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Farc y gobierno acuerdan desminado

Como resultado del ciclo 33 de las conversaciones de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se acordó el inicio de un proceso de desminado en los territorios donde el grupo subversivo ha instalado estos artefactos y que en ocasiones ha cobrado la vida de de civiles y militares que han caído en estas trampas mortales y en la mayoría de casos los ha dejado sin alguna parte de sus cuerpos.

Según el comunicado  conjunto que emitieron las partes, este acuerdo se da “en el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar garantías de no repetición a las comunidades”.

Para lograr tal fin las partes acordaron que trabajarían en conjunto con la organización Ayuda Popular Noruega (APN) quien  coordinara la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación.

Colombia es uno de los países en el mundo con mayor presencia de minas antipersona en su territorio, donde las Farc y el ELN han sido quienes las han utilizado para evitar el avance de la tropa hacia los lugares de concentración de sus campamentos.

Según estudios y seguimientos que ha realizado la Fundación Paz y Reconciliación, la siembra de minas hace parte de una las tres tácticas militares que trazaron las Farc en el año 2002. Las otras dos consistían en aumentar el número de francotiradores y hostigamientos a las fuerzas militares, instituciones en las regiones y voladuras de oleoductos.

A partir de agosto de 2002 los campos minados se incrementaron en 250%, pero si se los contabiliza desde el año de 1997, el crecimiento sería de un 1000%, según documentos de investigación de Ariel Ávila, Subdirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación.

Según datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, entre febrero y abril del mismo año en el sur del Tolima, las minas antipersonas pusieron fuera de combate entre muertos y heridos a 45 miembros de la Fuerza Pública, además de afectar también a la población cercana a las zonas en donde estaban instaladas.

Las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, contabilizaron en 1997 un total de 25 campos minados en el territorio nacional, y  en el año 2008 el número de zonas con estos artefactos llegó a los 221.

Con este tipo de armas las Farc evitaron el fácil ingreso del Ejército Nacional a los territorios donde se encontraban sus campamentos, lo mismo que