Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
“Temor, temor hermano… uno se sube a ese carro; sin saber si uno regresa por la tarde al lugar de donde partió. Una situación muy lamentable. Mire hermano, uno durante el proceso ve cómo nos van asesinando uno a uno, parece lento, pero ahí van acabando con nosotros. Eso implica, que las personas que estamos trabajando y esforzándonos por sacar nuestros proyectos adelante estemos en constante zozobra…”
Estas son las palabras de Armando, un firmante de paz que adelanta su proceso de reincorporación en Putumayo. Él es uno de los fundadores de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM) de la cual hacía parte Raúl Liponce Peruche o ‘Camilo González’, como era conocido por sus compañeros de reincorporación. Raúl se convirtió en el firmante de paz número 214 en ser asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz.
Según cuenta Armando, para los compañeros y las compañeras de COMUCCOM este reciente asesinato es algo muy triste, nos queda en el pensamiento: ¿Quién irá a ser el próximo? ¿Quién sigue? Nos han matado a seis compañeros de la cooperativa, es un exterminio contra los firmantes del Acuerdo quienes estamos construyendo la paz desde los territorios.
Para Tavarich, otro firmante de paz y cofundador de COMUCCOM, estos asesinatos buscan desestabilizar nuestra apuesta a la paz, busca quebrar la voluntad y llenarnos de incertidumbre por la falta de garantías de seguridad. Sin embargo, nos mantenemos firmes.
Tres años sin armas y bajo fuego
Justamente, este sábado 27 de junio, mientras la prensa nacional recorbada que se cumplían tres años de la dejación de armas por parte de la otrora guerrilla de las FARC-EP; en el departamento putumayense era asesinado Raúl. El exguerrillero durante armas fue del frente 29 de las FARC y estuvo un tiempo en la GV (Guardia del Bloque). Él al igual que un gran puñado de los exguerrilleros del sur del país llegaron a lo que se conocía como Zona Veredal Héiler Mosquera, en Puerto Asís.
Hacía parte del proyecto productivo de piscicultura en la Vereda Los Corrales, finca La Siberia en el municipio de Puerto Guzmán. Desde La Granja COMUCCOM Zona de Paz —como nombraron la finca— echan de menos a su compañero.
Hace casi dos meses, a Pares le contaban (COMUCCOM: UNA APUESTA DE PAZ DESDE PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO) cómo a pulso los y las integrantes de la cooperativa levantaron 11 estanques para producción de tilapia y dos para incubación de alevinos. El proyecto pretende la siembra de 132 mil alevinos. Eso sí, en ese momento —como ahora— los y las integrantes nos manifestaron que esperan que alrededor de su voluntad de paz haya medidas efectivas que les garanticen la vida.
De acuerdo con Armando, Raúl estaba comprometido con la iniciativa, era uno de los que más mantenía al día con las responsabilidades de la cooperativa. “Raúl era un compañero que llegó aquí a La Granja a meterle el pecho a este espacio que autodenominamos como Territorio de Paz. La situación es muy preocupante, cada día aumenta la incertidumbre, no podemos avanzar tranquilos”, señala.
Mensaje al Gobierno Nacional
Según Tavarich, acá estamos cumpliendo con lo que se acordó en La Habana, hicimos dejación de armas —hace tres años la misma fecha en que fue asesinado nuestro compañero Raúl— seguimos luchando por nuestra reincorporación, estamos poniéndole el corazón y el alma a lo pactado. Estamos camellando en los proyectos productivos, porque ha sido el vehículo para que nos podamos reencontrar con las comunidades, poder trabajar de la mano.
Por ello, señala que necesitan que el Gobierno Nacional cumpla con esas 310 páginas, esos seis puntos que componen el documento final. Requerimos todas las garantías pertinentes de seguridad porque no queremos más derramamiento de sangre en Colombia. Queremos, verdaderamente, que en el país haya una paz con justicia social. Queremos trabajar hermano, que nos dejen trabajar; queremos lograr la reincorporación con nuestras familias, no queremos más esta zozobra de que nos están vigilando y de que nos van a matar.
Por su parte, Armando señala que «nuestra paz es desde los territorios, con proyectos productivos, con trabajo colectivo entre excombatientes y las comunidades aledañas. Deben existir garantías de vida para los excombatientes, garantías de seguridad. Estamos dando lo mejor de nosotros mientras nos quitan el derecho a la vida.»
De hecho, Armando cuenta que la situación también pone en riesgo la relación que se ha tejido con las comunidades aledañas. Desde que llegamos han tenido una buena disposición con nosotros. Trabajamos, conjuntamente, con asociaciones plataneras, piscicultoras. Tenemos en el sector comunidades indígenas y afro que nos han manifestado el apoyo al proceso de reincorporación. Hemos compartido conocimiento sobre piscicultura, es decir hemos adelantado un proceso acá en nuestro territorio de paz.
Situación de la región
En Putumayo el pasado 17 de febrero fue asesinado Daniel Jiménez Ospina en Puerto Guzmán, el 30 de marzo fue asesinado Juan Carlos Castillo en Puerto Asís y el pasado 16 de junio fue asesinado Ángel Alberto Calderón conocido como ‘Gato’, también en Puerto Asís.
