Por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han liderado la propuesta de “paz total” como el compromiso de lograr una Colombia sin violencias organizadas, y para ello tienen un mandato ciudadano.
Lo que se conoce de esta nueva política de paz y tratamiento a todas las violencias que persisten en por los menos doscientos municipios del país, es que se basa en: protagonismo de las comunidades en las que persisten las violencias, tratamiento de los conflictos territoriales, pleno impulso al acuerdo firmado con las FARC con todos sus componentes, diálogo y negociación política con el ELN, oferta de sometimiento negociado con mafias y herederos del viejo paramilitarismo, y una nueva oferta de volver o involucrarse en el camino de la paz para el archipiélago de las antiguas FARC que han persistido en el conflicto.
El próximo 7 de agosto inicia el gobierno que ha ofertado trabajar por las transformaciones pendientes, ampliar esta precaria democracia haciendo realidad la Constitución del 91 y abrir una era de paz. No es pequeño el compromiso y es grande la necesidad de lograr una convivencia pacífica y con respeto por la vida en todas sus manifestaciones.
Hoy la frontera Colombia-Venezuela está en manos de ilegales que mandan y hacen a su antojo, vulnerando múltiples derechos e imponiendo su ley de hierro, el hierro del fusil y la pistola; esto debe ser superado desde una política de “paz total” y construcción de Estado de derecho en territorios que han vivido largas décadas de violencias y sus respectivas barbaries.
Las situaciones más graves de violencia y ausencia de Estado de derecho se viven en el Catatumbo y en Arauca, e igualmente hay situaciones delicadas en el Perijá y en la frontera Guajira (de mucho menor intensidad que en las dos primeras, pero igualmente preocupantes y que deben ser atendidas).
La construcción de órdenes democráticos en los territorios de frontera solo se puede lograr en una acción dialogada y concertada entre Bogotá y Caracas, incluyendo a las autoridades de frontera y con plena participación de las comunidades regionales que conocen al detalle lo que viven y tienen propuestas concretas y aterrorizadas.
El gobierno entrante va a restablecer el diálogo diplomático con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y allí se podrá avanzar en una “paz total”, para beneficio de los dos países.