• Camilo Díaz Suárez

Fracking en Colombia, entre daños ambientales, presiones sociales y falta de institucionalidad

Por: Camilo Díaz Suárez

Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad


El 25 marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución 00648, que otorgó una licencia ambiental para un proyecto piloto de investigación “en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico y perforación horizontal”. En otras palabras, le dio luz verde a un piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander.


Con esta licencia, se explorará esta técnica de extracción de hidrocarburos, por medio de la perforación de capas de roca que se encuentran a gran profundidad y donde se encuentra atrapado gas o petróleo. En primer lugar, se hace una perforación vertical hasta alcanzar la roca de esquisto. Posterior a ello, en segundo lugar, se realiza una perforación horizontal y se inyectan, a altas presiones, mezcla de agua, arena y sustancias químicas.


Si bien no es una técnica nueva, ya que se puede rastrar su utilización a la década de los 50 en el Reino Unido, a raíz de la experiencia en Estados Unidos se ha vuelto controversial a causa de sus impactos medio ambientales. Además, el anuncio del proyecto piloto se ha visto rodeado de presiones, inconformidades y una ausencia en la respuesta por parte de las autoridades a las demandas de los habitantes de Puerto Wilches.

Este ambiente rodea la espera de la autorización del segundo proyecto piloto de fracking llamado Platero, que fue radicado el pasado 15 de febrero ante la ANLA.


Los daños medio ambientales


La extracción de hidrocarburos por medio del fracking tiene una serie de implicaciones demostradas, que han sido ilustradas con la experiencia que ha tenido Estados Unidos. De acuerdo con el director de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, Duván Javier Mesa, esta técnica implica “riesgos de explosión, contaminación de acuíferos, generación de sequías en fuentes de agua, rupturas de las capas de suelo subterráneas, dificultades en las áreas de ganadería, agricultura y turismo, además, de la afectación directa de la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se practique”.


Los impactos más grandes de esta técnica de extracción recaen sobre acuíferos y el ciclo del agua. Durante el proceso de fractura hidráulica, se filtran químicos e hidrocarburos como el benceno y ciertas cantidades de gas metano, que terminan contaminando aguas subterráneas que llegan a ser utilizadas por comunidades locales para su consumo. Sumado a ello, grandes porcentajes de los líquidos utilizados para la fracturación, no se pueden recuperar del suelo y, a causa de los químicos que contiene, no llegan a ser biodegradable.


Además, en el proceso se utilizan grandes cantidades de agua de la que cerca de un 90% no regresa a la superficie, retirándola de su ciclo natural, conduciendo a posibles sequías o escasez de agua.

Por otro lado, el líquido residual se tiende a colocar en una fosa a cielo abierto para que se evapore, lo cual lleva, siguiendo a Carlos Delgado, director de laboratorio en el ICA, a liberar “peligrosos compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, contaminando el aire, generando lluvia ácida y aumentando los índices de ozono a nivel del suelo”. En especial, porque en el proceso se libera gas metano, un gas de efecto invernadero, que atrapa bastante calor.


Esto, sin contar el hecho de que esta técnica de extracción puede influir en la actividad sísmica. Su práctica puede inducir a un riesgo de diferentes dimensiones en las comunidades aledañas a donde se realizará el proyecto piloto, sin indagar en su impacto sobre la flora y fauna de la región.

Si bien es un proyecto piloto, la Alianza Colombia Libre de Fracking ya señala que lo que se encuentra en juego “son nuestros bienes comunes, el agua, la vida, la biodiversidad y la salud de los habitantes de esa región”.


Para Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales del Magdalena Medio, el proyecto Kalé captaría del río Magdalena o del río Sogamoso más de 40 millones de litros de agua que serían mezclados con los químicos y la arena que se necesita para la técnica de extracción. Con ello, la contaminación de las ciénagas sería inminente ya que Kalé está a menos de siete kilómetros de la ciénaga de Paredes, mientras que Platero es cercano a la ciénaga Montecristo. Ambas ciénagas se encuentran cercanas al río Magdalena.


Un proyecto a punta de presiones y amenazas a la comunidad


Ya en el 2019 el Consejo de Estado le había dado luz verde al proyecto piloto Kalé, pero los habitantes de Puerto Wilches se enteraron de la licencia expedida por la ANLA el pasado 27 de marzo. De momento, el proyecto busca identificar el nivel de riegos para desarrollar esta técnica en el país.


