Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad
Mediante la Resolución 04 del 11 de agosto, la Mesa Directiva del Congreso de la República convocó a los partidos políticos con personería jurídica para que postularan sus candidatos para ocupar las curules del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con ello, se dio un plazo hasta el pasado 17 de agosto para la inscripción de hojas de vida, teniendo como resultado la inscripción de 31 candidatos a ocupar una curul.
Luego de la revisión de hojas de vida por parte de la Comisión de Acreditación Documental Conjunta el 22 de agosto, y dos aplazamientos, el día de hoy se realizó la elección, quedando nombrados como magistrados: Fabiola Márquez, Benjamín Ortiz, Altus Baquero, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Alba Lucía Velázquez, Maritza Martínez, Cesar Lorduy y Álvaro Hernán Prada.
Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución Política, “El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora”. En este caso, al ser un total de 296 congresistas, 188 en Cámara y 108 en Senado, cada partido necesitó 28,22 votos para ocupar una curul. Tras acuerdos llegados por los partidos, se presentaron dos planchas: una por el Centro Democrático, que obtuvo 31 votos, y otra por los partidos de gobierno y Cambio Radical, que obtuvo 254 votos. Así, el reparto de la curules quedó 2 para el Pacto Histórico y 2 para el Partido Liberal y uno, respectivamente, para el Conservador, 'la U', el Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde.
¿Por qué es importante el CNE?
La misión del CNE es promover la sostenibilidad democrática colombiana, “a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y Control total de la actividad electoral, en relación con el accionar de todos los actores que en él intervienen, así como la protección de los derechos de la oposición”. De ahí la importancia para los partidos políticos y por qué buscan un lugar en alguna de sus nuevas curules, ya que no es una entidad con una nómina relevante para que sea considerada un fortín burocrático o clientelar.
En la mayoría de países, los organismos electorales son órganos autónomos del Estado. Así, por lo general, hay dos órganos: uno que administra los procesos electorales y otro que contrala judicialmente sus decisiones y define controversias electorales. En Colombia no y dependen directamente de este. Eso implica que el CNE al cumplir sus funciones pueda tener motivaciones políticas o partidistas.
Eso se pudo ver con el archivo de la investigación por la entrada irregular de dinero a la campaña presidencial de Iván Duque en lo conocido como la ‘Ñeñepolítica’ o la investigación en contra de la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos, por la presunta financiación ilegal de Odebrecht.
¿Quiénes son los magistrados?
Fabiola Márquez – Pacto Histórico
Márquez Grisales es otra de las candidatas del Pacto Histórico -específicamente la coalición MAIS-UP-ADA-Colombia Humana- para ser una de las nuevas magistradas del Consejo Nacional Electoral. Márquez es muy cercana al presidente Petro y ya había sido candidata en 2018, como lo señala las 2 orillas. Ella es oriunda de La Guajira, y dentro de su trayectoria fue auxiliar judicial del despacho del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, asesora de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá desde 2015. Actualmente aparece como parte del equipo directivo de Aguas de Bogotá.
Alba Lucía Velásquez Hernández – Polo Democrático
Es abogada y militante del Polo Democrático Alternativo. En 2012, luego de que el Polo ganara las elecciones a la alcaldía de Cota, con Campo Alexander Prieto, Alba Lucía Velázquez ocupó el cargo de Secretaria General y de Gobierno de la alcaldía. Desde entonces, Velázquez ha estado vinculada a la alcaldía. En 2021, Velásquez se desempeñó como asesora jurídica de la Alcaldía de Cota, bajo la administración del alcalde Néstor Orlando Guitarrero Sánchez. Particularmente, Guitarrero fue avalado por una coalición del Partido Conservador y el Partido de la U, y obtuvo 6.450 votos en 2019.
Velásquez prestó sus servicios profesionales como asesora especializada para la alcaldía de Cota, y existen señalamientos de presuntas irregularidades en su desempeño, pues supuestamente la funcionaria habría ejercido presiones sobre algunos contratistas relacionados, para lograr modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y la asignación de permisos de construcción.
