Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
Durante el primer año del gobierno Duque, fanático de políticas de mano dura como la de la guerra contra las drogas y la seguridad, se ha visto cómo el homicidio contra líderes y lideresas así como de excombatientes de las Farc ya es un exterminio. Estos hechos nos llevan a cuestionar en primer lugar: ¿seguridad para quién y para qué? Y si ¿realmente el regreso de las fumigaciones con glifosato es una guerra contra las drogas o contra la población y el medio ambiente?
Como lo señala Pares en el artículo La violencia contra líderes, una epidemia nacional, la violencia selectiva ejecutada contra líderes sociales no da tregua. Muestra de ello que terminó el año 2019 con 329 líderes y lideresas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Durante los primeros trece días del año en curso ya se habían registrado nueve (9) personas asesinadas con ocasión de su rol de liderazgo social y de defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la seguridad de los farianos, o ex combatientes de las FARC, según el informe ¿Cómo va la paz? realizado por PARES, el departamento con mayor tasa de aumento de la violencia y homicidios de excombatientes es Antioquia, especialmente en el municipio de Ituango y Tarazá, con un aumento de 56% y 90% respectivamente; otra región afectada de forma crítica por la violencia es el departamento del Catatumbo, norte de Santander, donde se han presentado nuevos enfrentamientos entre el ELN, el EPL y disidencias de las FARC.
Según PARES, el aumento de la violencia en estas regiones se debe a las confrontaciones por el control del territorio, especialmente en zonas donde hay cultivo de hoja de coca y presencia de organizaciones criminales. Desde la firma del acuerdo ha aumentado el numero de disidencias al igual que de grupos armados ilegales, uno de los principales motivos es el rearme y la falta del cumplimiento de garantías por parte del gobierno. La fundación Paz y Reconciliación estima que hasta finales del año pasado aproximadamente 830 hombres han desertado del proceso de paz, y 6.4% de los excombatientes se estaría rearmando por distintas razones.
El narcotráfico, la sombra del crimen
Una de las grandes disputas en el territorio se debe al valor que tiene la hoja de coca para el narcotráfico, al igual que el control sobre las rutas de exportación de sustancia ilícitas, lo acordado en el punto cuatro del Acuerdo de Paz y su falta de implementación refleja la incapacidad de el gobierno de innovar a la hora de buscar estrategias que realmente funcionen y tengan un impacto positivo a largo plazo también es notorio que existe un moralismo latente y apegado al catolicismo, es impensable que el país del sagrado corazón tenga un mínimo de tolerancia en la política contra las drogas.
Las políticas gubernamentales se encuentran en un círculo vicioso donde pretenden erradicar algo imposible de eliminar. Según Pares, existen 22 departamentos donde se cultiva la hoja de coca, el 60% de estos cultivos se encuentran en tres departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Por otra parte, el mayor aumento de cultivos se dio en Antioquia, con un aumento del 54% respecto al 2016, este departamento es un punto clave en una de las rutas del narcotráfico.
En el discurso de los mandatarios colombianos siempre se ha resaltado a las drogas como el enemigo principal, esta frase suena familiar, sobre todo cuando el país la heredó de Estados Unidos, este discurso surge con Richard Nixon y su famoso discurso de 1971 donde declaro que las drogas eran “El enemigo número uno” y no es de extrañarse que el gobierno colombiano aplique políticas nefastas e inefectivas para el país.
Una guerra perdida
Donald Trump pretende aumentar el presupuesto de la guerra contra las drogas en más de un 25%, lo cual es significativo teniendo en cuenta que hubo recorte de presupuesto para los caprichos del mandatario, E.E.U.U. pretende donar $344 millones para la lucha contra las drogas durante el 2020, mientras que el presupuesto para el 2019 fue de $243 millones. Esto constituye restricciones para Colombia, ya que dicho presupuesto no es simplemente un regalo.
Monsanto es la empresa de biotecnología más grande en el mundo y vale la pena mencionar que 25 de los 50 Estados dentro de E.E.U.U. han prohibido el uso del glifosato ya que estudios demuestran que puede generar cáncer, enfermedades degenerativas y daños irreversibles tanto para las personas como para el medio ambiente, ya que vuelve el suelo improductivo y contamina las fuentes de agua.
Según el informe PARES, el problema de la coca no es un problema de siembra en nuevas areas, por el contrario, es la reactivación dentro de los lotes que ya han sido erradicados, ya que la resiembra se produce despúes de la erradicación forzada ya que llega a un 25% o 30% durante los primeros tres meses y después aumenta en un 50%. Esto también se debe al ingreso por arroba de coca, y en tres meses un campesino puede llegar a producir 100 arrobas de coca y cada una tiene un costo aproximado de 40.000 pesos dependiendo del narcotraficante.
Sin embargo para obtener dicha cantidad de coca se requieren tres (3) trabajadores que cobran 600.000 pesos mensuales, con lo cual la ganas mensual del campesino se reduce a 700.000 pesos, aunque es poco dinero para una vida digna, si un campesino siembra cultivos lícitos, debido a las dificultades de comercialización ganaría entre 200.000 a 300.000 pesos mensuales.
La guerra contra las drogas es una guerra infinita si se siguen planteando las mismas estrategias, las cuales no solamente afectan al campesinado y al medio ambiente, también impiden salir de un circulo vicioso donde los únicos ganadores son los grupos armados, los narcotraficantes, donde el aumento de la pobreza, la inseguridad y las muertes de inocentes son pan de cada día, se supone que el que gobierna lo debe hacer por encima del beneficio propio; es decir se gobierna para los demás, pero en Colombia la situación demuestra lo contrario, aquí la seguridad solo cobija a unos pocos, dentro de los cuales definitivamente no se encuentran los excombatientes, los campesinos y los líderes sociales.