Por: Redacción Pares
Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP realiza en Medellín la audiencia para indagar por los restos de los desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango. A través de esta audiencia se quiere ampliar la información e insumos necesarios para determinar si se dictan medidas cautelares en lugares en los que se presume habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que se ubican en municipios de influencia del proyecto Hidroituango.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP requiere precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, ubicar lugares formales e informales de inhumación de personas dadas por desaparecidas y determinar el número de cuerpos exhumados, identificados o no, en esos municipios.
Los antecedentes
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Entre los lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto Hidroituango.
La JEP ha solicitado información sobre este tema a varias instituciones públicas y privadas de carácter nacional, regional y local, buscando acopiar la mayor cantidad de información posible sobre el asunto. Así mismo, le solicitó al Movice y al movimiento Ríos Vivos ampliar la información suministrada, con el fin de determinar los lugares de efectiva inhumación y los niveles de riesgo naturales o por acción humana a los que se enfrentan.
Luego de un proceso de indagación que ha tomado más de un año, la JEP ha recibido información por parte de la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Defensoría del Pueblo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP, la Fundación EQUITAS y las alcaldías y personerías de los municipios en zona de influencia del proyecto Hidroituango.
Tras la verdad de los desaparecidos
En noviembre de 2018, cientos de familias de la región denunciaron que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres.
«Queremos manifestar nuestro profundo deseo y empeño para que los objetivos de esta Audiencia se logren y podamos avanzar en la respuesta que ustedes madres, esposas, hijas, familiares, allegados, habitantes del territorio han clamado por tanto tiempo. La JEP está empeñada en su tarea y desafío: sembrar verdad para cosechar paz»manifestó en la audiencia de este martes 8 de octubre el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar.
En ese sentido, el magistrado Salazar agradeció a las comunidades de la región por depositar su confianza en la JEP, y reivindicó el compromiso de la JEP por conocer la verdad de los desaparecidos en la zona. Y agregó que como consecuencia de la falta de respuesta de dependencias del MinInterior (Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y Dirección de Consulta Previa), se activará por parte de esta Sección los poderes correccionales que se tienen como autoridad judicial.
"Quiero saludar, especialmente, la presencia altiva de los habitantes de los municipios de Ituango, Peque, Valdivia, Sabanalarga y Toledo, así como a los demás miembros de las comunidades de esas extensas pendientes que son el río Cauca y sus laderas": magistrado Gustavo Salazar. pic.twitter.com/Z57B8xASo1 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 8, 2019
Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, señaló que «La Unidad de Búsqueda acordó con la JEP apoyar técnicamente el análisis de los riesgos, para lo cual constituimos una mesa técnica para prestar asistencia a la Jurisdicción».
«Dar sepultura al desconocido es una forma de reivindicar la humanidad nuestra a partir de la humanidad del otro» señaló el magistrado Gustavo Salazar, quien preside audiencia para indagar por los restos de los desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango
Por su parte, el Movice y el Movimiento Ríos Vivos, en su calidad de peticionarios de la medida cautelar, han formulado preguntas a las instituciones públicas y privadas sobre las acciones y medidas emprendidas para precisar el universo de víctimas de desaparición forzada.
Hay que recordar que el río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. El controlde la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.