Por: Laura Cano
Periodista Pares
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al excongresista Eduardo Pulgar Daza por sobornar a un juez de la República en Usiacurí, Atlántico. A Pulgar se le encontró responsable de ser autor del delito de tráfico de influencias y cohecho para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de la disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
“Se demostró de manera fehaciente que el fin perseguido por Pulgar Daza era influenciar y desviar a favor de sus patrocinados la administración de justicia que en ese momento estaba en cabeza de Rodríguez Cáez, cometidos con los que el disciplinado, tal y como se lo expresó el otrora juez de Usiacurí, se beneficiaría a la postre pues esas personas a favor de quienes estaba tratando de corromper al funcionario judicial le aportarían dinero, becas y puestos para su campaña electoral de 2018“, advirtió la Procuraduría.
Esta decisión se suma a otras que han ido en vía de buscar que el político pague por su delito. Entre esas, hay que recordar que en junio de 2021 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a más de cuatro años de prisión, pena que cumple en La Picota y a la que se le sumó la orden del pago de una multa de 178.74 salarios mínimos legales mensuales. En octubre del mismo año, el Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24 del alto tribunal, decretó la pérdida de investidura de Eduardo Enrique Pulgar Daza. Ahora, con la actual decisión de la Procuraduría, queda ratificado que el implicado no podrá volver a ejercer cargos públicos por el periodo de tiempo de la inhabilidad.
Hay que recordar que Pulgar había sido elegido senador para los períodos 2014-2018 y 2018-2022, y fue justamente en el desarrollo de este tiempo, más exactamente en 2017, cuando habría ejercido su influencia como congresista para intentar sobornar a un juez.
Las investigaciones en su contra se desprendieron de una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, quien aseguró que Pulgar habría cometido esta irregularidad dentro de su periodo como congresista y en el marco del caso que se desarrollaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que estaba siendo disputado por dos vertientes de la familia Acosta. Por un lado, por el empresario Luis Fernando Acosta Osío, su hermano Juan José Acosta Osío (actual rector de la universidad) y Alberto Acosta Pérez (primo de los anteriores, consejero de la entidad); y, por el otro lado, por Ivonne Acosta Acero y su esposo, Carlos Jaller. Este proceso está relacionado con un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta. Esa herencia es la Fundación Acosta Bendek (FAB), que no solo daría el control de la Universidad, sino también el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.
En este caso, se encontró falsedad ideológica en documento privado a través de unas actas que habrían sido alteradas, motivo por el que Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta permanecen en casa por cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme esa decisión el pasado 1 de julio.
De hecho, vale la pena mencionar que en lo planteado por Camilo Araque Blanco en su Acción de pérdida de investidura, con fecha de marzo de 2021: “según audios y denuncias públicas realizadas por Daniel Coronell en su espacio de información masiva, denominado Los Danieles, el señor Pulgar Daza, en el año 2017, en su lugar de residencia, ubicado en Barranquilla, se habría valido de su condición de senador de la República para reunirse, en compañía del entonces alcalde de Usiacurí, Atlántico -quien además es su amigo personal y subalterno político- Ronald Emil Padilla, con el único propósito de intentar -sin éxito- ofrecerle personalmente la suma de $200 millones a quien en ese momento era juez promiscuo municipal de ese mismo municipio, Andrés Fernando Rodríguez, para que fallara un asunto judicial de conocimiento de su despacho, a favor del señor Juan José Acosta Ossio, con lo que se le permitiera seguir manteniendo el control como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, instituciones que facturaron al año $80 mil millones”.
Hay que recordar que en medio de las audiencias que se han adelantado, Pulgar dijo que no tenía plata para contratar un abogado. “Magistrado: yo quiero solicitarle una ampliación del tiempo, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo el excongresista cuando se le acabó el tiempo para exponer su defensa. Además, para ese momento, aseguró que: “Soy una persona hipertensa, y manejé toda mi presión desde que me detuvieron, en 180–110. Me enviaron medicamentos para tratar de controlar la presión arterial”.
