo evaluar estadísticamente el fenómeno de la impunidad a nivel subnacional desde una perspectiva integral, no sólo como medición del castigo de los delitos sino como una cadena de eventos que comienzan al momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables.
El proceso de construcción del índice fue, en sí mismo, una evaluación del fenómeno de la impunidad en Colombia. El primer paso, la consecución de las cifras, nos llevó a la conclusión de que en el país aún prevalece la impunidad estadística. A la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos –que son por naturaleza públicos y que permiten la veeduría ciudadana sobre su labor– se suma que, para algunos departamentos, en especial los de las regiones Orinoquía y Amazonía, los datos ni siquiera son reportados.
A continuación presentamos el Índice Global Impunidad Colombia y los resultados de su primera edición. En la primera parte se hace un recuento de las principales conclusiones del análisis de los resultados y algunas recomendaciones de política pública acordes a éste. A partir de allí se expone el marco conceptual y metodológico adoptado, y por último se presentan los resultados y análisis por departamento. Esperamos que esta herramienta sirva para orientar reformas que permitan avanzar en la consolidación de la paz y el estado de derecho en el país.