Por. Natalia Aguilar y Carlos Castelblanco
“La actitud del gobierno de Iván Duque frente al Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 2019 es muy preocupante. Dice que el informe no es ajustado a la realidad, que no tiene suficientes fundamentos, que tiene sesgos. Esto podría indicar que no se trata simplemente de una molestia específica con la relatoría de defensores, sino que se puede tratar de una actitud más amplia y más generalizada del gobierno colombiano hacia el monitoreo internacional que hace Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en Colombia. Y eso es grave.”
Pares habló con Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ. Fue coordinadora del área de Incidencia Internacional y su representante ante Naciones Unidas. Abogada de la universidad de los Andes con maestría en derecho internacional de la misma universidad. Considera que cuando se dio el cambio de gobierno fue esperanzador que el presidente Duque tomara la decisión de aceptar la visita del relator especial sobre Derechos Humanos:
«Significaba un cambio de actitud del gobierno hacia los procedimientos especiales, pero infortunadamente fue más bien la excepción que confirmó la regla, ya que el gobierno no quedó satisfecho con los hallazgos preliminares y esto dio motivo a que Colombia no aceptara la segunda visita que se había programado con el relator para desarrollar el informe final. Colombia volvió a cerrar las puertas a cualquier otra visita para el desarrollo de otro procedimiento especial de la ONU. Esto genera una actitud más lejana entre el Estado colombiano y los mecanismos de las Naciones Unidas.» señala Rodríguez.
El Informe, que se conoció esta semana, hace un análisis de la situación de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia: líderes y lideresas sociales , abogados, periodistas, estudiantes e indígenas en el país. Sin embargo el documento no fue bien recibido por Cancillería , la cual emitió un comunicado oficial en el cual afirma que el gobierno “rechaza tajantemente las graves e irresponsables afirmaciones del informe (…) ya que no refleja de manera fidedigna la situación actual del país.”
Pares: ¿Cómo analiza, de manera general, lo que dice el Informe del Relator y la respuesta inmediata de la cancillería colombiana?
Ana María Rodríguez: Frente al la situación de los líderes y lideresas sociales hay una gran brecha entre las cifras presentadas dentro del Informe de las Naciones Unidas y aquel presentado por el gobierno. El informe de la ONU presenta las cifras de líderes sociales asesinados durante el año 2016 y 2019 (hasta el 30 de junio), según tres entidades diferentes: la Defensoría del Pueblo registra 486 asesinatos, ACHNUD registra 324 asesinatos y Somos Defensores presenta un total de 400 asesinatos.
Sin embargo, en la respuesta de la cancillería afirman que los homicidios han disminuido en un 24,34% comparado con el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y 6 de agosto de 2019, y en el informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales afirma que entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de julio de 2019 habrían sido asesinados 289 líderes sociales.
Pero no se trata de una discusión sobre las cifras. El Relator y todos los expertos temáticos de Naciones Unidas reciben información de muy diversas fuentes, no únicamente de organismos estatales. Además, el gobierno colombiano no cuenta con un registro propio, así que el Relator se tiene que valer de otras fuentes de información.
No existe, por parte de la relatoría especial, una obligación de usar únicamente cifras estatales y el Relator suele usarlas; incluso, en el Informe menciona varios datos de fuentes oficiales, pero si no tiene esa información a su disposición está bien que pueda acudir a otras fuentes y a otras cifras.
“Las cifras deben simplemente indicar una tendencia que permita adoptar políticas y medidas que efectivamente respondan a las formas de violencia que están ocurriendo. El hecho es que la respuesta que esta dando el Estado colombiano, no solamente frente a los asesinatos sino las amenazas, los atentados, las desapariciones forzadas o incluso los casos de violencia sexual contra defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia, no es un suficiente.” Foto: Pares.
Pares: En la Comisión Anual de Derechos Humanos que se está llevando a cabo en este mes en la ciudad de Ginebra, ¿hay preocupación sobre la respuesta del gobierno colombiano frente al Informe del Relator?
A.M.R: Este jueves 27 de febrero la Alta Comisionada presentó el Informe y varios países presentaron y reiteraron su preocupación por algunos aspectos de la situación de violencia en Colombia. Por otra parte, el país también tuvo un espacio para responder y la encargada de emitir la respuesta fue la vicecanciller, Adriana Mejía.
Sorprende que el gobierno de Colombia diga que está abierto al escrutinio internacional, que está dispuesto a colaborar con los mecanismos internacionales de protección, pero luego indica que con este Informe la Oficina de Naciones Unidas en el país perdió la oportunidad de mostrar un balance ajustado de la realidad colombiana y perdió la oportunidad de plantear propuestas concretas y cursos de acción, a pesar de que el Informe trae 13 recomendaciones muy específicas de medidas que se podrían adoptar para mejorar la situación de Derechos humanos. Es muy contradictorio.
Pares: Hay una polémica frente a la mención que se hace en el Informe del Relator sobre el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad que es una instancia que busca detener el asesinato de líderes sociales y desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo,y que al parecer, no está funcionando como debería ser ¿Qué pasa con esta Comisión de Seguridad?
