Por: Katerin Erazo, Periodista
El comercio en Colombia se ha vuelto una actividad cada vez más riesgosa debido al aumento de la delincuencia. En este contexto, el respaldo de La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) Bogotá al gremio de comerciantes con salvoconducto ha generado polémica por su postura respecto al uso de armas de fuego.
Según Fenalco en Bogotá, los comerciantes que cuentan con salvoconducto deberían tener el derecho de portar armas de fuego, como medida de defensa ante posibles robos o agresiones. Esta postura ha generado reacciones encontradas en la sociedad y ha avivado el debate sobre el uso de armas de fuego como medida de protección.
Mientras algunos apoyan esta medida, otros la consideran peligrosa y creen que puede aumentar la violencia en las calles. Además, es importante tener en cuenta que el uso de armas de fuego por parte de civiles puede tener consecuencias graves e irreversibles, tanto para los propios comerciantes como para los posibles agresores.
Ante la controversia generada, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, aclaró a Pares que su entidad no está solicitando que se arme a los comerciantes, ya que, según él, esta noticia ha sido tergiversada en los titulares. En su lugar, Orrego explicó que realizaron una encuesta a los comerciantes para conocer su percepción sobre la seguridad, tanto en su lugar de trabajo como en su residencia, y les preguntaron si tenían alguna idea para mejorar la situación de seguridad en la ciudad. Según Orrego, recibieron diversas respuestas, entre las que destacan la militarización, un trabajo coordinado entre el ejército y la policía, la agilización del proceso de judicialización para evitar la liberación inmediata de los capturados, y levantar la restricción al porte de armas con salvoconducto.
Orrego mencionó que muchos comerciantes han comprado legalmente un arma en Indumil, una empresa estatal encargada de la fabricación, importación y comercialización de armas, municiones y explosivos. Sin embargo, el director de Fenalco indicó que antes de considerar la medida de permitir el porte de armas a los comerciantes, se deben cumplir ciertas condiciones. Estas incluyen la realización de cursos de manejo de armas, así como exámenes psicofísicos para demostrar que son personas aptas, sin antecedentes y con una necesidad puntual de portar un arma.
En una entrevista con el medio de comunicación RCN, el director de Fenalco explicó que de acuerdo con la encuesta, el 64% de los comerciantes no se siente seguro en su lugar de trabajo, mientras que el 30% ha sido víctima de robo en los últimos cuatro meses. Además, el 80% de los encuestados cree que la seguridad ha empeorado durante ese mismo período de tiempo.
Según cifras de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a nivel nacional se presentaron 17.815 hurtos a personas con arma de fuego (de 85.380) en lo corrido de 2023. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana)
Frente a la encuesta hecha por la entidad gremial, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, considera que si el Gobierno ya ha realizado un estudio al respecto, debería permitir que los comerciantes porten armas legalmente. Según él, esto sería una incomodidad para los delincuentes, ya que actualmente trabajan con la certeza de que los comerciantes están desarmados. Orrego sugiere que, si una persona tiene un arma legal y cuenta con el permiso correspondiente, debería poder portarla en su establecimiento comercial. De esta manera, sería más difícil para los delincuentes entrar y cometer sus “fechorías”, lo que los haría pensar dos veces antes de hacerlo.
Andrés Felipe Cardona Orozco, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, mencionó a Pares que la responsabilidad de combatir estos fenómenos recae en la policía y en el correcto funcionamiento del sistema judicial. Aunque se ha trabajado en estas áreas, la respuesta parece insuficiente frente al creciente problema de seguridad, y la propuesta de Fenalco, según Cardona, demuestra la necesidad de considerar otras alternativas para mitigar o reducir el problema.
Por tanto, Andrés Felipe Cardona resaltó que la propuesta no solo busca tranquilizar a los comerciantes, sino también al público en general. Sin embargo, él mencionó que el porte de armas debe estar sujeto a una vigilancia rigurosa en cuanto a sus condiciones de uso y la vigencia de los salvoconductos. Además, que es necesario establecer mejores canales de interacción entre los comerciantes y la policía para hacer frente al problema.
Por su parte, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, considera que permitir el porte de armas legal para los comerciantes no sería una solución real al problema de la inseguridad en la ciudad. Morales afirma que esta propuesta es reactiva y no aborda las raíces del problema, y que recurrir a la lógica de “solucionarlo todo a punta de bala” no es una solución a largo plazo. En cambio, Morales cree que se deben explorar otros mecanismos para proteger las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la capital.
Morales destacó que, en su opinión, la propuesta no tendría viabilidad, ya que sería inconstitucional. Según él, hay un principio constitucional que no permite que en Colombia los ciudadanos porten armas. Por lo tanto, según él, sería difícil plantear una iniciativa de este tipo y, en caso de que se presentara, se podría generar una situación problemática, porque la gente podría tomar la justicia por su cuenta, lo que podría llevar a más escenarios de violencia y pérdida de vidas.
Andrés Felipe Cardona Orozco mencionó que, con relación al tema del porte y uso de armas en establecimientos comerciales, se puede observar el ejemplo más claro en Estados Unidos, donde, bajo la Segunda Enmienda, se permite el porte de armas para los ciudadanos. Sin embargo, para Cardona, el problema en Estados Unidos radica en que los requisitos para la adquisición de armas no parecen ser suficientes ni estar totalmente exigidos, sumado a la venta sin restricción de armamento de grado militar, como fusiles de asalto. Más allá de lo anterior, Cardona señaló que la posibilidad de portar un arma en Estados Unidos se ha visto como un elemento disuasorio frente al crimen.
Finalmente, Isaac Morales planteó que ya existe diversas estrategias para abordar la problemática de la inseguridad. Entre ellas, destacó los frentes de seguridad en los barrios, el enfoque comunitario de la policía y el fortalecimiento de las instancias de los inspectores de policía en las zonas rurales. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la interlocución entre las redes de comerciantes y la policía, así como con las autoridades civiles, como la secretaría de seguridad, la secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En este sentido, Morales hizo énfasis en la necesidad de reforzar los mecanismos existentes para encontrar soluciones más puntuales y concretas al problema de la inseguridad.