Por: Laura Cano Periodista de Pares
El Paro Nacional se reactivó y volvió a despertar el estallido social que, por lo menos desde noviembre de 2019, había tomado fuerza en el país. De este contexto han quedado muchas reflexiones y alertas sobre las que el Gobierno nacional y los organismos competentes deberían tener los ojos encima. Uno de estos puntos que exige atención es la violencia policial en el marco de la protesta social. Aunque la mayoría de personas que ha salido a las calles ha insistido en la movilización pacífica, desde el 28 de abril hasta la fecha no han parado de conocerse denuncias sobre los excesos de la Policía.
La magnitud del número de casos en los que se reporta el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades (y que han sido registrados por organizaciones de derechos humanos e incluso por los organismos de control) ha llevado a que tome más fuerza la solicitud de quienes reclaman una reforma policial inmediata.
Según Temblores ONG, desde la reactivación del paro nacional hasta el 18 de mayo se han presentado 2.387 casos de violencia policial. Entre estos, 384 han tenido relación con violencia física, 43 con violencia homicida, 1.139 han correspondido a detenciones arbitrarias y 18 a violencia sexual. Justamente respecto a la realidad de este último dato, los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de información en los últimos días: de nuevo la Fuerza Pública sería la responsable de otro caso de abuso sexual, esta vez en Popayán: una menor de edad se habría suicidado luego de que fuera víctima de abuso sexual, el cual habría sido cometido presuntamente por cuatro uniformados que la retuvieron durante las manifestaciones que tuvieron lugar en esa ciudad. Se ha informado que la detención habría ocurrido mientras ella transitaba por el lugar en el que se desarrollaban las movilizaciones.
Por otra parte, y mientras la familia de la menor exige justicia y que se respete su memoria — petición a la que se suman diversos sectores y personas —, desde la Policía Nacional sección Popayán, el Brigadier General Ricardo Alarcón ha aseverado públicamente que las afirmaciones que se han hecho respecto al caso son “viles y ruines”. Según el uniformado, “la menor nunca pisó instalaciones policiales (…) y fue entregada en óptimas condiciones a la abuela materna”.
Lo anterior, hay que decir, no es una respuesta nueva por parte de las autoridades, pues a pesar de que las denuncias de abuso sexual por parte de la Fuerza Pública se han hecho más comunes en estos contextos de movilización, han insistido en que no tienen mayor responsabilidad en estos casos. No obstante, un mapeo rápido podría indicar que no son hechos aislados y que, en ese sentido, podría haber responsabilidad institucional. Por ejemplo, en el marco del Paro Nacional, según los datos mencionados, prácticamente cada día una persona estaría siendo víctima de abuso sexual por parte de la Policía. ¿No responde esto a una sistematicidad?
Asimismo, hay que recordar que una vez conocidas las declaraciones del Brigadier Alarcón, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca y diversas organizaciones regionales advirtieron que los abusos por parte de los uniformados (entre ellos el agente identificado con el número 05523) quedaron grabados durante la transmisión en vivo de Red Alterna y registrados en redes sociales. Además, desde la red de voluntarios paramédicos del Cauca se informó que la menor habría sido víctima de violencia física en una de las Unidades de Reacción Inmediata – URI –de la ciudad. La menor habría manifestado que en este el lugar “la habían golpeado”, lo que, como se dice en el comunicado, quedó evidenciado en las laceraciones que ella tenía en las manos. Y aunque no se hizo acta formal sobre esto, “sí se reportó en un grupo de WhatsApp interno” (Lea aquí el comunicado completo).
Es necesario seguir poniendo sobre la mesa, y como se ha insistido desde diversas organizaciones feministas, que los escenarios de movilización social exponen a las mujeres a otro tipo de violencias además de las que ya supone ejercer el derecho a la protesta social en Colombia (con el contexto de represión ya conocido). Distintas organizaciones que hacen seguimiento a situaciones en las que se vulneran los derechos humanos en el marco del Paro Nacional han reflejado esta realidad. Por ejemplo, Temblores ONG ha revelado que entre el 28 de abril y el 18 de mayo se han registrado 18 casos de violencia sexual, mientras que la Fundación Lazos de Dignidad, hasta el 13 de mayo, reportó 30 hechos de violencias basadas en género. Sobre este mismo tipo de vulneración a los derechos humanos, Defender la Libertad informó sobre 87 casos desde el 28 de abril al 18 de mayo. En relación con este panorama, hay que anotar que este tipo de hechos están atravesados por varias problemáticas que impiden tener un registro confiable, pues muchas de las mujeres que sufren estas agresiones prefieren no denunciar, tanto por posibles revictimizaciones como por la poca capacidad de la justicia para adelantar este tipo de casos de forma responsable y efectiva. Todo esto conduce al aumento de los subregistros y de la impunidad.
Al respecto, el Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad señala lo siguiente: “Las mujeres estamos en un constante peligro de que nuestros cuerpos sean violentados por parte de la Fuerza Pública. Llevamos en nuestros hombros un doble, o hasta triple riesgo respecto a lo que nos puede pasar durante las jornadas de protesta. A esto se suma que la sistematización de estos hechos es mucho más compleja, pues muchas mujeres prefieren mantener estas vulneraciones en anonimato, y eso es algo que desde los esquemas de Derechos Humanos debemos respetar”.
Con esto, el llamado sigue siendo a que se den las garantías para el libre ejercicio de la protesta social en Colombia, pero que además estos espacios sean seguros para las mujeres. Además, es necesario insistir en la necesidad de la difusión y el cumplimiento de las rutas de atención y de los protocolos que debe seguir la Fuerza Pública en caso de retenciones o procedimientos durante movilizaciones. El no cumplimiento de todo esto está llevando a panoramas críticos en términos de garantías al respeto de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres, quienes además de las agresiones físicas, también son sometidas a afectaciones psicológicas sin que nadie responda por ellas. Por último, nos sumamos a las exigencias de justicia para cada una de las mujeres que en estos 23 días han sido víctimas de violencias basadas en género.