La derecha mediática

Por: Guillermo Segovia

Politólogo, abogado y periodista


Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, el Pacto Histórico, su alianza política, y hasta la coalición para la gobernabilidad, el Gran Acuerdo Nacional, es la forma como los medios masivos del país, como voceros de los grandes grupos económicos y, en algunos casos, de la minoritaria oposición elevada a contraparte, están manejando la información en función de minimizar, recortar o hacer inocuas las transformaciones propuestas en el programa “Colombia potencia mundial de la vida”.


Aspecto que, hasta ahora, infortunadamente, no ha sido contrarrestado y, más aún, anticipado por una poderosa estrategia de comunicaciones capaz de conservar en la opinión, en su esencia, las ideas y propuestas clave que le dieron el triunfo a la llave Petro-Márquez y que apuntan a reformas que pongan al día distintos sectores y aspectos de la economía y la vida social en términos de equidad y modernidad, con lo que se corre el riesgo de dejar un vacío fácil de llenar en contra por la avalancha mediática del establecimiento.


Si bien el hecho de que cada ministro nombrado haya salido a defender lo que le corresponde dentro del programa de gobierno —casi en todos los sectores iniciativas innovadoras y rupturistas— genera la sensación de una administración actuante, también deja ver a “cada cual por su lado”, lo que facilita el objetivo de debilitar al gobierno y sus apuestas, tanto por parte de la derecha mediática como de la oposición partidista y gremial. La orquesta funciona con todos los instrumentos interpretando el mismo tema, según la partitura y la armoniosa conducción de la batuta, pues esta última no puede, en el transcurso de la pieza, ocultar el desentone.


Para el caso, la ambiciosa y progresista propuesta de reforma tributaria, que, en sus ideas centrales, orientadas al desmonte de privilegios, la progresividad y la equidad, fue conocida de manera temprana debido al anticipado nombramiento del ministro de hacienda, como un gesto de tranquilidad hacia el mundo económico. Los anuncios permitieron a los intereses afectados con las posibles medidas montar rápidamente una estrategia defensiva orientada a distorsionar la propuesta o a demeritar los argumentos que la sustentan, a través de los grandes medios.


El arsenal de armas de que dispone el ejército mediático para manipular, tergiversar, desinformar e infundir terror es conocido. A diario se encuentra en los titulares y notas “informativas” de la prensa, la radio, la televisión, los tuits y el “streaming”, con énfasis que dependen de la tendencia ideológica y política de cada medio.


A esto se agregan nuevos instrumentos, en apariencia participativos, que, con el concurso de la audiencia, legitiman la opción de opinión que los emisores quieren imponer, como los sondeos sobre temas de actualidad; o los tramposos debates o polémicas, falsos de base al optar por panelistas del mismo lado, equiparar voces documentadas con negacionistas o defensores de supuestos contraevidentes, o cerrarse con la conclusión parcializada del conductor.


La disparatada contestación promovida desde la industria de bebidas azucaradas y productos de consumo ultraprocesados, a la medida de la reforma que, a través de una tasa impositiva, busca desestimular esos consumos, que inciden en enfermedades cuyo tratamiento tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas, es demostrativa del atrincheramiento de intereses egoístas frente a correctivos que mejoren la calidad de vida, reduzcan la desigualdad y contribuyan a mejorar las finanzas públicas, pues implica una afectación de utilidades logradas a costa de la salud, en particular de la población pobre.


En eso juegan la puesta en escena teatral de una senadora ostentando haberse hartado de dichos productos en su juventud sin ninguna afectación, el ruin embeleco de los productores de que se afectará la alimentación pues paquetico y gaseosa es el menú del colombiano pobre, y la contorsión de traer como sustento que el presidente confesó en campaña haber sido habitual consumidor de Pony Malta y Chocoramo en su juventud, recursos que no por circenses son menos efectivos.


La arremetida está a punto de dejar por fuera el gravamen, no obstante ser iniciativa del gobierno y bandera de la ministra de salud. Tal como, desde el sector financiero, lograron rápidamente que se echara para atrás la tasa de 4 por mil para transacciones de menor valor que afectan el bolsillo de personas de bajos recursos; o que se ampliara, por presión de pensionados privilegiados, el rango desde el cual se incrementaría el impuesto a la renta, caso este último, como el de algunos congresistas con sus salarios, en el que se demostró que para sectores medios “ilustrados” el concepto de solidaridad es bien relativo.


