Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: Periódico del Meta
Aunque su victoria ya estaba cantada, Gregorio Eljach terminó barriendo en el Senado de la República y termino siendo electo nuevo procurador general con 97 votos a favor. Con su elección, el gobierno termina por asegurar la dirección de los 3 entes de control y de la Defensoría del Pueblo, en medio de una serie de disputas con el legislativo por sus proyectos de reforma y tras el hundimiento del presupuesto general para 2025, que había puesto de manifiesto la existencia de un potencial bloqueo político desde el Congreso.
Con candidaturas cercanas a los partidos tradicionales, el gobierno no se mete a los entes del control al bolsillo, pero sí garantiza que sean instancias mucho más moderadas y neutrales con su gobierno, luego de la andanada de choques e investigaciones que se abrieron durante los primeros dos años contra algunos de sus funcionarios, durante la gestión de la Fiscalía de Francisco Barbosa, como la Procuraduría de Margarita Cabello.
A cambio, garantiza que estos entes también puedan llegar a ser dóciles con el Congreso y con sus cuotas burocráticas a nivel regional y local, poniendo figuras cercanas y conocidas que tienen redes y relaciones con la mayoría de los parlamentarios.
Eljach termina sumándose, entonces, a la lista de triunfos que el gobierno ha tenido en sus pulsos con varios de los grandes actores políticos del país (en este caso, Germán Vargas Lleras, quien esperaba que alguno de los dos otros ternados, Varón Cotrino y Henao, llegara al cargo) y con el Congreso, a quien le manda un mensaje de tregua con esta elección.
El amigo de todos
La nominación de Eljach terminó siendo un gana-gana para la mayoría de los congresistas y los partidos políticos que lo eligieron. En el bloque de gobierno, porque aseguran un órgano de control que estaba chocando directamente con el ejecutivo abriendo investigaciones y sancionando a funcionarios cercanos al progresismo, como en el caso del entonces director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y hoy ministro de Educación, Daniel Rojas; de los ministros y funcionarios salpicados en el caso de la UNGRD; así como a los funcionarios implicados dentro del sistema de salud del magisterio, tras la crisis que sufrió el Fomag en mayo de este año.
Para los congresistas de los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, Partido de la U), así como para los partidos de oposición (Cambio Radical, Centro Democrático), la elección de Eljach les garantiza que la nueva Procuraduría no les ponga los ojos encima ni a ellos ni a sus cuotas políticas en la burocracia estatal, ni tampoco en las instituciones regionales y locales donde tienen incidencia.
Si bien fue ternado por el gobierno, la mayoría de los congresistas de estos partidos ven en Eljach una figura mucho más pragmática y negociadora que ideológica, lo que les garantiza cierta confianza en que el gobierno no usará a la Procuraduría como ‘policía política’ en su contra. Así lo señaló el presidente Petro señaló en su cuenta de X (anteriormente Twitter), al publicar que no buscaba un procurador cercano al gobierno, sino un procurador que dejara de usar a este ente de control como “arma política extorsiva”.
Igualmente, el Congreso espera que las cordiales relaciones que Eljach estableció con la mayoría de los parlamentarios que durante 12 años ocuparon una curul en ambas cámaras termine por hacer que la Procuraduría sea cercana a sus intereses.
No obstante, su independencia es puesta en duda por figuras como David Luna, debido a que sobre él pesan diferentes cuestionamientos como secretario del Senado, como que en 2015 presuntamente repartió entre los senadores documentos confidenciales sobre el caso Jorge Pretelt, que en ese momento era investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. También ha sido acusado de presuntamente haber hecho parte de la red de Mario Castaño para desviar fondos del Estado en varios departamentos del país. Eljach sale nombrado en varios de los audios de Castaño como la persona encargada de algunos nombramientos y contrataciones en el Congreso.
Eljach también enfrenta críticas por las interpretaciones jurídicas sobre los proyectos de ley tramitados en el Senado durante su gestión. En 2016, durante el trámite del marco normativo del Acuerdo de Paz vía fast-track, declaró que las Curules de Paz no se habían aprobado por falta de un voto (50 de 51 necesarios). Esta decisión fue impugnada ante la Corte Constitucional, que en 2021 determinó que la interpretación de Eljach era incorrecta y que los votos obtenidos en ese momento eran suficientes para la aprobación del proyecto.