Adicionalmente, durante su defensa, Pulgar dijo que el ofrecimiento de los 200 millones de pesos a un juez de la República en Barranquilla no se hizo en calidad de senador. Puntualmente, aseguró que: “Tampoco se puede inferir la existencia de un influjo psíquico o psicológico sobre el servidor judicial alegando mi condición de congresista, porque el ofrecimiento no estuvo supeditado a mi condición o posible superioridad o poder, por el contrato, el móvil de los hechos fue una contraprestación de carácter económico la cual fue rechazada por el juez”. A pesar de esto hay que poner sobre la mesa que en marzo de 2021, Eduardo Pulgar asistió a una audiencia para aceptar cargos y acogerse a una sentencia anticipada ante el magistrado Marco Antonio Rueda, aceptando los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En medio del juicio disciplinario en cabeza de la Procuraduría durante este año se han cancelado dos audiencias por parte de Eduardo Pulgar, y una por solicitud del INPEC. La primera fue 8 de enero de 2021, cuando el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), desde la cárcel, pidió la reprogramación de la diligencia que había ordenado la Procuraduría desde agosto de 2020 por razones logísticas. Luego, el 24 de enero, cuando se esperaba que Pulgar entregará una versión libre y se defendiera como parte del proceso disciplinario, pero el implicado presentó una incapacidad médica. Posteriormente, a principios de febrero, de nuevo el encuentro se vio obstaculizado, pues Pulgar informó que tenía síntomas de Covid-19.
Ahora bien, otra arista en esta historia es que en marzo de este año fue denunciado por la senadora Angélica Lozano debido a que el destituido director del Inpec, en agosto de 2021, había autorizado, sin ninguna razón de peso, el traslado de Eduardo Pulgar de la cárcel La Picota al batallón militar de Malambo, Atlántico. Luego de que esto se conociera, la familia de Pulgar presentó una tutela para frenar su traslado hacia La Picota, alegando el derecho fundamental y la unión familiar del sindicado por tener arraigo en el departamento del Atlántico. Sin embargo, el Juzgado Primero Civil de Soledad resolvió que “no se vulnera el derecho fundamental invocado con el traslado del recluso, toda vez que el derecho fundamental principal invocado de la unión familiar se suple con las visitas virtuales, se negará el amparo solicitado”. Así las cosas desde finales de marzo se confirmó que Pulgar deberá seguir pagando su pena en La Picota. No obstante, hay que recordar que el pasado 24 de marzo, Eduardo Pulgar fue trasladado a la Clínica La Misericordia de Barranquilla luego de presentar un fuerte dolor en la parte superior del pecho.
Ahora, en medio de esto y sobre la reciente decisión, Camilo Díaz, asistente de investigación de la Línea de Democraci y Gobernabilidad de Pares, asegura que: “Principalmente la inhabilidad y destitución de Eduardo Pulgar hace parte de las medidas tomadas en su contra, tras ya haber sido condenado a prisión por parte de la Corte Suprema. Sobre el caso en el que recae la inhabilidad, el tráfico de influencias es algo éticamente cuestionable, aún más siendo congresista. Que un senador utilice su cargo para favorecer sus intereses, incluso llegando a "alardear" sus contactos en diferentes entidades públicas, son el tipo de acciones que le han quitado credibilidad a la labor de los congresistas. Pulgar hace parte de ese grupo personas que llegan a ostentar un cargo de elección popular y empiezan a abusar de sus funciones y posibilidades. La inhabilidad que pesa sobre Pulgar lleva a cuestionarse también qué tipo de acciones puedan llevar a cabo la recién elegida senadora, Claudia Pérez Giraldo, cuñada y heredera política de Eduardo Pulgar”.
Ahora bien, falta ver qué seguirá sucediendo en este caso, si se seguirán poniendo trabas en medio de las condiciones en las que Pulgar debe pagar su condena, y cuáles seguirán siendo las movidas y jugadas para que el excongresista siga influyendo en la política del país.