Por: Catalina Miranda Aguirre. Especial para Pares.
El desarrollo de mecanismos de integración entre los países de América Latina no es nuevo, inclusive, antecede la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que, para los años 50, se consolidaba como uno de los hitos fundacionales de lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea (UE).
Latinoamérica cuenta con una multiplicidad de mecanismos subregionales, regionales, intrarregionales e internacionales que podrían ser clasificados de la siguiente manera:
· Aquellos que promueven acuerdos entre sus integrantes desde un nivel subregional en materia política (UNASUR, CELAC), económica y comercial (ALBA, CARICOM, MERCOSUR, SICA), cultural (CLACSO, FLACSO), jurídico (CIDH), e incluso modelos que facilitan la integración aduanera y la facilidad de movilización entre sus conciudadanos (CAN);
· instituciones hemisféricas en las que participan los países del norte, tal es el caso de la OEA y el BID,
· las múltiples oficinas de la Organización de las Naciones Unidas que operan en cada uno de los países de la región desde sus diversas misionalidades (PNUD, UNODC, FAO, etc.), y
· las demás organizaciones que buscan aumentar la cooperación intrarregional con países específicos de América Latina (APEC, OTAN, OCDE)
Esta variedad de actores en los que convergen las naciones americanas con aliados estratégicos de su propio vecindario, o de regiones foráneas, hace un llamado a que la academia desarrolle observatorios donde se analice el impacto real de las decisiones que emanan de cada uno de estos mecanismos para:
i) evaluar el costo/beneficio de la destinación de personal capacitado para participar activamente en estas organizaciones, ii) medir la incidencia de estas instancias en una efectiva integración que mejore la calidad de vida de las sociedades americanas, iii) fomentar la toma de decisiones expeditas frente a amenazas colectivas que demandan un tratamiento transnacional; tal es el caso de una pandemia.
Este último aspecto será el centro de atención del presente análisis, el cual busca presentar una sintética aproximación al impacto de las decisiones de la Organización de Estados Americanos (como institución política) frente a la Organización Panamericana de la Salud (como institución técnica) para atender de manera efectiva y mancomunada la emergencia sanitaria producida por el rápido contagio del Covid-19, específicamente en América Latina.
OEA: ¿más allá de declaraciones de buenas intenciones?
Sin el ánimo de desconocer la importancia de esta organización en el desarrollo de acuerdos entre los países del continente americano, la capacidad real de esta institución para llegar a resoluciones eficientes en periodos de crisis es discutible. En particular, desde el inicio de la pandemia en el continente americano, solo hasta el 3 de abril la OEA empezó a emitir comunicados de prensa relacionados con el COVID-19.
Hasta la fecha, se encuentran disponibles cuatro comunicados que abordan muy someramente la necesidad de proteger a las comunidades indígenas en cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la disposición de una Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas, el acceso al Mecanismo de Negociación Conjunta para comprar insumos y dispositivos médicos en atención a la emergencia sanitaria, y las respuestas colectivas de entidades multilaterales para combatir la pandemia.
Esta última iniciativa (con fecha del 3 de abril) es, tal vez, la más importante. Casi tres meses después del primer contagio conocido en el continente americano, 13 organizaciones con presencia en la región coordinarán sus esfuerzos a través del Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres para responder colectivamente a todos los requerimientos necesarios a esta crisis, atendiendo a las particularidades de los países latinoamericanos, entre muchas otras, los frágiles sistemas de salud de varios de sus miembros.
Otro aspecto importante es el notorio ausentismo de Luis Almagro. Sus declaraciones en esta materia han sido escasas y tardías. Una de las decisiones más cuestionadas en medio de su administración, es la celebración presencial de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el pasado 20 de marzo.
En esta cumbre, Almagro fue reelegido como Secretario General de esta organización. Sin embargo, y de acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, 12 días más tarde se conoció que una empleada de servicios de limpieza dio positivo en un test del COVID-19.
