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«En las cárceles hay ciudadanos que reclaman derechos»

Por: Laura Cano, Periodista Pares.


El pasado 22 de marzo a través de la Resolución 001144 el director del INPEC, Norberto Mujica, y la ministra de justicia, Margarita Cabello, decidieron decretar emergencia carcelaria en los 138 centros penitenciarios del país. Esto, luego de que un día antes en las cárceles Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Picota, Modelo de Bogotá, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá, se presentaran amotinamientos como actos de protesta por la falta de implementación de medidas efectivas y contextualizadas ante la amenaza de contagio del COVID-19 en la población privada de la libertad.


Cabe señalar tres situaciones: por un lado, las alertas por hacinamiento y todas las problemáticas que esto trae como: la falta de acceso a la justicia, mala alimentación, trato indigno, precario sistema salud para los privados de la libertad, ausencia de infraestructura adecuada, entro otros, se vienen alertando desde 1998 a través la Sentencia T-153 de la Corte Constitucional. Hoy, se estima, según cifras del INPEC, que la población carcelaria es de 121.673, mientras que la capacidad de los centros penitenciarios es de 80.763, lo que representa una sobrepoblación de 40.910 personas, el 50.65%.


Por otra parte, este tipo de medida se ha tomado por tercera vez. La primera declaración de emergencia se dio en mayo de 2013, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Esto motivado por el alto índice de hacinamiento que luego respaldaría la Procuraduría General de la Nación con el informe “El hacinamiento carcelario en Colombia: un problema estructural sin solución a la vista”.


Un año después de publicado el documento, en el 2016, se volvió a hacer uso de este recurso, luego de la liquidación de Caprecom, la entidad que atendía a los internos, lo que desató una que crisis de prestación de salud en los penales.


Asimismo, en el 2018 se alertaba sobre una declaración de emergencia evaluada por el hacinamiento que volvía a ser parte de el debate público. Sin embargo, no se decretó, pero, la entonces ministra de justicia, Gloria María Borrero, aseguró que en el país se tenía que construir 45.000 cupos para afrontar la emergencia y el atraso carcelario.


Seguidamente, en febrero de este año, Duque anunció una nueva infraestructura carcelaria y penitenciaria para reducir el hacinamiento y mejorar los procesos de resocialización, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado mayor avance o medidas que respondan a la problemática, sobre todo en épocas de pandemia, en las que es evidente que el problema estructural del sistema carcelario no podrá afrontar el virus ante un posible contagio para atenderlo y prevenir su propagación en la población interna.


¿Qué ha pasado tras declarar la emergencia?


Las denuncias no han parado por parte de las personas recluidas en las distintas cárceles del país. Un día después de que la manifestación por el tratamiento digno y eficaz ante el COVID-19 terminara en el asesinato de 23 internos y la afectación grave a 83 de ellos, varias cárceles también protestaron por la masacre que había ocurrido, entre ellas la de Acacías y La Tramacúa (Valledupar).


Por otra parte, donde se registraron los hechos se empezaron a alertar amenazas, represión, uso excesivo de fuerza y traslados arbitrarios por parte del INPEC, además de cortes de agua y raciones indignas de alimento.


Un ejemplo de esto, ha sido lo sucedido en la cárcel de mujeres El Buen Pastor donde, por un lado, el 24 de marzo a las 3:00 a.m. hicieron salir de sus celdas a las presas políticas relacionadas con la explosión el Centro Comercial Andino registrada en junio de 2017: Lizeth Rodríguez, Alejandra Méndez y Lina Jiménez. A las 8 a.m. de ese mismo día fueron trasladas de este centro penitenciario de manera arbitraria y sin claridad de hacia dónde las llevaban y sin brindar un informe a sus familiares y abogados.


Solo después de esta situación se conoció que habían sido llevados a la cárcel Picaleña en Ibagué, según informó Óscar Ramírez, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP):

“Las recluyeron en un lugar específico que se llama Unidad de Medidas Especiales. Es preocupante la situación porque esta Unidad son unas celdas que son utilizadas casi que de castigo, donde las medidas de seguridad son mucho más restrictivas; solamente tienen derecho a una hora de sol en un pasillo que es limitado, no tienen posibilidad de hacer descuento o generar un tipo de actividad que les permita reducción, lo que vulnera los derechos fundamentales.»


