Por: Laura Cano
Periodista - Pares
“El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio #NoEsHoraDeCallar”
Jineth Bedoya
Estas fueron las palabras de la periodista Jineth Bedoya, quien, luego de una lucha de más 20 de años, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontrara responsable al Estado colombiano “por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima", así como por los abusos sexuales de los que fue víctima el 25 de mayo del 2000.
Esta decisión llegó luego de que la Corte hallara “indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos". Además, desde órgano judicial se precisó que “El Estado era conocedor de la situación de riesgo real e inminente de que Bedoya pudiera ser objeto de un ataque que pusiera en peligro su vida o integridad”. Además, en el marco de este proceso, se declaró la responsabilidad internacional del Gobierno colombiano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por no haberse realizado, de manera oportuna y efectiva, la debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre los hechos.
Con esta decisión, se establecieron una serie de medidas que el Estado colombiano debe acatar, entre las que están: la financiacón del proyecto de Bedoya “No es hora de callar”, la creación de un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, así como impulsar las investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido en el caso de Bedoya. Además, se dispuso que el Estado deberá garantizar la difusión del programa trans-media “No es hora de callar”, durante 5 años, desde su primera emisión. Adicionalmente, se deberá crear e implementar, en el plazo de dos años, un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia, basadas en género, que afectan a las mujeres periodistas, además de proteger a las que se encuentran en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores de estos hechos victimizantes.
A esto se suma que se deberá diseñar e implementar, en el plazo de un año, a través del organismo estatal correspondiente, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas, y se deberá crear un fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género.
Hay que señalar que, luego de que fue conocida la sentencia, desde el Gobierno nacional se pronunció el presidente Iván Duque, quien en su cuenta de Twitter afirmó: “Una vez más el Estado colombiano rechaza toda agresión física y psicológica contra las mujeres. Jineth
Bedoya jamás debió ser secuestrada y torturada. La sentencia de la CIDH se cumplirá en su totalidad, como siempre Colombia lo ha hecho". Por su parte, a través de RCN Radio, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aseguró que esperan cumplir en el menor tiempo posible con lo estipulado en este fallo: “la Corte IDH tomó una decisión muy importante que lleva primero a que todos los colombianos debamos rechazar cualquier agresión no solo en las mujeres periodistas sino a cualquier mujer. (...) Se cumplirá la sentencia, que valora positivamente el hecho de que Colombia aceptara parcialmente la responsabilidad. Colombia acatará la sentencia con la velocidad que sea posible y ojalá antes de los plazos que le fijará la Corte”, aseveró el funcionario.
Al respecto de esta situación, María Victoria Ramírez, encargada de temas de género en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señala: “Hay que decir, sobre la decisión de la Corte, que la persistencia de Jineth Bedoya, dando una batalla durante 20 años para obtener justicia es algo de admirar, de resaltar y de acompañar. El fallo es justo, necesario y sienta un gran precedente. Jineth hizo de su drama personal una bandera política y una consigna para hacer visible el abuso sexual como arma de guerra en el conflicto armado colombiano, y eso es muy valiente y tiene un precio muy alto. El costo en su salud mental y física por los vejámenes a los que fue sometida, no solo el día de la agresión, sino a través de estos años de negligencia de la justicia colombiana, son evidentes, dolorosos y una muestra de lo difícil que puede ser reconstruir una vida si no hay justicia y reparación a tiempo”.
Los hechos a la luz de la decisión de la CIDH
El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta, a marzo de 2021, más de 7 millones de víctimas sujeto de reparación. Más del 50% de estas personas son mujeres. Asimismo, se registra que hay, al menos, 33.026 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 29.035 son mujeres. Precisamente, entre las mujeres que sufrieron, a través de su cuerpo, integridad y dignidad, las consecuencias de la guerra en Colombia, está Jineth Bedoya, quien en mayo del 2000 se encontraba adelantando una investigación sobre los hechos de violencia desatados entre 1999 y 2003 en la Cárcel La Modelo. Estos sucesos violentos, ocurridos al interior del centro penitenciario, habrían dejado cerca de 300 personas privadas de la libertad asesinadas, y, al menos, 100 desaparecidas.
En el marco de esta situación, se perpetró una masacre en el centro penitenciario, el 27 de abril del 2000, poco menos de un mes antes de lo ocurrido con Jineth Bedoya. En dicha masacre, que duró aproximadamente 38 horas, hubo cerca de 32 personas privadas de la libertad muertas y 17 heridas. Para ese momento, la periodista Bedoya, que cubría temas de conflicto para El Espectador, investigaba lo que sucedía dentro del penal en relación con el tráfico de armas y las desapariciones. Para esto, alias ‘El Panadero’, quien se encontraba recluido en dicha cárcel, accedió a responder una entrevista. No obstante, Bedoya ni siquiera alcanzó a ingresar a la Modelo, cuando hombres la retuvieron, la drogaron y la raptaron, durando alrededor de 16 horas desaparecida.
