Jóvenes: La primera línea

Por: Guillermo Segovia  Abogado, periodista y politólogo 


En el nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril —y aún con un horizonte incierto— hay un actor indiscutible, notorio, valorado por la gente y aún desconocido e ignorado desde el gobierno: las y los jóvenes. Lo son, de nuevo, como lo fueron en las jornadas de 2011 en las que la Mesa Nacional Estudiantil obligó al gobierno Santos a engavetar una propuesta privatizadora de la educación pública; o en las noches de agosto de 2013 en las que, a punta de cacerolazos y plantones en la plazas de Bolívar y Tunja, le demostraron a ese mismo Gobierno su respaldo al paro agrario cuando Santos dijo que este era inexistente; y en las semanas durante las que acompañaron a Gustavo Petro, luego de su abusiva destitución de la Alcaldía de Bogotá por el Procurador de entonces, hasta su restitución.


Fueron las y los jóvenes quienes, tras las primeras reacciones de tristeza e indignación, con una movilización sentida y comprometida, les dieron un segundo aire a los acuerdos paz ante el sorpresivo e insólito triunfo del No en el plebiscito de 2016. Esto le dio a Santos un margen de maniobra y la posibilidad de recomponer el escenario político para sacarlos adelante. Y, liderados por la UNESS y la Acrees, apenas despuntaba el gobierno uribista de Iván Duque en octubre de 2018, las y los estudiantes del país se movilizaron los estudiantes por un pliego de peticiones que tenía como objetivo central el compromiso de orientar recursos para evitar la catástrofe financiera de las universidades públicas (lo cual se logró en el papel, pero parcialmente en las ejecuciones).


El desconocimiento de la filosofía de los acuerdos de paz, la avanzada de reformas como la tributaria, la pensional y la laboral, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento de sucesivos gobiernos a los compromisos adquiridos con comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y de cultivadores de coca, entre muchos otros factores motivaron a las organizaciones sindicales, con el respaldo de otros sectores, a convocar el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019. A través de distintas formas de protesta y una activa participación del artistas sensibles y comprometidos con el activismo social, esta movilización se prolongó cerca de 2 semanas, culminadas con el impactante concierto “Un canto por Colombia”.


La juventud lanzada a las calles, de nuevo, conmovió al país con su entusiasmo inagotable y sus nuevas formas de expresión. Quedó para la posteridad el nombre de Dylan Cruz, joven asesinado en Bogotá por un agente del escuadrón antidisturbios. Las actuaciones aberrantes del Esmad han convertido la necesidad de su disolución y de una reforma policial en otra reivindicación por perseguir. Esta vez exigían el cumplimiento de lo acordado el año anterior y reiteraban la necesidad de una reforma democrática del crédito educativo, la condonación de gravosos intereses, el presupuesto para la ciencia y la investigación, y universidad pública universal y gratuita.


Una maniobra palaciega sirvió al gobierno Duque para contener por un tiempo la protesta: la convocatoria a una “conversación nacional” de cuyos resultados no se hicieron ilusiones las organizaciones participantes. La pandemia declarada por el covid-19 sirvió de anestesia parcial, pero las medidas gubernamentales para conjurarla apenas le dieron tregua. La poderosa Minga Indígena se hiso sentir a mediados del año pasado, y el asesinato en un puesto de policía de Javier Ordóñez, en Bogotá, desató la indignación juvenil con un resultado trágico ante la descomunal reacción policial aún impune.


Con más de la mitad de su mandato a cuestas, el Gobierno, que se promovió como “de la juventud”, después de la firma de los acuerdos con las y los universitarios en octubre del 2018, apenas se volvió a acordar de la mitad de la población del país con el Paro N21, para convocarla a la distractiva “conversación” y anunciar un documento Conpes de Política de Juventud (aún en veremos). Ante la gravedad de la situación socioeconómica de los y las jóvenes, agravada por los efectos de la pandemia en educación, empleo e ingresos, el aumento de la pobreza y la indigencia, todo fue indiferencia, largas y demagogia.


Las condiciones estaban dadas para que la juventud volviera tener una actuación protagónica en el paro nacional convocado para el 28 de abril que, trayendo al presente las demandas suspendidas con la “conversación” y la pandemia, se encontró con el trámite de una reforma tributaria que por diversos factores —entre otros la tozudez despótica del gobierno— radicalizó las expresiones de protesta al punto que ni su retiro ni la renuncia del ministro de Hacienda trajeron calma. La última en caer fue la reforma privatizadora de la salud.


La juventud de sectores populares del país sufre en forma despiadada los efectos de la crisis: la discriminación social y racial imperante en ciudades como Cali, el trato prejuiciado, abusivo y violento de la policía. En ese entorno, han venido surgiendo distintas formas organizativas que procuran la seguridad y defensa de sus territorios a la vez que hacerse sentir en un grito desesperado provocado por la exclusión y el marginamiento. A ese estallido social, el Gobierno, a través del Esmad y la Policía, ha respondido de manera cruel y desproporcionada, tal vez con la idea de generar escarmientos que disuadan el alzamiento. De otra parte, por su cuenta, se deshace en anuncios de programas hasta hace poco impensados.


