La crisis de la política antinarcóticos

Por: Walter Aldana  Político social alternativo 


Y fue en el punto 4 del Acuerdo de Paz, que contenía la agenda para la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que se consignó una política denominada plan integral de sustitución, y una institucionalidad conocida como Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).


A partir del 2017, y como fruto del acuerdo entre la antigua guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, se determinó la construcción de estos escenarios, que además contarían con la representación de las y los pequeños productores de coca, marihuana y amapola (COCCAM), así como de otras organizaciones sociales. En el anterior espacio mencionado se determinó la ruta para implementar el programa PNIS, concertado entre los participantes y con la compañía de la cooperación internacional de Naciones Unidas y la MAPP/OEA.


Con antelación, se había vivido la aspersión aérea desde los años 2000 hasta el 2015, cuando la honorable Corte Constitucional suspendió dicha actividad con el uso del glifosato como químico que venía siendo utilizado aéreamente.


En la presente coyuntura de paro nacional, se han movilizado las y los pequeños productores de hoja de coca. En nuestro caso, para discutir en la mesa campesina, social, popular y comunitaria del departamento del Cauca (reconocida en el decreto 0250-06-2021), han presentado aspectos relacionados entre sí, como los que continuación cito: “Demandamos la derogatoria del decreto 380 del 12 de abril de 2021, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones. Demandamos la Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos – PNIS. Demandamos la implementación de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Demandamos el acceso a la propiedad de la tierra rural y la gestión territorial para la alimentación del fondo de tierras”.


Según lo anterior, que la exigibilidad de derechos no sea solo con relación a la aspersión, sino que cobije temas como el acceso a la tierra y la implementación de los PDET, es muestra de la visión integral que tienen los sectores campesinos marchantes. Y con ello se debería borrar la estigmatización de que su interés es el del narcotráfico. Se puede leer fácilmente que ha sido la lejanía territorial y la falta de oportunidades lo que les ha obligado a utilizar el cultivo de estos productos para su subsistencia.


Hay gato encerrado en el manejo de cifras: en el 2019 se tenían sembradas en el país, según el ministro de justicia Wilson Ruiz, 154 mil hectáreas de hoja de coca. En diciembre del 2020, el presidente Duque anunció la erradicación manual de 130 mil. Se tendría entonces, para el 2021, 24 mil hectáreas. Digamos se volvieron a resembrar 80 mil, lo que da como resultado un total de 104 mil hectáreas plantadas a la fecha de hoy. No me explico cómo dice la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca que “Colombia tiene récord de 245 mil hectáreas sembradas en 2020”.


Lo real es que la voluntad de sustituir (no de erradicar forzosamente) aún existe en pequeñas y pequeños productores (con grandes personas productoras es otra cosa). En quien no existe esa voluntad, y lo digo con especial énfasis, es en el Gobierno que viene haciendo trizas los acuerdos.