Cristian Quiroz Romero – Alianza Verde
Es abogado, especializado en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal. Según el directorio del Partido Verde cuenta con 13 años de experiencia, partido del que ha sido su director jurídico desde el 2014. También ha sido asesor jurídico del Seguro Social y Colpensiones. Según, Semana, Quiroz es cercano a Rodrigo Romero, director ejecutivo del partido.
Benjamín Ortiz Torres- Partido Liberal
Es abogado especializado en Derecho Administrativo y en Derecho Electoral con una maestría en Derecho Disciplinario. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como auxiliar judicial del Consejo Superior de la Judicatura (1992-2000),profesional especializado en la Superintendencia de Puertos y Transporte (2000-2002), secretario del Consejo Nacional Electoral (2002-2017), asesor de despacho de la Contraloría Distrital de Barranquilla (2017-2019), y recientemente, secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la dirección de Alexander Vega. De acuerdo con distintos medios de prensa, es considerado como la ficha del actual registrador, quien ha sido señalado previamente por Pares por presuntas irregularidades en las recientes elecciones legislativas y, en particular, por haber convertido está entidad en un fortín de los clanes políticos.
Altus Alejandro Baquero Rueda- Partido Liberal
Es abogado especializado en Derecho Administrativo y en Gestión y Responsabilidad Fiscal y cuenta con una maestría en Derecho y un doctorado en Derecho. En su trayectoria laboral se destaca que ha ejercido como profesional especializado en la Registraduría Nacional del Estado Civil (2008-2012), asesor (2012-2013) y secretario privado para la misma entidad (2013-2014). Así mismo, ha ejercido como director técnico de la Unidad de Víctimas (2016-107), contratista para la Federación Nacional de Departamentos (2018-2020), contratista para la empresa de Acueducto de Bogotá (2018-2020) y recientemente, secretario general de la Defensoría del Pueblo (2020-2021).
Hace parte de una familia con amplia trayectoria y reconocimiento al interior del partido, tanto que se reconoce como liberal, partido que respalda su aspiración para llegar a esta entidad. No obstante, Baquero ha sido señalado de ser la ficha del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis quien ha sido previamente señalado por Pares por sus nexos con el Clan Barguil y especialmente, por ser el responsable de haber archivar en el CNE el proceso contra Oscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht.
Ahora bien, su elección no fue cuestionada solamente por su presunto padrino político, sobre quien han recaído acusaciones de haber estado presionado desde la Defensoría del Pueblo para favorecer a Baquero, también porque aparentemente no cumplía con la temporalidad y experiencia necesaria para aspirar al cargo de magistrado del CNE, que es de 15 años. A parte de no existir una coincidencia entre la hoja de vida inicial publicada ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y la que presentó para el proceso de postulación al cargo de magistrado del CNE, la Fundación Comité de Veedurías del Atlántico señaló que la experiencia acreditada sería de 13 años, siete meses y cuatro días, y el tiempo que le falta lo habría conseguido a través de las certificaciones entregadas por Energex S.A., que podría ser falsas. Pese a ello, la comisión conjunta de acreditación del Congreso señaló que cumplía con los requisitos.
Alfonso Campo Martínez – Partido Conservador
Es abogado de la Universidad Antonio Nariño, especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Parlamentario y en Derecho del Medio Ambiente. Además, tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, de Santiago de Chile.
Es hijo del exdirigente del Partido Conservador en el César, Alfonso Campo Soto, quien fue diputado, representante a la Cámara, senador, viceministro de Transporte, Rector de la Universidad Popular del César, Embajador en China, presidente de Ferrovías y director de Aerocivil.
Campo Martínez inició su carrera profesional en el 2002 en la Fiscalía General de la Nación, donde estuvo hasta el 2009. Allí ocupó diferentes cargos como asistente judicial, fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos y fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializado.
