• Laura Natali Cano Murillo

Fuerza Pública a las urnas, una ‘jugadita’ de la derecha colombiana

Por: Laura Cano. Periodista Pares.

Es año preelectoral y como es de esperarse varias son las acciones que se empiezan a tomar a favor de intereses particulares. Por ejemplo, la semana pasada rondó la iniciativa de la que se ha estado hablando y la que se intentó llevar al Congreso sobre darle dos años más al periodo presidencial de Iván Duque, esta, aun sin haber tenido siquiera el primer debate, se hundió en el Congreso puesto que de los/as 23 congresistas que habían firmado la propuesta, 15 representantes retiraron su firma del proyecto, lo que provocó que quedara sin el mínimo de 10 firmas requerido para continuar su trámite.


Se abre un debate nuevo, que como el anterior, no es la primera vez que suena. Se trata de permitir que los miembros de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía) puedan votar. La iniciativa la puso sobre la mesa el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido Colombia Justa y Libre, quien ya lo había hecho en 2020 y desde el 2019 venía insistiendo en la reforma del parágrafo segundo del artículo 219 de la Constitución.


¿Qué dice dicho apartado? “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.


Hay que señalar que el proyecto, en el cual hay dos artículos, plantea que el inciso 2 del artículo anteriormente nombrado quedaría así: “Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismo idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”.


Con lo anterior lo que se plantea es una reforma constitucional, por lo que el proyecto implica no cuatro, sino ocho debates en el Congreso; cuatro en Cámara de Representantes y otros cuatro en el Senado.

Según el senador lo que busca esta propuesta es corregir un “adefesio constitucional” y restablecerles a los miembros de la Fuerza Pública “un derecho humano fundamental”, pues “es muy delicado. Ningún derecho humano puede restringirse, ni siquiera el mismo titular puede rechazarlo. Desde hace 80 años tenemos a los miembros de las Fuerzas en un nivel subhumano, ni siquiera con el carácter de ciudadanos. Hay una contradicción jurídica, porque la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos reivindican el derecho al voto y hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad”.


Siguiendo lo nombrado, vale la pena señalar que ningún miembro activo de la Fuerza Pública puede ejercer el derecho al sufragio desde 1932, año en el que estaba el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Posteriormente, en 1945, esto quedó establecido en la Constitución y se le agregó que los militares no podrían ser “deliberantes”, determinación que se mantuvo en la Constitución del 1991.


En este punto es importante indicar dos puntos: por un lado, como se citó en El Espectador, que durante las veces que se ha movido esta iniciativa en el último año ha tenido fuerzas a favor, una de esas es la del general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), quien insistió en que los uniformados no pueden seguir siendo tratados como “ciudadanos de segunda”.


Ruiz ha manifestado, como se indica en el medio, que “no permitir el voto de la Fuerza Pública es un exceso constitucional y está demostrado, por la experiencia internacional, que ser una fuerza deliberativa no representa un riesgo para la democracia. Ya es tiempo de hacer las modificaciones al artículo constitucional y permitir este derecho, reglamentándolo como en otros países para que no se dé el proselitismo partidista al interior de los cuarteles”.


Por otra parte, es necesario nombrar que, según información del Ministerio de Defensa conocida por El Espectador, a marzo de 2021 se tiene registro que existen 399.528 personas que integran la Fuerza Pública; 192.750 pertenecientes al Ejército, 30.250 a la Armada, 12.849 a la Fuerza Aérea y 163.679 a la Policía. Esto lo que significa, entre otras cosas, es que allí habría una fuerza electoral importante, pues sería, por ejemplo, casi la mitad de los 875.554 votos con los que Álvaro Uribe llegó al Senado en las pasadas elecciones al Congreso. Además, también representaría un potencial electoral mayor de zonas como Casanare (299.802), Arauca (210.224) o Chocó (326.618).


Una lectura de la propuesta


Como se señaló anteriormente esta propuesta cuenta con unos sectores a favor. Además, retomando también lo dicho, en la última década esta propuesta ha tenido intentos en 2012 y abril y agosto de 2013 por parte del partido Opción Ciudadana, en 2016 por el Partido de la U y en febrero y agosto de 2020 por Colombia Justa Libres; todos esos intentos han quedado archivados. Sin embargo, ahora de nuevo el debate se abre en el Congreso, el cual lleva tan solo una semana sesionando.


La propuesta llega en un periodo importante: un año preelectoral, no obstante, siguiendo lo expuesto en El Espectador, en caso de ser aprobada, no comenzaría a aplicar en las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, sino hasta las regionales de 2023, lo que no la hace ajena, igual, al contexto que actualmente vive el país.


Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que “en Colombia todavía existe una presión muy fuerte por parte de la doctrina que reciben los militares y la policía. Si, por ejemplo, se analiza el hecho que un funcionario público pueda votar, se debe establecer que el nivel de subordinación no es el mismo a la doctrina militar, en donde existe una jerarquía; de un oficial o suboficial ante un subordinado que puede tener mayor injerencia a la de otra persona, donde esta subordinación está regida principalmente por medio de un contrato”.


Por otra parte, el analista insiste en que en la Fuerza Pública hay intereses de por medio, que por un lado responden a la doctrina con la que son formados, pero por otro lado tienen relación con el escenario político y social del país, pues no hay que dejar de lado que estas tienen como jefe máximo al presidente de la república, así como al ministro de Defensa, quienes han demostrado oposición a temas que le son transversales a la Fuerza Pública como, por nombrar algunos escenarios, el cumplimiento del proceso de Paz o la autonomía de la JEP, etc.


“Este panorama a lo que lleva es a analizar que podrían haber casi 400.000 votos direccionados de manera no libre, subordinada jerárquicamente; pues no se puede pensar que un soldado pueda votar libremente cuando está subordinado por un oficial, suboficial, que a su vez está subordinado al presidente, el cual tienen un partido de Gobierno por el cual llegó a gobernar, que además, tiene un ministro de Defensa que seguramente vea a los soldados como máquinas para votar”, expresó el analista.


Sobre lo anterior hay que decir que el senador Édgar Palacio Mizrahi admitió que el propio presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y hasta el expresidente Álvaro Uribe, le expresaron que no están de acuerdo con la iniciativa y que, adicional, le pidieron que no lo volviera a radicar.


Empero, el analista opina sobre esto que “es un juego para poder medir el aceite, así como pasó la semana pasada con la idea de ampliar el periodo presidencial, y así ven qué tanta viabilidad tienen esos intereses. Ahora, es evidente ver sobre quiénes tendría beneficios lo que ahora se quiere llevar a debate, pues es hablar de casi 400.000 votos de los efectivos de la Fuerza Pública que se sabe que tienen una tendencia conservadora y de derecha, que podrían modificar cualquier escenario político”.


Por último y a modo de conclusión, aseveró Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Crimen organizado de Pares que “este es un tema que siempre cuando se aproximan elecciones sale, pero finalmente nunca termina en nada y la propuesta se termina hundiendo. Sin embargo, si llegara a pasar sería un gran riesgo para la democracia porque son las instituciones de seguridad del Estado las que controlan las armas y eso se puede volver un instrumento para ejercer fuerza para la toma o por la toma de una decisión; esa es una de las razones por las que hoy los miembros de la Fuerza Pública no votan. Igual, si llegara a pasar la Corte Constitucional lo debe tumbar, pues una reforma de ese tipo no está permitida”.