El poder de Eljach en el Senado llegó a ser tal, que quitar o poner una coma o cambiar un concepto jurídico sobre cualquier proyecto de ley podía cambiar su sentido, así como sus interpretaciones podían hacer que un proyecto de ley se cayera o avanzara.
El temor del nombramiento de Eljach en la Procuraduría también pasa por la posibilidad de que aplique y mantenga dinámicas transaccionales en aquella institución, así como su capacidad para investigar y denunciar grandes denuncias y casos que puedan afectar los intereses de quienes lo eligieron.
Además, la Procuraduría de Eljach, al menos por estos dos años que restan del gobierno Petro, no tendrá el mismo tinte confrontativo con el que ya venía Margarita Cabello, por lo que es probable que busque tomar decisiones que tiendan al equilibrio entre los intereses del gobierno y los sectores políticos que lo eligieron en el Senado.
Con la Procuraduría, el gobierno termina cumpliendo su tarea: moderar los entes de control.
Al contrario de lo que se piensa, el gobierno ha logrado poner a sus candidatos ternados en la dirección de los principales entes de control del país. Con la elección de Gregorio Eljach como nuevo procurador general, le ganó la batalla a Germán Vargas Lleras, que esperaba con el impulso que le ha dado que su partido sea la principal cabeza de la oposición política, poner a una figura suya cercana que mantuviera la línea de confrontación que Margarita Cabello ha sostenido con el gobierno en los últimos años y, con ello, proyectarse electoralmente hacia 2026.
Así mismo, el gobierno obtuvo otra victoria con la reelección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República, luego de que en 2022 su elección fuera considerada nula por el Consejo de Estado debido a vicios de trámite, después de que en el proceso se ordenara confeccionar una tercera lista de elegibles, se cambiaran los parámetros de calificación establecidos inicialmente en la convocatoria de manera injustificada, y se convocara la sesión plenaria de ambas cámaras para esta elección sin antelación, pasando por encima de lo que ordena la Ley Quinta, que regula los asuntos del Congreso.
Así, en agosto de 2022, el gobierno había ganado uno de sus primeros pulsos con el legislativo y movió en ese momento a su bancada (que incluía a los conservadores y al Partido de la U), a través del entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, y del presidente del Senado, Roy Barreras, para que apoyaran de manera unánime a Rodríguez, quien terminó recibiendo 260 de 288 votos. Para la segunda elección, realizada el 12 de junio de 2024, Rodríguez recibió 5 votos más y obtuvo 265 en ambas cámaras.
Rodríguez le ganó entonces en 2022 a María Fernanda Rangel, cercana al entonces Contralor Felipe Córdoba, quien iba punteando en quedarse con el apoyo de los partidos tradicionales.
También el gobierno obtuvo un triunfo en la Fiscalía con la elección de Luz Adriana Camargo, tras una fuerte puja con la Corte Suprema de Justicia, cuyo punto culminante fue la manifestación del 8 de febrero en los alrededores del Palacio de Justicia, que terminaron con varios choques entre la fuerza pública y la gente que, en su momento, intentó entrar al edificio.
El gobierno en ese momento le ganó el pulso a la Corte, quien terminó eligiendo a Camargo luego de casi un mes de interinidad de la entonces vicefiscal Martha Mancera, tras la salida del exfiscal Francisco Barbosa. Mancera había sido entonces acusada por varios medios de comunicación, como Revista Raya, de presuntamente haber encubierto a Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI en Buenaventura, vinculado a organizaciones narcotraficantes y al tráfico de armas, quien utilizó el puerto como principal ruta de salida de cocaína hacia países de Centro y Norteamérica.
La Sala Plena de la Corte Suprema eligió a Camargo con 18 de los 23 votos posibles el 12 de marzo de 2024.