Luego, Alfonso Campo tuvo un pequeño paso en la Defensoría del Pueblo ocupando un cargo de contratista. En el 2012 fue escogido como Personero de Valledupar con apoyo del cuestionado Fredys Socarrás, en ese entonces alcalde de este municipio. Para el periodo 2020-2023 Campo buscó reelegirse por segunda vez como personero, pero desistió de esto tras declaraciones que lo señalaban de haber cometido un supuesto fraude en el examen del concurso requerido para ser Personero. En sus dos periodos como Personero de Valledupar logró ser presidente de la Asociación de Personerías de Ciudades Capitales (Persocapitales).
Al no reelegirse Campo tuvo un paso muy corto por el Ministerio del Interior y en junio del 2020 fue nombrado por el entonces presidente Iván Duque como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cargo en el que estuvo hasta este 2022 antes de la posesión del gobierno de Gustavo Petro.
Campo en su paso por el UNP fue cuestionado en múltiples ocasiones por la labor que desempeñó para la protección de la vida e integridad de líderes sociales, excombatientes y reincorporados de las Farc. De hecho, la Jurisdicción Especial de Paz en el 2021 lo exhortó a él y a Emilio Archila, en ese entonces Consejero Presidencial para la Estabilización, de implementar el “Plan Estratégico de Seguridad y Protección” y proteger así la vida de los exguerrilleros de las Farc. También fue cuestionado por el mal estado de los vehículos de la UNP, algo que pone en peligro a los protegidos de la UNP.
Los magistrados cuestionados
Maritza Martínez Aristizábal – Partido de la U
Es abogada de la Universidad Externado, especializada en Derecho Público Financiero de la Universidad Libre y magister en Derecho Público, también de la Universidad Externado. Ha sido Oficial Mayor y Auxiliar del Tribunal Administrativo del Meta, Magistrada Auxiliar en el Consejo de Estado, asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y docente de la Universidad Santo Tomás.
Su ingreso a la política se dio en 2007 cuando aspiró a la gobernación del Meta por el movimiento Volvamos a Avanza, impulsada por su esposo, el exsenador Luis Carlos Torres Rueda, investigado por parapolítica. No alcanzó a quedar en la gobernación, pese a sacar cerca de 120 mil votos. Con su esposo investigado fue ella la ficha al Senado de la República en el 2010, cuando, con aval del Partido de la U, consiguió 61.226 votos. En 2014, con 73.037 votos, y 2018, con 64.934 votos, revalidó su curul en el Senado, con aval del Partido de la U. Finalmente para el periodo 2022-2026 decidió no lanzarse del nuevo al Senado.
Cuestionamientos
Martínez es la heredera de la estructura política de su esposo, Luis Carlos Torres, a quien la Corte Suprema le abrió una investigación en 2007 por presuntos nexos con las Autodefensas Campesinas de Casanare. Si bien las investigaciones no se han traducido en acusaciones, todavía cuenta con 4 procesos en la Corte Suprema de carácter privado.
Además, en el proceso contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia de la Sala de Justicia y Paz, Luis Carlos es señalado de haber realizado un acuerdo económico con el narcotraficante Miguel Arroyave, para desaparecer al candidato a la gobernación del Meta en 2003, Euser Rondón, quien denunció fraude electoral en favor del ganador de esas elecciones, Edilberto ‘Beto’ Castro, quien era el candidato de Torres Rueda. Por las acusaciones contra Castro, fueron asesinados Euser Rondón, Carlos Javier Sabogal Mojica y Nubia Inés Sánchez Romero. A cambio de ello, Luis Carlos Torres, junto con Bairon Martínez, su cuñado y hermano de Maritza Martínez, le prometieron a Arroyave, presuntamente, 2 mil millones, el 3% de la contratación mensual del departamento y un listado de contratistas para cobrarles el 5% de su contrato.
Precisamente por estos hechos, Bayron Martínez Aristizábal fue capturado e investigado por el asesinato de los tres dirigentes políticos mencionados en el anterior párrafo. Sumado a ello, declaraciones de Daniel Rendón Herrera, alias 'don Mario', y Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias 'Julián', establecieron que Gladys Aristizábal, mamá de Maritza, se reunió con ellos y Miguel Arroyabe en el marco de los hechos mencionados. Pese a estas acusaciones y la apertura de investigaciones no se conoce alguna condena.
