Entre la espada y la pared: conflicto y coca en el Catatumbo

Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos




En Colombia los actores que hacen parte del conflicto armado han contado con una variedad de fuentes de ingreso para alimentar sus guerras. La más destacada es, por supuesto, la cadena de producción, procesamiento y comercialización de hoja de coca. Sí, extensiones gigantes de tierra sembradas de esta planta han convertido a Colombia, una vez más, en el mayor productor de cocaína a nivel mundial tal y como lo exponen medios nacionales e internacionales, los cuales hacen referencia a las cifras expuestas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


Los cultivos de hoja de coca han traído consigo una oportunidad de subsistencia para la población civil, pero también han promovido diferentes escenarios de violencia, derivados de las imposiciones normativas para ejercer el control social y económico de los mismos por parte de grupos armados.

En el Catatumbo se viven todas estas dinámicas. Es necesario analizar las implicaciones sociales derivadas del cultivo extensivo de hoja de coca en esta subregión del país, así como la ubicación fronteriza con Venezuela como punto estratégico para el desarrollo de las economías ilegales bajo el control de los grupos armados presentes en el territorio.


Catatumbo: entre la guerra y cultivos

La subregión del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander, está compuesta por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En esta zona la guerra ha prevalecido y se ha perpetuado por más de medio siglo, pasando por el inicio de la explotación petrolera en la subregión, la época de La Violencia con el bipartidismo y el conflicto armado con las guerrillas y paramilitares. Haremos este análisis tomando como punto de partida el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC-EP en el año 2016.


Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares), en promedio en el Catatumbo sucedieron 23 hechos de violencia por mes en este primer cuatrimestre del año. Los enfrentamientos, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos no cesaron y en el horizonte las economías ilegales se mantienen como la fuente de financiación de los actores armados. De esta manera, rentas ilícitas tales como el impuesto a la gasolina, a la cerveza, a los insumos químicos, al contrabando o a la producción de pasta base de coca, se perpetuaron como las fuentes de ingreso que sostienen la guerra en el Catatumbo.


Entre todas estas economías ilegales hay una que sobresale: la producción, procesamiento y comercialización de la hoja coca. Según el último monitoreo que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2020 Norte de Santander fue el departamento con las cifras más altas de hectáreas de coca cultivadas en el país, registrando 40.084 hectáreas. De estas, 39.504 fueron sembradas en el Catatumbo, es decir, el 98.5% del total departamental.

Se encuentra además que Tibú es el municipio con mayor presencia de estos cultivos (a nivel departamental y nacional), pues registra 19.334 hectáreas de coca cultivadas para 2020. El aumento de este cultivo en Tibú ha sido exponencial: 12.787 hectáreas en 2016, 13.685 en 2017 y 16.096 en 2018; se pueden señalar como participantes directos de este fenómeno a los actores armados que controlan la zona: cinco estructuras del ELN, y el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente 33, quienes utilizan este municipio como un fortín para sus actividades militares y económicas.

A esto cabe añadir que municipios como Teorama, Convención y El Tarra presentan dinámicas parecidas a las de Tibú: incremento anual de cultivos de hoja de coca y fuerte presencia de actores armados ilegales con, mínimo, tres estructuras en cada uno de estos municipios.

Gráfico No. 1

Presencia de Estructuras Armadas Ilegales 2022 y Cultivos de Coca en el Catatumbo 2020. Creado por: Línea de Investigación Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sipares & Observatorio de Drogas de Colombia.

A la luz de las altas cifras que registra el Catatumbo en su conjunto, es necesario comprender cómo se benefician los actores armados con los cultivos de hoja de coca. Al respecto, Pares consultó una fuente experta en el tema y conoció que estos cultivos generan renta cada dos meses.


Veamos: en el Catatumbo los actores armados le cobran al campesino $600.000 pesos colombianos por cada kilo de pasta base de coca que se produzca. Actualmente, con la productividad de la variedad de planta que están sembrando y la tecnificación industrial en el proceso de transformación de la hoja a pasta base de coca, los cultivadores hoy día producen 3 kilos de pasta base de coca por cada hectárea. Ahora, si se multiplican esos tres kilos que produce cada hectárea, por el total de las mismas en Tibú, se obtiene un total de 58.002 kilos de pasta base. Y, si a estos kilos se les cobra el impuesto en mención, se estima una renta bimestral de $34.801.200.000 de pesos que recogen los grupos armados, solo en Tibú. Al día de hoy, a esta renta solo pueden acceder el ELN y el GAPF Frente 33, que como se mencionó, son los dos actores dominantes en el municipio.


Este cobro de impuestos económicos se traduce también en reglas de orden social, como la prohibición de impulsar acciones alrededor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. El no cumplimiento de esta directriz trae consigo la muerte. Esta afirmación la soportan el asesinato de ocho líderes de sustitución de cultivos de uso ilícitos asesinados entre noviembre de 2016 y junio de 2020 en el Catatumbo, a los que, en febrero del presente año, se sumó el noveno, Gustavo Antonio Torres, líder social de la región que impulsaba procesos de sustitución de cultivos ilícitos y de asociación organizativa en la comunidad de la Vereda Caño Indio, en Tibú.