Por otro lado, el gobierno también logró tener un triunfo (aunque pírrico) al hacer que Iris Marín quedara electa en la Defensoría del Pueblo. Tal y como contamos en esta historia, Marín fue ternada por el gobierno, pero era de las figuras más distantes a las bases políticas del progresismo, que tenían su representación en la figura de Jomary Ortega. Marín, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y quien trabajó con el gobierno Santos durante el Proceso de Paz como asesora, terminó imponiéndose con el voto de los partidos tradicionales, que terminaron arrastrando el voto del Pacto Histórico y la coalición de gobierno, y le dieron el triunfo con 170 votos a favor en la Cámara de Representantes.
Marín negó que el entonces nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hubiera influenciado y movido apoyos para que quedara electa por encima de Jomary Ortegón, quien iba punteando entre los congresistas cercanos al gobierno, pero que había recibido el rechazo del Centro Democrático debido a sus confrontaciones y denuncias contra los falsos positivos y su papel como litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde asumió varios casos relacionados con masacres cometidas en el país.
El Acuerdo Nacional se cocina con un mensaje: “hagámonos suave”
Tras la elección de Eljach, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró que, con este triunfo, el gobierno enviaba una ‘bandera blanca’ al Congreso, luego de que el proyecto de presupuesto de 2025 se hubiera hundido y las relaciones con el Senado se enrarecieran, lo que llevó a que las comisiones Tercera y Cuarta decidieran romper el quórum y rechazar la propuesta del gobierno, que está desfinanciada en $12 billones de pesos la semana pasada.
Para Cristo, la elección de Eljach da garantías a todos los actores políticos de que la Procuraduría no se va a convertir en un instrumento de castigo y persecución contra contradictores del gobierno, y de que no va a ser otro cargo ‘de bolsillo’, aduciendo que tampoco la Fiscalía ni la Contraloría son entes de control que responden directamente al gobierno nacional.
En ese mismo bus se habían montado el recién electo procurador cuando dio declaraciones a medios, llamando a la reconciliación entre los partidos. Según el diario El Espectador, Eljach señaló que “Colombia no solamente es capaz, sino que necesita los propósitos superiores de Nación, de país y de Estado. Tratemos de ponernos de acuerdo para ir todos en una misma senda histórica y ponernos de acuerdo implica dialogar, buscar alternativas y confluir las fuerzas políticas”.
La traducción del rol que puede cumplir Eljach en el nuevo Acuerdo Nacional tiene que ver, de nuevo, con el peso político y burocrático que tendrá en las próximas coyunturas. Por un lado, el gobierno quiere asegurarse con la elección de Eljach de tener capacidad de incidencia e influencia en la próxima elección de 4 magistrados en la Corte Constitucional, en la que espera que el nuevo procurador tenga incidencia.
Como lo señalamos en este artículo, la Procuraduría es un aparato burocrático con más de 4000 cargos y un presupuesto que alcanzó $1,3 billones de pesos en 2024. Su amplia presencia territorial puede ser utilizada como moneda de cambio con congresistas y magistrados. Esto se debe en parte a la estrecha relación de la Procuraduría con la rama judicial, ya que, a nivel local, muchos procuradores delegados colaboran en procesos conjuntos e interactúan frecuentemente con funcionarios judiciales.
De este tipo de prebendas hay pruebas desde 2014, cuando La Silla Vacía denunció que el entonces procurador Alejandro Ordóñez había entregado cargos dentro de la Procuraduría a parientes de magistrados a cambio de garantizar su reelección, que luego fue anulada en el Consejo de Estado.
A modo de cierre
Eljach, percibido tanto como una figura negociadora y pragmática, como alguien con cuestionables antecedentes, despierta suspicacias sobre el equilibrio entre el control político y las responsabilidades institucionales que deberá tener en su nuevo rol.
Esta dualidad sugiere que el nuevo procurador, en lugar de confrontar a los grandes poderes en el país (como en su momento lo hicieron Serpa, Carrillo o la misma Cabello en ese cargo), podría estar más inclinado a operar bajo presuntas dinámicas transaccionales que mantengan el statu quo y a no denunciar grandes temas frente a funcionarios públicos que de una u otra manera responden a quienes lo eligieron.
Aun así, el gobierno Petro jugó estratégicamente al asegurar una Procuraduría que, al menos por los próximos dos años, tendrá un perfil menos conflictivo, a cambio de dejar en entredicho una de las razones que impulsó el proyecto político del progresismo, que era la despolitización de los entes de control.
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