Por: Walter Aldana Político social alternativo
Es cierto que todo estímulo genera una reacción. Quizás ante un gobierno “legal” como el de Duque por su resultado en las urnas, pero ilegítimo por sus énfasis en el bienestar (razón final del contrato social), es que se levantó, desde el 21N, un sector importante de la población en la exigibilidad de sus derechos.
A la indignación de personas mayores por la desfachatez de los gobernantes (quienes presentaron una reforma tributaria que gravaba el ingreso de los pobres y la clase media, antes que a los capitales) y a las palabras de los voceros del modelo neoliberal en el afán de convencer sobre las «bondades» de su política, se sumó la construcción de propuestas y visibilización de las mismas por parte de las y los jóvenes, quienes se han tomado en sus manos y con sus pasos, en la movilización, la responsabilidad de construir su futuro.
En una sociedad decente las personas de la ciudadanía se expresan libremente. Me refiero al derecho a la protesta, aquello que se reconoce como legítimo por nuestra Constitución política. El espacio público se disfruta y se defiende su existencia, es escenario de cantos, consignas, es teatro de construcción de ciudadanías a partir del relacionamiento comunitario.
El papel de las instituciones señaladas por la ley como garantes de esos derechos en la relación con la comunidad (titular de los mismos) se ha ido perdiendo. Ante la transformación, cada día más evidente, del Estado social de derecho al estado de opinión, en más de veinte años de hegemonía uribista, nuestra democracia se ha venido debilitando, al punto de tener un sinnúmero de hechos signados por la corrupción y la ilegalidad en las altas esferas de la política y la administración que los diarios y noticieros de televisión no pueden esconder.
A la generación presente de jóvenes le enseñaron sus maestros que Colombia era una democracia con tres ramas del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Les dijeron, también, que con su funcionamiento autónomo e independiente garantizamos el equilibrio de los intereses legítimos que se juegan en una democracia. Desde primaria les señalaron la existencia de una fuerza pública encargada de hacer cumplir la ley, un ejército para salvaguardar las fronteras y una policía que con, su papel disuasivo, no ofensivo, garantizaría la convivencia ciudadana; esa fuerza leal a la Constitución (no a una persona y su ideología) no tomaría partido, tan solo estaría vigilante al apego a las leyes y preceptos constitucionales vigentes.
Nos dijeron antes y hoy, a los y las jóvenes, que la razón del ser de un Estado es garantizar el bienestar de quienes lo componen: salud y educación como derechos sociales, alimento, vivienda y afecto, un nombre, una identidad (sin caer en el discurso trillado de lo supuestamente «igualitario», pero sí un esfuerzo permanente por cerrar brechas). Sin embargo, no fue este el resultado. Al contrario, bajó la población de estrato social y se redujo su nivel de ingresos. La capacidad de generar riqueza en un país que, por su topografía, pisos térmicos y variedades de bienes renovables y no renovables, permitiría alcanzar aquel orden social en el que constantemente se buscan reducir las brechas sociales.
Por ello es que esta es una época marcada por la reacción al modelo neoliberal basado en el extractivismo y la usura del capital financiero: es el tiempo de la humanidad y de la búsqueda de que, entre otros aspectos, el espacio público no sea una amenaza para las mujeres y sus propuestas de vida, se reconozca campesinado como sujeto político de derechos diferenciales para que el Estado deje de verles como meras fichas productoras y les garantice el acceso a una salud y una educación a partir de su cosmovisión.
Yo aún tengo la ilusión de cambio. Me niego a creer que nuestro destino sean las sombras y no el arco iris de la diferencia donde, como dice el filósofo Avishai, el Gobierno no humille a los gobernados y estos no se humillen entre sí.