La reforma política acordada en La Habana se convirtió en una comedia de cuatro actos en la que una variedad de actores se burlaron del país y de los acuerdos de paz. El último acto ha tenido como actor principal a Rodrigo Lara un parlamentario que encarna como pocos los vicios políticos que se querían superar con los cambios al régimen y a la organización electoral. Ha sido en todo caso un teatro sin el ingenio y el encanto de la ópera bufa, una manifestación de la ramplonería a que nos tienen acostumbrados sin que nadie se indigne y proteste.
Primer acto. Las delegaciones del gobierno y de las Farc acuerdan la conformación de una comisión con expertos de alto nivel para darles un vuelco a las instituciones electorales del país, con el fin de modernizarlas y hacerlas más transparentes, autónomas e independientes.
Nada más justo. Bajo el manto del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se llevó a cabo la infiltración del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper que dio origen al famoso proceso 8000; se gestó el fenómeno de la parapolítica que terminó en la condena y la cárcel para 61 congresistas; se producen elección tras elección el trasteo de votos y el fraude a lo largo y ancho del país; se cocinan escándalos como el de la multinacional Odebrecht y su financiación a las más recientes campañas electorales. Han sido organismos tutelados y amañados por los políticos, han sido espectadores inanes de las irregularidades y la corrupción.
Las negociaciones de paz eran un escenario ideal para hacer el compromiso de cambiar el andamiaje que organiza y vigila las elecciones. Pero no eran el lugar para definir la naturaleza de las transformaciones. Era absolutamente necesario recurrir a la sociedad civil y al Congreso para precisar y tramitar el contenido de las reformas. Por eso la mesa de La Habana se limitó a darle el mandato a una comisión que operaría una vez se firmara el acuerdo final.
Segundo acto. La Misión Electoral Especial -en la cual se destacan los nombres de Alejandra Barrios, que ha encabezado en los últimos años la observación electoral en el país desde la sociedad civil, y Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia- en un trabajo juicioso logra diseñar un nuevo sistema electoral con tres pilares: una Registraduría Nacional del Estado Civil transformada en un organismo más técnico, dedicado a servir de soporte logístico y organizador de las elecciones; un nuevo Consejo Electoral como suprema autoridad de la contienda, con autonomía y herramientas para prevenir las irregularidades con origen predominante en los principales organismos de la Rama Judicial; y una Corte Electoral con capacidad para investigar y sancionar a los transgresores de la democracia.
Fueron más allá y se propusieron abrir las puertas para nuevas expresiones sociales y políticas en los jóvenes y las mujeres; limitar la personalización de la política y el clientelismo; institucionalizar y fortalecer a los partidos mediante la lista cerrada y la atribución de responsabilidades a los directores en el otorgamiento de avales; y establecer un régimen más severo de inhabilidades y sanciones.
Entregaron estas propuestas en una reunión a puerta cerrada el 24 de marzo de 2017 en Cartagena, en la que participaron el presidente Santos, los directores de los partidos y todos los organismos implicados en las reformas. La campaña que previamente se había desatado para deslegitimar los cambios por parte del presidente del Consejo Electoral, del registrador nacional, de los magistrados del Consejo de Estado y de algunos líderes políticos se manifestó allí en toda su intensidad. Muy poco de estas reformas les servía, a cada una le encontraban objeción. La reforma política empezó a morir.
Tercer acto. Con la presión de la Registraduría Nacional y del Consejo de Estado el gobierno nacional deshecha el 80 por ciento de las propuestas de la Misión Electoral Especial y le presenta al Congreso, para el trámite rápido, un deslucido proyecto de reforma en el que apenas brillan la lista cerrada, la financiación preponderante de las campañas por parte del Estado y las facultades de Policía Judicial para el Consejo Electoral.
Cuarto acto. La reforma política llega a la Cámara de Representantes y allí sale a relucir el protagonismo de Cambio Radical y de Rodrigo Lara, quien preside el organismo. Este partido, en una alianza no disimulada con el Centro Democrático en el seno de la Comisión Primera, se lanza contra lo poco que ha quedado del propósito inicial pactado en La Habana, y en medio de insultos y gritos le van dando sepultura a una de las mayores ilusiones que había dejado el acuerdo de paz.
Para este martes está anunciada la votación del proyecto y tal como están las cosas lo mejor es que se hunda la iniciativa. Le hará mucho daño a la democracia una reforma que apenas hace retoques cosméticos a la institucionalidad electoral, pero alienta la percepción de que se cumplió con lo pactado y que se debe cerrar por largo tiempo la discusión sobre los cambios profundos del sistema electoral colombiano.
Columna de opinión publicada en Revista Semana