«En las cárceles hay ciudadanos que reclaman derechos»

Por: Laura Cano, Periodista Pares.


El pasado 22 de marzo a través de la Resolución 001144 el director del INPEC, Norberto Mujica, y la ministra de justicia, Margarita Cabello, decidieron decretar emergencia carcelaria en los 138 centros penitenciarios del país. Esto, luego de que un día antes en las cárceles Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Picota, Modelo de Bogotá, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá, se presentaran amotinamientos como actos de protesta por la falta de implementación de medidas efectivas y contextualizadas ante la amenaza de contagio del COVID-19 en la población privada de la libertad.


Cabe señalar tres situaciones: por un lado, las alertas por hacinamiento y todas las problemáticas que esto trae como: la falta de acceso a la justicia, mala alimentación, trato indigno, precario sistema salud para los privados de la libertad, ausencia de infraestructura adecuada, entro otros, se vienen alertando desde 1998 a través la Sentencia T-153 de la Corte Constitucional. Hoy, se estima, según cifras del INPEC, que la población carcelaria es de 121.673, mientras que la capacidad de los centros penitenciarios es de 80.763, lo que representa una sobrepoblación de 40.910 personas, el 50.65%.


Por otra parte, este tipo de medida se ha tomado por tercera vez. La primera declaración de emergencia se dio en mayo de 2013, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Esto motivado por el alto índice de hacinamiento que luego respaldaría la Procuraduría General de la Nación con el informe “El hacinamiento carcelario en Colombia: un problema estructural sin solución a la vista”.