Cientos de miles de jóvenes colman avenidas y plazas cubiertos con la bandera de Colombia. Se han atrincherado en varias ciudades del país: en vías cruciales de sectores populares como Puerto Resistencia, la ya mundialmente famosa rotonda de Aguablanca, en Siloe o en la Loma de la Dignidad, como han rebautizado sus lugares en Cali. Allí, dispuestos en formación de defensa, jóvenes que constituyen la “primera línea” contienen los ataques de la fuerza pública, mientras a sus espaldas otros grupos los pertrechan, asisten en primeros auxilios y, en conjunto, comparten solidariamente en ollas comunitarias —atendidas por madres y compañeras con apoyos del vecindario—, bailan salsa y cantan rap. ¿Qué pretenden? Hacerse sentir y respetar.


Los enfrentamientos entre manifestantes, la gran mayoría adolescentes, y la fuerza pública, que intenta controlarles y recuperar calles, vías y evitar ataques a estaciones, arrojan cerca de medio centenar de muertos. Entre estos, los casos de Marcelo Agredo, baleado por un policía en Cali, Lucas Villa, artista y deportista tiroteado por francotiradores en Pereira, Sebastián Quintero, impactado por una granada aturdidora disparada por el Esmad durante las protestas por la detención y posterior suicidio de la joven Alison Salazar, quien denunció que había sido abusada por los agentes en Popayán, y Santiago Murillo asesinado por otro policía en Ibagué, entre otras vidas perdidas.


A esa cifra luctuosa se suman la denuncia de cerca de 500 desapariciones, otros 18 casos de abuso sexual, 28 impactos en los ojos y más de mil casos de lesiones causadas por artefactos cuya utilización ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Sin descartar que muchos casos de disturbios sean generados por células subversivas, es indudable —y los medios y redes lo muestran— que la mayor parte de estas víctimas fueron afectadas por la fuerza pública en refriegas contra manifestantes.


La decisión de cómo se trata una protesta social la determina el Gobierno y, en mucho, depende de su legitimidad y fortaleza. En el caso colombiano, es un derecho constitucional reglamentado en la ley de seguridad ciudadana y protegido por sentencias de la Corte Constitucional (la más reciente de las cuales, frente a abusos de la policía en las protestas del 2019, dio directrices al gobierno —que las acomodó a su criterio— para garantizar ese derecho). Sobra hablar del exabrupto de la magistrada que pretendió prohibir las movilizaciones en curso.


Tanto Iván Duque como los funcionarios relacionados con el manejo de gobierno y seguridad —en su mayoría gente joven— están matriculados en una comprensión de la protesta social como asunto de orden público, asociado con la visión uribista de tratar la inconformidad no tramitada por conductos oficiales como estrategia terrorista —así como interpreta la paz negociada—. La última “explicación” teórica de esa mirada totalitaria es la “revolución molecular dispersa” con la que intentan interpretar los paros y protestas.


De ahí que el ministro de Defensa, Diego Molano, refiera a menores en la guerrilla como “máquinas de guerra” y contrate una estrategia de comunicación para “transformar la mentalidad hacia imaginaros de legitimidad”; que el ministro del Interior, Daniel Palacios, como su partido Centro Democrático, hablen de una “estrategia de desestabilización”; que el consejero de Paz, Miguel Ceballos, patrocine en la Esap una cátedra de la mansedumbre y la “doctrina social”; y que el consejero de Seguridad, Rafael Guarín, pretenda la creación de una coordinación gubernamental de la lucha antiterrorista y una estrategia de comunicación preventiva.


Es una visión contrainsurgente de la sociedad, de “enemigo interno”. Les cuesta aceptar como interlocutor legitimo a un sector social que, como la juventud, está cuestionando las instituciones, reclamado su inclusión a partir de su identidad y cultura, y exigiendo cambios en todos los órdenes de la vida en sociedad con su participación. Han asumido el consejo del gran humorista asesinado, Jaime Garzón: “Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Nadie”


Quien asuma la realidad de la juventud se dará cuenta de que hace tiempo cambió la conformación socioeconómica, poblacional, educativa y cultural del país. Y se dará cuenta, también, de que es a partir de allí que se debe construir la agenda del futuro.

Como hechos simbólicos de la resistencia, las y los indígenas Misak han derribado estatuas de crueles invasores como Sebastián de Belalcázar (en Popayán y Cali) y Jiménez de Quesada (en Bogotá); en Neiva, jóvenes tumbaron el monumento a la Raza y la estatua de Misael Pastrana; en Popayán, la del esclavista Julio Arboleda; en Manizales, la de Gilberto Alzate Avendaño; y, si no se protege con vigilancia especial en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, alma mater de este gobierno, la estatua de Laureano Gómez, instigador de la violencia de los años 50, iba a dar contra el suelo.


Al mismo tiempo, en Pasto fue derrumbada la estatua de Antonio Nariño, precursor de la Independencia y difusor de los Derechos Humanos, y en Cumbal y Guachucal bajaron del pedestal al Libertador Simón Bolívar (en ambos casos por un desencuentro del sur con la historia central). Y, por si fuera poco, en la multitudinaria manifestación en el Monumento a Los Héroes, el 15 de mayo en Bogotá, mientras unos porfiados jóvenes tiraban hacia abajo con cuerdas y le prendían fuego a la estatua ecuestre de Bolívar, otros pintaban al costado la cifra “6.402 héroes” —para referirse a los asesinatos cometidos por el Ejército durante el gobierno Uribe y documentados por la JEP— y, en el frente, el rostro épico de Alison Salazar, la joven vejada por la Policía en Popayán. Y en cuerpos y en paredes pintaban la bandera de Colombia con el rojo arriba: para que no se olvide la masacre. Un cúmulo de hechos cuya carga simbólica no puede ser una nota más cuando todo está en cuestión.