OPS: lo técnico sobre lo político
Las organizaciones parte del Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbre reconocieron los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud para coordinar las respuestas nacionales y regionales, así como mantener los canales de información en tiempo real.
En este tipo de crisis, un día de tardanza en tomar decisiones para informar a la población con agilidad, puede significar la vida de cientos de personas. La primera nota de prensa de la OPS es del 27 de enero. En esta, su Directora, Carissa Etienne, fue enfática al insistir que todos los países americanos debían estar preparados para: “detectar tempranamente, aislar y cuidar a pacientes infectados con el nuevo coronavirus, ante la posibilidad de recibir viajeros provenientes de países donde hay transmisión del virus”.
Desde ese momento, los canales de comunicación se han ido sofisticando. Hasta la fecha, la página oficial de la OPS cuenta con varias herramientas estadísticas sobre el estado del virus en América, incluyendo un mapa interactivo en el que se referencia (con especificidad territorial de cada país), el número de contagios confirmados y las muertes causadas por el nuevo coronavirus.
Asimismo, concentra guías y documentos técnicos elaborados en el marco de la OMS y por comunidades científicas que, alrededor del mundo, intercambian información en tiempo real sobre los avances y nuevos descubrimientos útiles para evitar el contagio, reducir los síntomas, y disminuir el incremento en la tasa de mortalidad causada por la saturación de los sistemas sanitarios.
Esta instancia también ha dispuesto herramientas comunicativas para explicar didácticamente las estrategias para mitigar el contagio, tales como: videos, infografías, cartillas, guías para niño, y una línea en WhatsApp para recibir información de interés general sobre el estado de la pandemia.
Ahora bien, contar con instituciones internacionales compuestas por comunidades científicas que trabajen por resolver una emergencia tan apremiante como lo es una pandemia, es fundamental e indispensable. Sin embargo, muchos son los riesgos que se corren si no existen consensos políticos para llegar a decisiones colectivas en todos los gobiernos.
Colombia, por ejemplo, puede tomar medidas similares a las del gobierno chino en materia de aislamiento obligatorio con el ánimo de reducir el contagio y evitar una crisis en el sistema de salud que conduzca a situaciones similares a la italiana. Sin embargo, si las decisiones de países con los que tenemos fronteras vivas (especialmente Ecuador, Venezuela y Brasil) son diferentes, todo esfuerzo que se haga desde lo nacional parecerá insuficiente.
En este contexto, la comunicación bilateral y los acuerdos regionales son de suma importancia. Esto podrá evitar que, una vez controlada la situación en un país, otra nación no represente un riesgo, menos en zonas de frontera que coinciden con bajos niveles de desarrollo y presencia integral del Estado, además de débiles, por no decir nulos, sistemas de prestación de salud.
Si bien la reacción de la OEA fue tardía, su rol en esta crisis sigue siendo necesario. Las respuestas en salud deben estar a cargo de la OPS/OMS (pues son ellos quien tiene el know-how en esta materia), pero la Organización de los Estados Americanos tiene líneas específicas en desarrollo humano, integral y social que podrán incluir soluciones a las precarias condiciones laborales del personal médico que diariamente atiende esta crisis (condiciones contractuales injustas, falta de provisión de implementos de bioseguridad básicos para atender enfermos, entro otros), soluciones conjuntas para evitar la captación de insumos y servicios médicos necesarios por parte de redes de delito organizado internacional, hasta recomendaciones tempranas para evitar delitos y fraudes cibernéticos que, para esta época, están al alza.
En conclusión, ambas organizaciones están llamadas a trabajar de forma mancomunada para que la experticia científica incida en las decisiones políticas que deben tomarse de manera inmediata con el fin de reducir todo tipo de riesgos asociados a esta pandemia, desde la muerte de miles de personas, hasta los agravantes a la crisis económica que ya empiezan a afectar sustancialmente a todos los países del mundo.