Pero adicionalmente, la crisis de infraestructura y sanitaria al interior de las cárceles hace que estas celdas no tengan agua, les suministran un balde a las personas que están allí para que puedan asearse durante el día, asear su celda, lavarse las manos, vaciar el sistema sanitario y si les queda agua lavar ropa o lo que necesiten. Son unas condiciones de seguridad bastantes complejas.


A esto se le suma la situación que se presentaba desde el cacerolazo que se dio a manera de protesta el 21 de marzo, pues en ese hecho varias mujeres resultaron heridas por agresiones con armas neumáticas, entre ellas:


Marinela Arévalo, Camila Espinosa y Katherine Rodríguez, quienes no fueron llevadas a sanidad, incluso cuando la última interna nombrada tiene un tumor en su cabeza, lo que agrava su situación de salud, quien además fue amenazada por una de las guardias del INPEC de ser trasladada a un patio diferente al de discapacidad, que es en el que se encuentra.


En uno de los más recientes comunicados del CSPP se informa que en los últimos días se han venido reprimiendo a las privadas de la libertad con gases lacrimógenos que han afectado a las internas y madres gestantes del patio 4 y 6 quienes presentaron complicaciones respiratorias, sangrado excesivo y quemaduras de piel. Cabe señalar que en el país hay actualmente 58 mujeres privadas de la libertad en estado de embarazo y 12 lactantes.


“A ellas se les atendió en el área de sanidad de la cárcel, ya que hay una restricción para realizar remisiones fuera del establecimiento, sin embargo, a las personas que fueron afectadas por golpes, el gas o las aturdidoras, solo se les hizo limpieza en el lugar del impacto y a algunas se les suministró desinflamantes, pero en general la atención médica fue precaria y se les devolvió así a sus celdas. No tenemos un registro de cuántas mujeres resultaron heridas, no ha habido forma de saber eso porque ni siquiera hay posibilidad de ingreso al establecimiento a entidades que hagan veeduría”, sostuvo Óscar Ramírez.


Adicionalmente, el 23 de marzo el Mayor Wilson Leal, adelantó operativos donde se señalaron a varias internas de agitadoras y responsables de la situación que se presenta en el Buen Pastor. Ramírez contó que a algunas de las presas políticas que han hecho escritos, que reclaman ante la dirección general del INPEC, se le hicieron inspecciones al interior de sus celdas en reiteradas ocasiones de manera agresiva, rompiéndoles sus objetos personales.


La incertidumbre de los familiares


Luego de que varios videos y opiniones circularan en redes sociales y medios de comunicación de lo ocurrido el 21 de marzo en las cárceles de Colombia, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el director del INPEC dijeron, entre otras cosas, que esta situación se había dado para prevenir un supuesto plan de fuga, además que adelantarían investigaciones para saber por qué habían celulares al interior de los complejos carcelarios y también para establecer la razón por la que los inhibidores de señal no estaban funcionando.


Aunque se mencionó que se conformaría un equipo de 45 funcionarios para indagar en qué situación se habían dado los asesinatos, esto siempre fue nombrado como consecuencia del supuesto plan de fuga, además negando el problema sanitario por el que los internos reclaman.


“Preocupa ese discurso construido por parte del MinJusticia, de la Fiscalía y el INPEC, no se necesita ningún plan de fuga para que la gente reclame sus derechos. Ahí hay que hacer dos observaciones, la primera, es que el hecho de que existan celulares en la cárcel, puede ser un motivo de preocupación por parte de las autoridades penitenciarias, pero en el Código Penal eso no se típica como delito, además, no es un hecho de los más graves que ocurrieron ese día.» explicó Ramírez.


La Fiscalía General de la Nación debería preocuparse, dentro de sus obligaciones, por el tema de la supuesta fuga y algo que es mucho más grave; las 23 personas asesinadas dentro del establecimiento, junto con las 83 heridas.


