Fumigaciones y militarización, estrategias inservibles

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.


Durante el primer año del gobierno Duque, fanático de políticas de mano dura como la de la guerra contra las drogas y la seguridad, se ha visto cómo el homicidio contra líderes y lideresas así como de excombatientes de las Farc ya es un exterminio. Estos hechos nos llevan a cuestionar en primer lugar: ¿seguridad para quién y para qué? Y si ¿realmente el regreso de las fumigaciones con glifosato es una guerra contra las drogas o contra la población y el medio ambiente?


Como lo señala Pares en el artículo La violencia contra líderes, una epidemia nacional, la violencia selectiva ejecutada contra líderes sociales no da tregua. Muestra de ello que terminó el año 2019 con 329 líderes y lideresas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Durante los primeros trece días del año en curso ya se habían registrado nueve (9) personas asesinadas con ocasión de su rol de liderazgo social y de defensa de los derechos humanos.


En cuanto a la seguridad de los farianos, o ex combatientes de las FARC, según el informe ¿Cómo va la paz? realizado por PARES, el departamento con mayor tasa de aumento de la violencia y homicidios de excombatientes es Antioquia, especialmente en el municipio de Ituango y Tarazá, con un aumento de 56% y 90% respectivamente; otra región afectada de forma crítica por la violencia es el departamento del Catatumbo, norte de Santander, donde se han presentado nuevos enfrentamientos entre el ELN, el EPL y disidencias de las FARC.