En el departamento putumayense hace presencia el Clan del Golfo, La Constru, La Mafia Sinaloa y las disidencias del frente 48, 49, 31 y 1. Pares continúa alertando que la comunidad en proceso de reincorporación le ha manifestado temor por la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales.
Durante 2020 han sido asesinados 31 firmantes de paz en Colombia, además CNR FARC le ha manifestado a Pares que se tratan de cerca de 50 tentativas de homicidio de las que han sido víctimas la población en proceso de reincorporación. En los últimos 15 días del mes de junio han sido asesinados cuatro excombatientes en el territorio nacional, además de los de Putumayo está el caso de Mario Téllez Restrepo en Catatumbo y Yohanni Yeffer Vanegas.
Preocupaciones en Guzmán
Armando señala que en La Granja, tras amenazas e intentos de homicidio, hemos logrado —a través de una de solicitud de riesgo de inminencia— un esquema colectivo para COMUCCOM. Éste consta de dos camionetas, que llevan alrededor de dos meses. Esto ha hecho que ya no estemos en completa desprotección, ya que antes de vez en cuando se pasaba la policía por la vereda.
Sin embargo, Armando resalta que la situación de seguridad por cuenta de la presencia y acción de los Grupos Armados Ilegales ha sido muy complicada. Nosotros seguimos en medio de la conflictividad y sufrimos el lastre de esa violencia.
Por su parte, Tavarich señala que les preocupa que aquí en Puerto Guzmán, a pesar del esquema colectivo que les asignaron, no cuentan con una protección permanente de la Policía o del Ejército. Nuestro interés es que el Gobierno Nacional nos reconozca como una Nueva Área de Reincorporación para que, de esta forma estén más puestos los ojos de las autoridades competentes.
Según explica Tavarich, la violencia en la región se recrudece por cuenta de la presencia de grupos armados que se están disputando el territorio. Hay personas que no quieren la paz, que se han beneficiado históricamente de la guerra y, por ello, quieren que la guerra continúe.
De igual forma, precisa que han estado adelantando medidas de autocuidado y autoprotección mientras esperan que el Gobierno Nacional atiende la situación. “Hemos notado el paso de motocicletas que pasan despacio, esta situación la hemos puesto en conocimiento de la Policía municipal”, concluye.
¿Qué dice la institucionalidad?
Pares habló con la personera de Puerto Guzmán, Yuri Ordoñez, quien señaló que, en materia de Derechos Humanos, en el departamento durante los recientes meses se han registrado desplazamientos forzados, reclutamientos. Además, la personera señaló que se ha presentado una amenaza en contra de una lideresa social que fue tramitada con Fiscalía para que el ente le hiciera seguimiento.
De igual forma, Pares contactó a un uniformado de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), quien señaló que las personas en proceso de reincorporación, en el departamento de Putumayo, sí cuentan con esquemas de protección. Hay esquemas de protección tanto individuales como colectivos.
“Por ejemplo, el antiguo ETCR de La Carmelita cuenta con un esquema de seguridad colectivo, mediante el decreto 299 del 23 de febrero de 2017 que dice que: dentro de los acuerdos se implementarán unos esquemas de protección para aquellas personas que ejerzan actividades en pro de los acuerdos. Quienes realicen actividades de acuerdo con lo pactado, pueden ser beneficiarios de los esquemas colectivos y sus familias si están en situación de riesgo”, señala el agente.
De acuerdo con el uniformado, “estas personas deben estar dentro de los Espacios Territoriales. Por ejemplo, que esta persona que fue asesinado estando por fuera del antiguo ETCR no cuenta con estos esquemas”, precisó.
Hemos intentado comunicarse con la Policía departamental pero no ha sido posible contar con alguna declaración sobre la situación de seguridad para las personas en proceso de reincorporación. De igual forma, Pares trató de comunicarse con la ARN pero tampoco obtuvo respuesta.
El último comunicado emitido por el Consejo Político Nacional del Partido FARC confirmó que la cifra de exguerrilleros y exguerrilleras es de 214 tras la firma del Acuerdo de Paz. Asimismo, ratificó que la lista de hombres y mujeres asesinadas “fue entregada a la Justicia Especial para la Paz y será depositada a las instancias nacionales e internacionales involucradas como parte de los documentos que justifican la expedición de medidas cautelares de protección colectiva para los firmantes de paz.”
De acuerdo con el comunicado, lista fue construida por componentes de FARC, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Mesa Técnica de Seguridad, enlaces regionales de Derechos Humanos, el Equipo de Acciones Constitucionales del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.
De igual forma, elevaron el siguiente mensaje: “El sueño de una paz estable y duradera no puede seguir cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sean una realidad”.
Algunas medidas urgentes
Por su parte la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó dos audiencias territoriales de carácter virtual en el ETCR Román Ruíz, en la vereda Santa Lucía en Ituango (Antioquia) y en el ETCR Mariana en Mesetas (Meta). Estas sesiones buscan que se tomen medidas urgentes que generen garantías para la vida de quienes ofician como comparecientes ante la JEP.
Tal como lo advirtió Pares en su momento, el tribunal especial ha venido avanzando hacia una alternativa que permita hacer frente a la violencia selectiva. Por ello, la magistrada de la Sección de Casos con Ausencia de Reconocimiento —Reinere de los Ángeles Jaramillo—; ha explicado que estas acciones de protección colectivas pretenden garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el marco de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»