A.M.R: En las respuestas del gobierno frente al Informe argumentan que sí se han realizado dos sesiones plenarias: el 30 de enero y 12 de agosto de 2019 y cinco (5) sesiones en igual número de regiones del país. Frente a esto la norma es muy clara en cuanto a la periodicidad con la que la Comisión debería reunirse, y sean dos, cuatro o seis veces que se ha reunido la Comisión, no cumple con lo que la norma exige que es una reunión mensual.
En segundo lugar la mayoría de estas reuniones que se han sostenido han sido reuniones formales y en casi ninguna de estas la Comisión ha podido entrar en materia y entrar a trabajar en la elaboración de una política para el desmantelamiento de los grupos paramilitares, entonces también pasa a un segundo plano el número de reuniones que tengan lugar si en ninguna de estas reuniones se puede cumplir con el mandato que tiene la Comisión.
En lo que va corrido del 2020 ya hubo una reunión adicional de la CNGS pero una vez más son se pudo dar continuidad a la discusión que venía detrás sobre de qué manera pueden los miembros de la Comisión abordar la elaboración de esta política, entonces lo más urgente, y el llamado que hace el Relator, además de que la Comisión sesione con frecuencia y con periodicidad, es a que pueda efectivamente trabajar en el objetivo para el cual fue creada: diseñar una política para desmantelar los grupos paramilitares, que es lo que no esta pudiendo hacer hasta el momento.
Pares: El Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas es una estrategia diseñada para dar respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos ¿Cómo analiza el funcionamiento de dicho Plan de Acción Oportuna?
A.M.R: El PAO comenzó a funcionar en noviembre de 2018 a través de una comisión intersectorial para su desarrollo, aunque las entidades encargadas de ejecutarlo son: la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Fuerza Pública. La respuesta de Colombia frente al PAO señala que el Relator desconoce el funcionamiento la naturaleza de este programa y eso se debe a que él en su Informe dice que desafortunadamente el PAO no incluye la participación de sociedad civil.
La realidad es que efectivamente el PAO no contempla la participación de sociedad civil porque es un plan creado para la coordinación de las instituciones del Estado, así que ni siquiera fue pensada la participación de sociedad civil en ese mecanismo, pero lo que resalta el Relator es que este Programa de Acción Oportuna se creó sin consultar con sociedad civil y creo que allí, a lo que hace referencia, es al hecho de que cuando el gobierno decidió crear esta estrategia nueva no la puso en conocimiento, no la compartió, no la socializó ni la conversó con los diversos escenarios de interlocución que existen sobre el tema de prevención y protección para personas defensoras. Esa era la manera más natural de diseñar un programa que se articulara a lo que ya existe, y no que llegara a repetir o imponerse por encima de lo que ya venía avanzando desde tiempo atrás.
Pares: ¿Qué va a suceder con la respuesta que dio el gobierno al Informe y la reacción que va a tener en la comunidad internacional?
A.M.R: Este gobierno se ha enfrascado en una discusión que no comprende la labor de las Naciones Unidas en el país y parecería que además no conoce o no entiende bien el alcance que tiene el mandato de los procedimientos especiales del Consejo de DDHH de la ONU.
Los expertos temáticos tienen una función de brindarle asistencia técnica a los Estados, pero tienen también una función muy clara de monitorear la situación de DDHH en el tema que les concierne en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento en el que ocurran violaciones y por eso es curioso que su respuesta haga tanto énfasis en decir que el Relator de alguna manera se salió del marco de la visita y estuvo haciendo cosas que no debía.
El Estado colombiano no está teniendo en cuenta que la tarea del Relator al visitar el país es la de ver cuál es la situación en la que están las personas defensoras y ver qué tipo de respuesta está brindando el Estado colombiano. De alguna manera sugieren que se excedió en la tarea que estaba haciendo, pero no es así; el Relator está cumpliendo estrictamente con las funciones que tiene y para las cuales fue creado su mandato, entonces allí no habría razón para los reclamos que hace Colombia con tanto ahínco.
Por otra parte, la trayectoria de Colombia ha demostrado su interés en asuntos de Derechos Humanos, sin embargo hay cosas por mejorar ya que Colombia se precia de ser un país abierto al multilateralismo y a la cooperación con los mecanismos internacionales de diverso tipo, en particular de Derechos Humanos, y de hecho, la trayectoria de Colombia en los escenarios internacionales de Derechos Humanos es positivamente reconocida por muchísimos países y realmente sería muy penoso que Colombia cayera en actitudes negacionistas y en actitudes de oposición abierta a los mecanismos de Derechos Humanos, tal y como lo han hecho otros países.
El próximo miércoles 4 de marzo de presentará públicamente el Informe del Relator en Ginebra, donde distintos países del Consejo de Derechos Humanos, como las organizaciones de sociedad civil, tendrán la oportunidad de pronunciarse frente a la grave crisis colombiana en esta materia.
Esa actitud no sería coherente con el acumulado que Colombia tiene como país en estos espacios internacionales y sería muy desafortunado y muy mal visto por la comunidad internacional, que en vez de poder aprovechar la experiencia que tiene en este caso el Relator de Defensores, que además en su informe hace varios reconocimientos a la valiosa actitud que ha tenido Colombia en la lucha contra la violencia contra personas defensoras, decida tener una actitud de confrontación abierta con este mecanismo o con cualquier otro mecanismo de la ONU, desaprovechando la oportunidad de valerse de la asesoría y la experiencia de estos mecanismos para mejorar la respuesta de Colombia a estos fenómenos.