Por: Esteban Tello, investigador Universidad Católica de Cali.
Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 01 de enero del año 2016 la firma del Acuerdo de Paz hasta el 31 de octubre de 2018, han sido asesinados 191 líderes sociales en el país, de los cuáles 14 residían en el departamento del Chocó. Es por esto que los líderes de sur del Chocó reclaman una respuesta adecuada de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, la cual, según ellos, desconoce e ignora las condiciones especiales de los municipios de este departamento, así como las funciones que cumplen estos líderes y la presencia de grupos armados ilegales en las zonas rurales. En el territorio tienen presencia la guerrilla del ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC –, quienes principalmente operan y controlan las vías fluviales.
De acuerdo con los líderes que realizan su trabajo en los municipios de la cuenca del Río San Juan, actualmente no están recibiendo las medidas de protección adecuadas por parte de la UNP; pues, según ellos, los dejan expuestos frente a los grupos armados ilegales de su territorio debido a la poca capacidad de reacción y la nula comprensión de las particularidades de sus municipios, donde además se le suma la poca presencia de las autoridades.
Una fuente del departamento del Chocó*, menciona que es necesaria la implementación de nuevas estrategias de seguridad; pues dichos líderes han denunciado que las medidas de protección son insuficientes, revelando que, paradójicamente, se les entrega un celular en zonas donde no hay cobertura y un chaleco antibalas que los vuelve foco de mayor atención y los deja más expuestos.
Por estas razones, es necesario que la UNP considere políticas específicas que tengan en cuenta las particularidades de su territorio y las dinámicas de su trabajo, en especial, que contemplen las visitas a las comunidades ribereñas, en donde pueden encontrarse mayormente con grupos armados ilegales que controlan e imponen horarios para el movimiento de embarcaciones. Varios de los ciudadanos protegidos se han visto en la necesidad de imponer acciones judiciales urgentes ante la justicia, para así obligar a los organismos gubernamentales a mejorar su protección.
A pesar de que los tribunales parecen haber puesto atención a este llamado, pues las respuestas de las tutelas empiezan a señalar la necesidad de que la UNP mejore las medidas frente a la situación de hostigamiento que hoy existe en el país, aún no se han empezado a implementar dichos cambios en los mecanismos de protección, dejando nuevamente vulnerables a los líderes y con ellos, a las funciones que cumplen en las comunidades ribereñas, como hacer denuncias sobre la situación de pobreza, abandono de sus poblaciones, y la presencia de los grupos armados ilegales que ejercen control sobre estas zonas.