Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La promesa de construir una paz con enfoque territorial no se está cumpliendo en Colombia. A pesar de que existen y se avanza en la implementación de los tres pilares que estructuran a este enfoque –los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP)–, factores como los cambios institucionales unilaterales, la lentitud en la implementación y el desfinanciamiento de los programas permiten advertir que el Estado colombiano no se quiere avanzar en la paz territorial.
El enfoque de la paz territorial fue la promesa más importante que se hizo al inicio del proceso de paz con las Farc-ep. En 2013, el Gobierno nacional –en cabeza del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo– se comprometió en la Mesa de Conversaciones de La Habana a poner en el centro a los territorios más afectados por el largo conflicto armado; pues, es en ellos donde habita la población más abandonada históricamente por la institucionalidad estatal, con los mayores índices de pobreza y donde se hace más urgente planificar y ejecutar el desarrollo local.
De allí que en los puntos uno, dos y cuatro del Acuerdo Final se incluyeron tres disposiciones que estructuraran la idea de una paz con enfoque territorial. El primero son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con el que se buscaba identificar –con el apoyo de las comunidades y habitantes de los territorios (veredas, municipios y subregiones)– los principales problemas del sector rural. Además, con esto se proponía ejecutar una serie de proyectos económicos y sociales estratégicos para los 170 municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia, agrupados en 16 subregiones.
Aunque, entre agosto de 2017 y febrero de 2019, se logró construir los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), con sus respectivos pactos y proyectos, una vez se dio el cambio de gobierno –de Juan Manuel Santos (2016-2018) a Iván Duque (2018-2020)– esta dinámica de participación ciudadana se paró. En la actualidad nos enfrentamos a una nueva etapa, liderada por funcionarios del Gobierno que se encargan de construir las hojas de ruta y planificar y ejecutar las inversiones.
El Gobierno nacional ha suprimido, por un lado, el involucramiento de las comunidades en la ejecución proyectos de inversión y gestión. Se ha devuelto al viejo esquema de tecnócratas encargados de planificar las inversiones y ejecutar los recursos sin la participación de las comunidades, incumpliendo la promesa de la democratización de la planeación del desarrollo local. Y, por otro lado, se han reducido las inversiones sociales concertadas, las cuales no son las suficientes para lograr –en los 10 años que se tiene para ejecutar los distintos PATR– las transformaciones que se requieren para sacar del atraso a estos territorios priorizados.
El segundo pilar es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con los que se intenta construir una política integral de solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Un programa que reconoce el carácter socioeconómico de la problemática de los cultivos de uso ilícito y que intenta generar condiciones materiales e inmateriales para el bienestar y el buen vivir de las poblaciones afectadas por estas actividades; en especial, para las comunidades campesinas que, en situación de pobreza, buscan sobrevivir con el cultivo.
Aunque el Acuerdo Final se dejó plasmada la idea de que el problema es público e internacional –que exige la búsqueda de soluciones de forma integral y un enfoque de corresponsabilidad entre países productores y consumidores, y la formulación de una política antidrogas menos punitiva–, el Gobierno nacional ha cambiado esta filosofía y su implementación. La administración de Duque ha retomado la vieja idea de tratar a la producción de drogas ilícitas como una actividad terrorista y, por tanto, propuso volver a una guerra contra el narcotráfico.
Así, en la actualidad, se revive la cuestionada mirada prohibicionista y criminalizante del problema de las drogas; con ella se desfigura la filosofía de tratamiento integral del problema público. De nuevo, hoy se estigmatiza a las comunidades locales cocaleras y se justifican los retrasos en el manejo presupuestal que han llevado al incumplimiento del pago a las familias inscriptas en el programa. Además, se busca desmontar la estrategia de sustitución voluntaria, volver a la erradicación forzada, hacer uso de la aspersión con glifosato y dejar de lado el diálogo social pacífico con los cultivadores que inspiró el pacto de paz.
Finalmente, están las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en la Cámara de Representantes. Este tercer pilar estuvo parado por casi cinco años, debido al desinterés del Gobierno y de los partidos políticos tradicionales de no compartir el poder. Con lecturas amañadas de los resultados del Legislativo durante el fast track, se retrasó la implementación de lo pactado y tuvo que pasar casi un lustro para que las víctimas del conflicto pudieran tener las 16 curules de la paz prometidas en el Congreso de la República. Este es un acto de reconciliación que sólo durará dos períodos –ocho años–, con el que se buscará avanzar en la proposición y aprobación de leyes para los territorios y sectores de la población más afectados por el conflicto armado.
Este tercer pilar, que podría verse como otro avance en la construcción de la paz con enfoque territorial, tiene serias fallas que actualmente se advierten, y que quedarán confirmadas este 13 de marzo, cuando se realicen los comicios para estos 16 escaños. El mal diseño institucional con que se puso en funcionamiento esta idea y la premura en su implementación han llevado a que todos los males aparezcan: corrupción, captura por parte de los partidos políticos tradicionales, desfinanciamiento de campañas, desinformación, falta de pedagogía electoral e inseguridad en los territorios –tanto para los aspirantes como la población–.
Todos estos factores negativos incidirán, sin duda, en las votaciones y resultados del próximo mes, pues se prevé una baja votación –una alta tasa de abstencionismo que superará el 70% de esos 1.2 millones de personas habilitadas para votar en estas zonas–. De esta forma, las organizaciones sociales, las víctimas, los campesinos y las organizaciones étnicas están perdiendo o desaprovechando la magnífica oportunidad de construir paz en los territorios; una población que requiere urgentemente la atención del país desde el Congreso. Esto, debido a los intereses egoístas del Gobierno y de la clase política que han hecho todo lo posible para interrumpir la construcción de este tercer pilar.
En conclusión, el Gobierno nacional está insistiendo en el no cumplimiento de la implementación de la paz con un enfoque territorial. La promesa inicial, de que “luego de la terminación del conflicto armado, vendría una fase de transición o de construcción de la paz territorial” se ha echado al olvido. Con estos actos se está desaprovechando la oportunidad de construir desarrollo local y democracia participativa, y de avanzar en la construcción de una paz contextualizada y territorial.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.