Por otro lado, Maritza Martínez cuenta con 7 procesos de carácter privado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A esto se suma un proceso en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en el que aparece junto a la exrepresentante a la Cámara por el Meta, Elda Lucy Contento Sanz.
Fuente: Rama Judicial
Fuente: Rama Judicial
A dichos procesos se le suma una investigación en la Procuraduría por presunto tráfico de influencias en el Sena, porque aparentemente habría sido una de las congresistas que influyó en el reparto de contratos en dicha entidad. Se desconoce el estado de la investigación.
César Lorduy Maldonado – Cambio Radical
Nació en Barranquilla en 1956. Es político, empresario y abogado, tiene una especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado y otra de derecho laboral de la Universidad del Norte. Quiere dar el salto de Cámara a Senado. Estuvo vinculado más de tres décadas a la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos. También fue miembro de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Ha sido la fórmula en Cámara de Arturo Char y pertenece a ese poderoso clan y al partido Cambio Radical.
Cuestionamientos
A César Lorduy se le acusa de activar el arma que mató a Alicia Mercedes Ribaldo, una joven de 16 años, en 1979. Según las declaraciones de la madre de Alicia, Clara Luz de Ribaldo, dos testigos que estaban con la joven en el café en el que ocurrió el hecho le contaron que “Alicia hizo una llamada por teléfono. Luego, ella se sentó con los dos testigos. Al poco tiempo, César Lorduy tomó el arma del guardia del sitio, le apuntó y le dijo “te voy a matar”. Alicia puso la mano protegiendo la cara y le alcanzó a preguntar “¿estás loco? De inmediato, él le disparó”.
En 2018 Lorduy le concedió una entrevista a La W en la que aseguró que estuvo detenido tres meses y que aunque fue acusado de homicidio culposo, el caso acabó prescribiendo. Según Lorduy, la muerte de Alicia fue un accidente, pues él y el celador estaban jugando con la escopeta cuando esta “se golpeó, se accionó en la dirección donde estaba Alice”. Según el portal Cuestión Pública, en la página de la rama judicial no existe ningún proceso penal contra el representante. Pares tampoco halló ningún proceso que lo relacione con este hecho.
Álvaro Hernán Prada Artunduaga – Centro Democrático
Es abogado especializado en Gobierno y Gestión Pública. Ha sido candidato a la alcaldía de Neiva, asesor político de Horacio Serpa, secretario general del IDEAM y en el 2014 y 2018 fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, hasta que renunció a su curul en el marco de unas investigaciones adelantadas por manipulación de testigos. Pese a ello, buscó llegar en el 2022 al Senado, pero los cerca de 23 mil votos no le alcanzaron para ocupar una curul.
Cuestionamientos
Álvaro Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y su participación en la creación del llamado Bloque Metro de las autodefensas. Esto habría ocurrido con la intermediación de Carlos López, alias "Caliche". Si bien renunció a su curul para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia mantiene el proceso ya que Prada habría utilizado su condición de congresista para tener el acercamiento con Monsalvo y presionarlo. Incluso, en noviembre la Sala Civil de la Corte Suprema negó una tutela presentada por la defensa de Prada, para que la investigación no la llevara la Corte, porque las conductas que se le endilgan sí tienen que ver con sus funciones como congresista.
El pasado 22 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio por estos hechos, luego de determinar que existen pruebas suficientes de las presiones mencionadas y para que Monsalve hiciera falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda. Con su elección se buscó que su caso pasara la Fiscalía, ya que los magistrados del CNE no tienen fuero especial que les permita ser procesados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En este sentido, de acuerdo con Daniel Coronell, “en agosto de 2011, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al dirimir un conflicto de competencias, estableció que la Fiscalía General de la Nación es la competente para investigar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral cuando haya procesos penales en su contra”. A su vez, tras consultas realizadas con fuentes de Pares, en caso dado de ser capturado Prada luego de su posesión, la ley no contempla cómo debería ser reemplazado.