Es decir, la versión de la Fiscalía asume una hipótesis de que esas muertes fueron legítimas, cuando su papel es el de investigar y establecer si esas personas murieron en la utilización de la fuerza en un carácter proporcional o si por el contrario podemos estar frente a escenarios de ejecuciones.

Es decir, barajar todas las posibilidades es lo que debería hacer un ente acusador serio. Esto nos preocupa porque la investigación con esas declaraciones no promete ser imparcial, exhaustiva y por el contrario sí puede facilitar el encubrimiento de algunos de los hechos que sucedieron en la Modelo” informó Ramírez.


Igualmente, otra de las preocupaciones del CSPP es la situación a la que se enfrentan los familiares de las víctimas, pues al miércoles 25 de marzo no todos habían recibido los cuerpos de quienes fueron asesinados. A esto se le suma la imposibilidad de realizar los ritos funerarios y de recibir un acompañamiento y asistencia jurídica, esto tras la situación de aislamiento preventivo obligatorio que está decretado en todo el país.


Por otro lado, algunos de los familiares de los privados de la libertad heridos están ante la incertidumbre de saber cuál es su estado de salud, en qué hospital están o si por el contrario ya fueron llevados al centro penitenciario.


El Gobierno ha sido ineficiente a la hora de dar respuesta a los familiares y el establecimiento penitenciario ha sido incluso más inoperante, entendemos que la situación no da para que todo se esclarezca rápido, pero la lentitud con la que han asumido esto es preocupante.


El sistema de salud en las cárceles


Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hacinamiento carcelario tiene un impacto en todos los escenarios al interior de los establecimientos penitenciarios, entiéndase resocialización, acceso a la justicia, salud, etc.


El sistema de salud se da a través de la contratación de un tercero, es decir; el Estado colombiano entrega un dinero a una fiducia, esa fiducia lo administra y de allí se contrata a unos terceros. Esto se hace a través del Fondo de Personas Privadas de la Libertad, que lo administra la fiduprevisora. Ahí se contratan los médicos, se implementan unos protocolos, se encargan de dotar de insumos a los entes carcelarios.


Se supone que en este momento debe haber 1011 médicos para todas las cárceles, según el estándar del INPEC, de esos, por lo menos a diciembre del año pasado y según las últimas cifras entregadas a la corte Constitucional habían 988. Primero tenemos un personal escaso para la cantidad de la población privada de la libertad, que no atiende en todos los turnos, porque ellos no atienden en turnos continuos, sino en turnos de 8 horas o por intervalos, eso es bastante complejo.


La primera atención a los internos puede demorarse entre tres y cuatro semanas en promedio, y además de eso se requiere una atención extramural porque al interior de las cárceles no se pueden prestar ciertas atenciones médicas especializadas. Esa red extramural se contrata a través de unos convenios que realiza la fiduprevisora.


La red extramural en algunas cárceles no es la más robusta, porque están ubicadas en zonas donde no hay hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Además, llevar a remisión a una persona privada de la libertad para que asista a una cita médica significa que se debe disponer personal de la guardia para que lo lleven.


Si eso sucede en una cárcel como La Picota, que tiene 9000 internos, que además tienen constantemente audiencias judiciales y donde a veces se deben realizar traslados, todo esto con acompañamiento de la guardia penitenciaria y sus los vehículos, lo que termina pasando en que no se da abasto para realizar estas diligencias. Muchas de estas citas se pierden y alcanzar una cita de estas puede durar 3 o 4 meses más, así que en este contexto se agudizan las enfermedades.


Se tiene un sistema bastante obsoleto, precario, donde la atención de alguien está basado en una cadena de intermediarios y muchas veces esto termina a través de tutelas determinándose quién debe darle la atención al paciente.


Un sistema que no funciona, que es demorado y que además a interior de la cárcel no cuenta con el número de camas necesarias, no cuenta con unos espacios completamente desinfectados. Cuando llegue una pandemia a la cárcel, como la que hay ahora, no vamos a tener la cantidad de camillas, ni de médicos que le puedan poner atención a una población que se encuentra en altos niveles de hacinamiento. Finaliza enfatizando Óscar Ramírez.