Por: Laura Cano Periodista – Pares
Durante la semana pasada se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) por más de un billón de pesos, con el cual se pretende llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto.
El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato.
Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados, que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Hay que recordar que este tema llegó a la agenda nacional luego de que Paola Herrera, periodista de La W Radio y una de las primeras personas en informar sobre el caso, alertara que los 70.000 millones que se le habían adelantado a la Unión Temporal Centros Poblados estaban extraviados. Además, Herrera también fue la encargada de advertir la poca experiencia del consorcio y de señalar que “no fue solo una sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.
Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esto, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato. Adicionalmente, el MinTic impuso una multa de $39.015 millones (equivalentes a 49.944 salarios mínimos legales vigentes) a la Unión Temporal y, asimismo, se anunció la liquidación de dicho contrato.
Esto ha llevado a múltiples reacciones. Por ejemplo, el presidente Iván Duque afirmó que la ministra Abudinen: «Es una mujer honorable, transparente, y así lo ha demostrado en todos los cargos públicos que ha ejercido». Por otra parte, sectores de la bancada alternativa del Congreso pidieron que Abudinen fuera a una moción de censura por este caso. Sin embargo, en la Cámara de Representantes esta propuesta parece estar tambaleando, pues en la corporación las plenarias por el trámite de la reforma tributaria están próximas a suceder.
“Estoy sumamente preocupado con la moción de censura de la ministra de las Comunicaciones Karen Abudinen. Hablé con la presidenta de la Cámara para que agendara la moción de censura y ella dice que va a citar para el lunes a la mesa directiva y ahí van a analizar si es conveniente o no hacer el debate. (…) Esperemos que la señora presidenta de la Cámara no vaya a embolatar la moción de censura. El país completo, los medios de comunicación están esperando este debate, un debate álgido para el país”, indicó a La FM el Representante a la Cámara León Fredy Muñoz.
Por otra parte, desde la Fiscalía General se decidió citar a interrogatorio al representante legal del consorcio Centros Poblados. Esto en el marco de las investigaciones penales que se adelantan por las denuncias sobre las presuntas irregularidades en el contrato suscrito con el MinTic. Se busca que el representante del consorcio dé explicaciones sobre lo que se le acusa.
“El caso está priorizado. Está en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos. (…) Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, comunicó el fiscal Francisco Barbosa.
Este caso se suma a una serie de hechos de corrupción que salpican a funcionarios públicos y que son una constante en el país. Por eso, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) estaremos haciendo seguimiento a este escándalo en el que está involucrado el MinTic. Como parte de este cubrimiento, les invitamos a conectarse el próximo 19 de agosto, a las 8:00 pm, a un diálogo entre Ariel Ávila y Paola Herrera a través de la página de Facebook de Pares.