Respecto a su aprobación, la Alianza Colombia Libre de Fracking indicó que ante un proceso de licenciamiento ambiental sin antecedentes, se desarrolló en 5 meses y “con numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio, incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de una activista de la región”.


En efecto, las amenazas han sido una constate que ha rodeado al proyecto. Las organizaciones Alianza Colombia Libre de Fracking, Aguawil y No al Fracking en Puerto de Wilches desde el año pasado exigieron protección a quienes venía promoviendo una agenda en contra del proyecto, a causa de diversas amenazas recibidas.




Pese a ello, diferentes líderes en contra del fracking en Puerto Wilches han denunciado que las amenazas continuaron. Un reflejo de esto es el caso de Yuvelis Natalia Morales, activista de Aguawil, quien tuvo que salir de Colombia el pasado 22 de febrero por amenazas de muerte en su contra por su activismo en contra del proyecto.


Sin embargo, este no es un caso aislado. Varios jóvenes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil) también denunciaron amenazas en su contra, mientras que otros líderes comunitarios y ambientales señalaron vivir con constantes amenazas sin respuesta por parte de las autoridades permanentes. Eso no deja de ser una cuestión menor, ya que Colombia, de acuerdo con Global Witness, es el país con más asesinatos cometidos en contra de personas defensoras del medio ambiente.


Incluso, este panorama llegó hasta el concejal del partido de la U Johan Ruiz, dueño del predio donde se realizará el proyecto Kalé, que ha sostenido estar en contra del proyecto y no recibir ningún tipo de contraprestación por parte de Ecopetrol, lo que le ha llevado a recibir amenazas.

Este escenario ha sido consecuencia de la oposición que ha tenido la comunidad de Puerto Wilches frente al proyecto. Sumado a esto, los 13 concejales del municipio se oponen a la realización del piloto y han denunciado que este no ha contado con la socialización pertinente.


Entre una tutela y cuestionamientos a la supervisión del proyecto


Ante la preocupación de la comunidad y el entorno que ha rodeado a Kalé, Ecopetrol S.A., el Ministerio del Interior y la ANLA fueron entutelados por haber pasado por encima el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas de Puerto Wilches.


Ante el juzgado 21 administrativo oral de Bogotá, la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) sostuvo que ninguna de las tres entidades mencionadas cumplió con el requisito de consulta previa con las comunidades para otorgar la licencia ambiental, lo cual llevaría a su suspensión.


Cabe mencionar que Afrowilches se encuentra en el Registro Público Único Nacional de Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y, desde el 2018, está en un proceso de titulación colectiva de tierras en zonas cercanas a los dos pilotos de fracking Kalé y Platero mientras espera ser inscrita como Consejo Comunitario Afro.


Esta tutela se suma a otra ya presentada por la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking ante el Consejo de Estado “por la presunta violación a los derechos fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad de la comunidad de la zona”.


Además, al proceso lo acompañan los lineamientos establecidos en el Decreto 328 de 2020 que, entre otras, determinó la creación de un Centro de Transparencia que actuaría como el medio de comunicación con la ciudadanía y donde estará centralizada toda la información sobre los pilotos.

Sin embargo, este se encuentra en manos de Ecopetrol, luego de que esta firmara un convenio con el Ministerio de Minas y Energía “para la planeación, construcción, liberación, estabilización y apropiación de una solución Digital para el Centro de Transparencia del ministerio, con el fin de centralizar y divulgar a los grupos de interés la información de los Proyectos Piloto de Investigación Integral”.


Dicho convenio fue suscrito por $15,060,943,321 pese a que Ecopetrol es la encargada de desarrollar los dos pilotos de fracking.


Fuente: Colombia Licita

Eso lleva a cuestionarse la transparencia y confiabilidad de la información que llegue a ser publicada. Expertos como Guillermo Rudas o David Uribe sostienen que los pilotos son para generar datos imparciales, independientes y científicos y que la entidad encargada de difundir la información podría generar un sesgo o un manejo tendencioso de esta.


Así pues, a la espera de las respuestas a las tutelas, el proyecto piloto Kalé ya tiene luz verde. Pese a la oposición de la comunidad y un ambiente hostil y peligroso, este ha seguido adelante ante las posibles implicaciones medio ambientales que puede generar.