Sobre Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, quien supuestamente le daría la entrevista a la periodista, hay que señalar que fue uno de los encargados de sembrar terror en Barrancabermeja durante la década de los 90, cuando hizo parte de las Milicias Bolivarianas de las FARC. Pagó tres años de cárcel por rebelión, de allí salió y cambió de bando, pues poco después integraría el ‘Bloque Central Bolívar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.
A finales de los 90, fue detenido nuevamente luego de que se le encontrara responsable de ser uno de los perpetradores de la masacre del 16 de mayo de 1998, en Barrancabermeja, en la que ocho personas fueron asesinadas y tres jóvenes terminaron desaparecidos. No obstante, dentro de la cárcel continuaba con sus acciones delictivas, y fue justamente el que le siguió los pasos a Bedoya, tendiéndole una trampa que llevó a los hechos a los que sometieron a la periodista, que luego de ser retenida, cuando se disponía a entrar a La Modelo para la entrevista, fue víctima de violencia física, sexual y psicológica. Posteriormente, fue dejada en la vía que conduce a Villavicencio.
Desde ese momento, la periodista empezó una dura batalla para que se hiciera justicia. No obstante, pasaron 11 años y tres meses hasta que una fiscal dio el primer paso (esto después de que, en 2012, se presentara un cambio de fiscal en el caso). Así, al proceso fueron vinculadas las únicas tres personas que han sido condenadas hasta ahora: los exparamilitares Alejandro Cárdenas, alias ‘JJ’, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevo de Pizca’, condenados a 30 y 40 años de cárcel, respectivamente, y ‘El Panadero’, sentenciado a 28 años de prisión. Es necesario mencionar que las investigaciones han indicado que serían, al menos, 25 las personas implicadas en estos hechos (entre autores materiales y determinadores), de las cuales solo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales. Pero en el caso de los autores intelectuales y cómplices, son pobres los avances. Vale la pena traer a colación que, en entrevista con El Tiempo, Pedro Vaca, abogado de la periodista y director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explicó que entre los implicados estarían miembros del INPEC, Policía y Ejército.
Por otra parte, hay que recordar que fue la inacción del Estado, en el proceso de investigación, lo que llevó a Jineth Bedoya a elevar su caso a la escena internacional en 2011. Junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la periodista presentó una petición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de casi ocho años analizando el caso, la CIDH decidió someterlo a la Corte al evidenciar “serie de violaciones de derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión”.
Además, en julio de 2019, se comunicó desde la CIDH que este órgano “concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial ya que no actuó con la debida diligencia en la investigación luego de sucedido los hechos. Ello, debido a que existieron largos periodos de inactividad probatoria, y omisiones en la recaudación de prueba clave y su valoración oportuna, lo cual dio lugar a una investigación preliminar que no logró el esclarecimiento de los hechos ni la identificación de los responsables al menos durante 11 años. La CIDH consideró que las investigaciones y procesos penales revictimizaron a la periodista Jineth Bedoya, no se llevaron a cabo dentro de un plazo razonable y no cumplieron con los estándares internacionales para la investigación de delitos de violencia sexual. A su vez, la Comisión concluyó que la ausencia de una investigación diligente por 18 años afectó la integridad psíquica y moral de la madre de la periodista”.
Este caso se convirtió en el primero de violencia sexual, ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia, que llegó a un tribunal internacional, abriendo la vía para que otras víctimas busquen justicia en esas instancias. Además, también fue el primer caso que contempló la situación de las mujeres periodistas que ejercen su oficio en contextos de conflicto armado.
Justamente, es importante recordar que, durante el inicio de la audiencia pública virtual por este caso, los representantes del Gobierno se retiraron del juicio, argumentando que: “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…). Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, tal como dijo en su momento Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Posteriormente, el mismo funcionario le ofrecería una “solución amistosa” a la periodista. Otra afrenta en este caso.
Estos han sido solo algunos de los pasos que ha tenido que dar la periodista Jineth Bedoya, enfrentándose, en todo este largo proceso, a una constante revictimización y retrocesos en una investigación que debió ser priorizada y resuelta con efectividad, durante estos más de 20 años, para poder dar con una reparación integral. No obstante, hoy se celebra esta decisión tomada por la CIDH, no solo por el esclarecimiento de la responsabilidad que se le atribuye al Estado en este caso particular, sino también por lo que significa para las miles de mujeres que fueron víctimas de toda clase de violencias, entre ellas la sexual, durante el conflicto armado en Colombia.
“Espero que luego de este triunfo en los tribunales internacionales, el Estado colombiano cumpla. La misma Jineth ya lo expresó. Ahora viene la batalla para que Colombia repare a Jineth y, junto a ella, a las demás víctimas de este delito”, concluyó María Victoria Ramírez.