Por: Laura Cano Periodista de Pares
Es un hecho: la Copa América no se realizará en Colombia. Esto luego de una serie de hechos como, por ejemplo, un primer aplazamiento que se dio en el 2020 —año en el que estaba previsto realizarla entre el 11 de junio y el 11 de julio— y que, a raíz de la pandemia, tuvo que ser aplazada para el 2021.
En lo referente a la pandemia los cambios no han sido muchos: Colombia sigue atravesando por un tercer pico, y Argentina —país con el que se realizaría conjuntamente este certamen— pasa por uno de sus picos más altos de contagio (con 54 casos por cada 100.000 habitantes), lo que llevó a que el presidente Alberto Fernández anunciara un confinamiento total por nueve días.
No obstante, y como es bien sabido, en el caso colombiano no solamente son los problemas sanitarios los que han llevado al rechazo del certamen deportivo. A esto se han sumado otra serie de hechos de orden social y político, por lo que hoy varios sectores celebran que finalmente se haya decidido que Colombia no sea sede de la competición.
La determinación fue comunicada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organismo que informó esto como parte de la respuesta a una petición del Gobierno colombiano en la que solicitaba que la Copa América fuera reprogramada una vez más y se disputara en noviembre. Así las cosas, la respuesta del organismo continental fue que no era viable ese cambio de fecha debido al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo.
Tras esto, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, manifestó que la decisión tuvo que ver, precisamente, con las condiciones para jugar la competencia con público en los estadios. Además, hace algunas horas, a través de Semana, aseveró que otra de las razones tuvo que ver con una campaña para “hacernos ver como un país violador de derechos humanos y que por esa razón no se podía llevar a cabo la Copa América en Colombia”. Por otro lado, respecto al dinero que ya había invertido el Gobierno para que la Copa América se realizara en el país —12.500 millones de pesos—, Lucena sostuvo que esos recursos seguirán siendo destinados para una inversión en los estadios.
Adicionalmente, hay que mencionar que todavía no se tiene claridad sobre los países en los que se realizará el torneo, pero en principio todo parecería indicar, a pesar del problema de salubridad que hay en Argentina, que se realizaría en su totalidad en este país.
El entramado detrás de la cancelación de la Copa América en Colombia
Si bien es un hecho la crítica situación de contagios de covid-19 en el país, que a la fecha suma 104.273 casos activos, 3.177.212 casos confirmados durante la pandemia y 83.233 muertes —por lo que es válido decir que una de las razones que llevó a la suspensión tiene que ver con el riesgo del público en los estadios—, esta razón no deja de lado la situación social y de orden público en el país. Es precisamente esta realidad la que pareciera querer taparse desde el Gobierno Nacional. Muestra de esto son las afirmaciones de Lucena y, además, la constante insistencia que se tenía con realizar la Copa América en el país, ignorando lo que pasa en Colombia. Incluso la situación de crisis ya se había evidenciado en los partidos realizados en territorio nacional, en el marco de la Copa Libertadores, y que se vieron afectados por la entrada de gases lacrimógenos a las canchas. Fue este el caso, por ejemplo, del partido entre América de Cali y Atlético Mineiro, el cual tuvo que detenerse más de una vez.
Asimismo, hay que recordar que otra de las insistencias en las calles durantes los últimos días fue, justamente, que no se realizara la Copa América en el país. En la realización del certamen se señalaba, por parte de diversos sectores, una instrumentalización del fútbol para intentar borrar, a nivel nacional e internacional, la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país. Por esto, se podría decir que es otro triunfo de la movilización social que finalmente esto se haya dado.
Es necesario cuestionarse por qué el Gobierno nacional no bajó la guardia, ni en el último minuto, para declinar la posibilidad de que se llevara a cabo el campeonato en el país: ¿qué mensaje internacional quería enviar? ¿A quién beneficiaba el certamen en territorio nacional?
Para lo anterior hay que señalar varias cosas: por un lado, el papel social que ha tenido históricamente el fútbol, como el deporte más popular y el más allegado a la gente. Sin embargo, para muchas personas, la realización de este evento significaba convertir un deporte un herramienta para querer borrar en el ojo mediático lo que pasa en las calles —en las que según Temblores ONG, desde el 28 de abril al 21 de mayo, se habían cometido 2.905 casos de violencia por parte de la Policía, institución que en las últimas semanas ha brillado por su desconocimiento de la protección del cuidado a la ciudadanía—.
En la historia se pueden encontrar hechos similares en los que este deporte ha estado en estrecha relación con crisis sociales. Por ejemplo, el nacimiento del Fútbol Profesional Colombiano, en medio de la crisis desatada en 1948 por el Bogotazo; el mundial de fútbol que se organizó en Argentina, en 1978, en medio de la dictadura de Jorge Rafael Videla; o la Copa América que se jugó en Colombia en 2001, de la cual la selección nacional salió campeona mientras tambaleaban los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno de Andrés Patrana, quien había hecho de eso su bandera política.
Por otra parte, hay que recordar que la FIFA tiene prohibido enviar mensajes de tipo político, religioso y/o de propaganda, lo que parecería además jugarle a favor durante este tiempo al Gobierno nacional que, sin embargo, no ha pasado invicto pues durante este tiempo comentaristas e incluso jugadores como Edinson Cavani no han sido ajenos a lo que pasa en Colombia y han hecho eco a la crisis social en sus diversos espacios.
Por otro lado —y no ajena a todo esto— está la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a quien la Conmebol agradeció en su comunicado sobre la cancelación de la Copa América. Más precisamente la comunicación hizo referencia a Ramón Jesurún, quien además de ser el presidente de la FCF también estuvo relacionado con la cartelización de la venta de la boletería para partidos de eliminatoria al Mundial Rusia 2018. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) condenó a la FCF y a varios de sus directivos con una multa de más de 18.000 millones de pesos por inferir en que TicketShop estuviera encargada de la operación de comercialización de las boletas durante las Eliminatorias, y así asegurar la posterior reventa de la boletería a precios muy superiores a los inicialmente establecidos.
Todo esto podría ser trasversal a la insistencia de Iván Duque de realizar la Copa América en Colombia, además de lo que económicamente significaba la realización del torneo —donde no es un secreto que, en la mayoría de las veces, lo que brilla es la corrupción—. Así las cosas, por la no invisibilización de la situación social del país y por evitar desviar el debate mediático y la agenda política del país, esta decisión puede ser una piedra en el zapato para Iván Duque y su gabinete, pero una ganancia para quienes están en las calles movilizándose y exigiendo cambios, aun cuando esto significa un constante riesgo de ser una víctima más de la violencia policial, que es lo que debería ser el eje central de lo que se está diciendo del país.