Además de esto, el control social impuesto por estas estructuras armadas ilegales ha irrumpido en la cotidianidad de la población civil y en los proyectos de vida de las nuevas generaciones. Por ejemplo, los jóvenes desean saber de química para trabajar en laboratorios de procesamiento de hoja de coca. Esto lo afirma la misma comunidad, que señala que hoy día es difícil encontrar un joven que sepa trabajar con cultivos de plátano, fríjol, maíz, cebolla, yuca, cacao, o caña, pues prefieren sembrar o recoger coca. Es así como en el Catatumbo los cambios generacionales se están caracterizando por adultos atemorizados, amenazados, o desplazados a causa del conflicto, y jóvenes que crecen anhelando participar en él.


En este punto cabe señalar que a las afectaciones ya mencionadas se suman las medioambientales. El aumento de cultivos de hoja de coca también afectó directamente las zonas de interés para la conservación natural: el Parque Nacional Natural Catatumbo - Barí fue la reserva natural con mayor cultivo de hoja coca a nivel nacional, con 1.692 hectáreas (equivalentes al 23.45% de la coca sembrada en Parques Nacionales Naturales), presentando desde 2016 un aumento gradual y constante.

Gráfico No. 2

Hectáreas de coca cultivadas en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Creado por: Línea de Investigación Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: UNODC (2021).

La frontera colombo venezolana como punto estratégico

Como lo mencionó alias “Aureliano Carbonell”: “en la guerra, las fronteras son áreas estratégicas, tienen un valor y eso no es particular del conflicto colombiano”. Esta afirmación de uno de los miembros del equipo negociador del ELN da luces sobre la importancia que tiene para esta estructura el control territorial de la frontera con Venezuela.


La región del Catatumbo, que tiene la condición de ser fronteriza, se ha considerado como un punto clave para la producción, comercialización y distribución de la pasta base de coca y del clorhidrato de cocaína. La demanda de este producto no disminuyó ni siquiera en el marco de la pandemia del COVID-19, pues según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos,

“En la región del Catatumbo las dinámicas del mercado fueron diferentes al resto de territorios, (…) las condiciones locales no afectaron la circulación de compradores en la zona, por lo cual los precios de la pasta básica de cocaína permanecieron estables durante la pandemia (alrededor de COP 2.400.000 por kg)” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2021, pág. 17).

A su vez, Tibú sigue siendo el municipio del Catatumbo más activo en la producción de pasta base de coca. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, desde 2016 hasta la fecha se han desmantelado 1.562 laboratorios de producción primaria en este municipio (el equivalente al 40.76% de los laboratorios desmantelados en el Catatumbo). Estos laboratorios en zona fronteriza gozan también de cierta inmediatez, pues el despacho del producto final es pasado al Estado Zulia en Venezuela, desde donde se estima existen aproximadamente 400 pistas clandestinas desde las que se envía la droga hacia las islas del Caribe y Centro América.


Observaciones finales

En medio de todo el fenómeno descrito sigue estando la población civil inmersa en hechos de violencia y retaliaciones por parte de los diferentes actores armados. Como se mencionó anteriormente, los civiles han padecido 23 hechos de violencia al mes.

Esta cifra demuestra que la respuesta militar al conflicto en el Catatumbo no ha solucionado nada. Y es que el pasado julio de 2021, el ministro de defensa Diego Molano mencionó la creación del Comando Específico de Norte de Santander “con el propósito de desmantelar” el GAPF Frente 33 y con el “objetivo principal” de capturar a alias “Jhon Mechas”. Tres meses después, el presidente Iván Duque arribó a Cúcuta para activar este Comando (conformado por 14.000 uniformados adscritos a la Trigésima Brigada, la Fuerza de Despliegue Rápido N°3, la Fuerza de Tarea Vulcano y el Comando Operativo Energético).


Sin embargo, siguen los actores armados disponiendo de la población civil a la hora de ejercer violencia o demostrar poder y muestran su autoridad sin distinción alguna en hechos como el secuestro a la alcaldesa del municipio de San Calixto, el atentado al alcalde de Playa de Belén, el desplazamiento interno e intermunicipal de la población civil que reside en cercanías a las estaciones de policía, la instalación de artefactos explosivos improvisados hasta por ocho días, la imposición de normas convivenciales como la prohibición de vidrios polarizados, de “piques de moto” o carros con “sonidos a gran volumen” y el control del horario de atención en establecimientos comerciales, son muestra fehaciente del mando social y territorial que mantienen las estructuras armadas ilegales en el Catatumbo.


Sumado a esto, la no implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha logrado que Norte de Santander mantenga una siembra de más de 40.000 hectáreas y, por ahora, la sustitución voluntaria no se ve venir: no hay garantías para los campesinos cultivadores de coca.


Sigue oscuro el panorama en el Catatumbo y la población civil está expectante de lo que pueda pasar en este momento electoral, pues, como denunció la Defensoría del Pueblo, Norte de Santander hace parte de los departamentos con riesgo extremo en estas elecciones.


Referencias

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Bogotá: UNODC. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2020.pdf