El arco minero del Orinoco, un holocausto ambiental promovido por Nicolás Maduro

Por: Odevida

La primera vez que se publicó en la plataforma de Pares sobre el arco minero del Orinoco fue en 2022. El investigador Raúl Cubas advertía desde Venezuela que la ONU ya tenía en la lupa el fallo que permitía la explotación de este santuario natural y las graves consecuencias que traería no solo para las personas que lo habitan, sino para el medio ambiente. A casi una década de esta advertencia las consecuencias hablan por sí mismas.

En diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) hizo público un informe titulado Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela, en el que se denunciaba que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con anterioridad, en febrero de 2020, 174 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana afirmaron públicamente que: “defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país”.

En el año 2024 desde Odevida también lanzamos un informe denunciando la catástrofe, pero todas las voces se apagan cuando un gobierno como el venezolano está abocado a escuchar una única razón, la de la fuerza. En este 2025 Odevida, siendo consecuente con la preservación del medio ambiente y la defensa de la vida, lanzará un nuevo informe en donde vuelve a denunciar ante el mundo que las condiciones que rodean al arco minero del Orinoco siguen deteriorándose. En uno de sus apartes, que tiene el apoyo inestimable de Provea, se afirma lo siguiente: El Arco Minero del Orinoco con su expansión extractivista avanzó más y ha seguido impactando a la Amazonia y causando graves daños a las comunidades indígenas y locales. Además, los derrames petroleros han mantenido el mismo ritmo y características de años anteriores. Son varios los casos graves que imprimen a la situación ambiental un carácter crítico, asimismo el derecho al agua potable y su saneamiento queda aún en deuda.

En el informe se hablará a mayor profundidad de este tema, pero, por ahora, queremos explicar lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco. El 24 de febrero del 2016, el gobierno de Nicolás Maduro nombró el Arco Minero como una zona de “desarrollo estratégico nacional” todo para explotar níquel, diamante y torio. No importó que este lugar fuera considerado un santuario de diversidad y que allí vivieran pueblos que han existido desde antes de la llegada de los españoles, arrasándolos, masacrándolos y haciéndolos mover de su territorio. Las críticas contra el gobierno de Maduro por esta decisión han arreciado. Nuestro aliado, Provea, junto a otras organizaciones sociales han hecho pública su preocupación ante la inseguridad legal y fiscal que ha generado la explotación del Arco del Orinoco y el incumplimiento en estudios de impacto ambiental y socioculturales. Desde todos los sectores se ha señalado que su explotación ha sido llevada a cabo no sólo por entidades del Estado o el ejército, sino que han aparecido grupos ilegales que han trastocado para siempre a este santuario natural.

De manera simultánea con la décimo séptima Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Gustavo Márquez Marín calificó lo que  ocurre en el Arco Minero del Orinoco como una «avanzada recolonizadora», en la cual «el gran capital transnacional» toma «control de vastos territorios en el continente (...) para reimpulsar el extractivismo y la reprimarización de las economías de la región», lo cual a su juicio es una contradicción al ahora Venezuela liderar esta organización.

El Arco Minero del Orinoco al ser un santuario universal nos afecta a todos y muestra la gran hipocresía que ha tenido el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro quien, de puertas para afuera, dice criticar la explotación de recursos por parte de sistemas capitalistas pero que, en Venezuela, sigue arrasando lugares que jamás debieron haber sido tocados por el hombre, y cuya única obligación de su gobierno era protegerlos.