Algo similar ocurre con otros aspectos de la propuesta de reforma tributaria, como la determinación del universo al que se le ampliará las márgenes de tributación, las externalidades en función del programa de gobierno (menores costos en salud al aumentar valor de ultraprocesados, mayores costos al extractivismo) o la corrección a favor de la nación de las exageradas utilidades de ciertos sectores, logradas a través del cabildeo y el soborno de los poderes públicos.


La estrategia de contrarrestar, mediante la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, la ejecución de las líneas gruesas del programa de gobierno se extiende al cuestionamiento del concepto de seguridad humana y los cambios en los organismos castrenses, calificándolo de “feminización de las fuerzas armadas”; de las reformas agraria, laboral, pensional y al sistema de seguridad social en salud, todas calificadas como amenazas a la economía; de la política hacia la producción, comercialización y consumo de sicoactivos, cuya mirada humanista hacia el campesinado, realista frente al negocio y de salud pública es presentada como la promoción de un “país cocalero” y de consumidores.


La política de paz total, loable iniciativa en la búsqueda de desactivar o reducir los múltiples factores de violencia, es refutada de manera canalla como una entrega del país al narcotráfico y como la oficialización del respaldo guerrillero al gobierno, ambos infundios sin asidero fáctico. Con una operación de “fake news” se logró relativizar el contundente informe de la Comisión de la Verdad. La propuesta de justicia restaurativa se recibe con burlas y distorsiones sin reparar los costos y el hacinamiento inhumano en los centros carcelarios, la inflación normativa por el populismo punitivo y el rebosamiento y desfinanciamiento del sistema judicial.


La política internacional de autodeterminación, no intervención de asuntos de otros países, integración latinoamericana y caribeña y alianza mundial para enfrentar los problemas de criminalidad, drogas y cambio climático, son reducidas a delirios protagónicos, fórmulas subrepticias de constituir alianzas de un fantasmagórico comunismo y hasta complots de una perversa cofradía mundial que junta a Biden Putin, Musk, Soros, el Foro de Sao Pablo y el Pacto de Puebla para esclavizar el planeta. Visión no por esquizofrénica menos preocupante, porque en tiempos de cambios agitados se acomoda más fácil a la mente de una población con un alto analfabetismo funcional y político.


Si bien el gobierno es partidario del acuerdo, el diálogo y el consenso, es evidente que el statu quo juega en contra a fondo y, a veces, se impone, si no hay instalada en la opinión una argumentación contundente que respalde esas iniciativas para lo que es definitivo contar con estrategias de comunicación contundentes y con medios adecuados para su implementación. Por supuesto, esta necesidad trasciende la oferta de información que sobre la actividad presidencial y de los entes de gobierno ofrecen las instancias oficiales.


En Colombia es evidente el desbalance en la propiedad y disposición de medios de comunicación masiva. Casi en su totalidad están en poder de cuatro conglomerados económicos que se reparten mayoritariamente las audiencias. Si bien las redes sociales, los medios alternativos y comunitarios y las iniciativas del periodismo independiente han rasgado en algo en el velo y aumentan su impacto, aún están en incapacidad de afectar o determinar la agenda como lo hacen los grandes medios tradicionales de alto consumo en el país.


La gran concentración en la propiedad y conducción de los medios de comunicación es un dique a la construcción de una democracia deliberante y participativa. La democratización de este sector, mediante una legislación que facilite y promueva la creación y funcionamiento de alternativas comunicativas es una tarea pendiente del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico, la más representativa de los sectores interesados en cambios en la estructura comunicacional, tanto en disposición de medios como en la orientación de contenidos. Las fuerzas progresistas también están en mora de agenciar un aparato mediático acorde con su potencial.


Los aparentes apuntes sarcásticos sobre un lapsus del presidente o la vicepresidenta, la forma de vestir o hablar, la identidad sexual y de género o la identidad ideológica de los funcionarios, no son inocuos, están —como las filtraciones y montajes— dirigidos a rebajarlos moralmente ante la opinión para debilitarlos y, en el momento oportuno, mediante cualquier tipo de escándalo, asestar el golpe. Casos cunden en el vecindario. El partido más nocivo hoy es la derecha mediática.


 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.