Por: Redacción Pares
Según la definición clásica, un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia el mandato del presidente fue interrumpido por parte de las fuerzas armadas bolivianas. «Morales cambió el país, hizo cosas extraordinarias, pero prolongó demasiado su mandato y las élites tradiciones estaban al acecho, capitalizaron la inconformidad, le están cobrando su revolución.» indicó León Valencia, director de Pares.
En ese sentido, un grupo de organizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos latinoamericanas manifestaron «repudio y preocupación ante el Golpe de Estado instaurado en nuestro hermano pueblo de Bolivia bajo la modalidad de “invitación a la renuncia” por parte de las fuerzas armadas bolivianas y la violencia azuzada por los golpistas comités cívicos que se están llevando a cabo en estas horas contra los integrantes del gobierno, violencia en la que se juegan la vida y la salud sectores populares del oficialismo y de la oposición.»
A través de un comunicado difundido por internet, afirman que «Condenamos las nuevas prácticas de violencia para derrocar gobiernos e intervenir en la autodeterminación de los pueblos que se están dando en nuestra región lo cual nos regresa a los años más oscuros de nuestro reciente pasado.»
El deplorable manejo de la OEA
«Con comunicado de la OEA sobre posible alteración de Actas, se dio salida pacífica: convocar nuevas elecciones. Aún así, se dio golpe de Estado. Militares obligaron a renuncia.» explicó Ariel Ávila, subdirector de Pares.
El secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha jugado un papel protagonista en los hechos violentos perpetrados por grupos opositores que han roto el equilibrio constitucional de Bolivia. El organismo declaró a través de un comunicado que «Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. (…) Asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre, hasta las últimas consecuencias.»
Organizaciones latinoamericanas de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) – la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) – República Dominicana, el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Perú, la Comisión de Derechos Humanos (CDHES) – El Salvador, el Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador, entre otras, afirmaron que:
«Condenamos el irresponsable manejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al emitir públicamente su informe sin previamente conformar una mesa de diálogo con la participación de las organizaciones políticas del gobierno y la oposición en la búsqueda de garantizar la preservación de la institucionalidad democrática y una transición pacífica. Igualmente es condenable su silencio ante la situación de escalamiento de la violencia de fuerzas de la oposición y su no respaldo inmediato al comunicado del presidente Evo Morales anunciando nuevas elecciones y la renovación de los integrantes del órgano electoral.»
El llamado es a las fuerzas políticas y sociales democráticas de Bolivia es a no retroceder en los avances económicos, políticos, sociales y culturales alcanzados en los últimos tres lustros. Y finalizan el documento señalando que «Por lo expuesto, solicitamos también a los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de la región que contribuyan al restablecimiento de la democracia del país hermano, con todas las garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad, en un nuevo proceso en el que puedan participar todas las fuerzas políticas debidamente registradas a la fecha.»