Por: Guillermo Linero
Los llamados “falsos positivos” son sin duda el caso de barbarie más espeluznante de la historia política de Colombia y constituyen a nivel internacional un hecho singular aberrante; por cuanto fueron asesinatos extrajudiciales de jóvenes en extrema indefensión. Civiles, a los que secuestraban con engaños para luego asesinarlos y presentarlos ante los medios de comunicación como guerrilleros caídos en combate; pero sobre todo para cobrar dinero por sus “bajas”.
Sin embargo, el mundo entero ha estado advertido de ello y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, falló en el año 2019 en contra de Colombia por este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Aun así, lo cierto es que poco se ha dicho desde tales estrados acerca de las responsabilidades de los altos mandos militares y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, excepto lo expresado por la Corte Penal Internacional (CPI) que no traspasa esta explicación escueta: “Se encuentran en estudio”.
Tal vez, eso imagino, los investigadores judiciales de la comunidad internacional piensan que lo ocurrido en nuestro país fue un típico caso de excesos militares, que suelen ser corrientes y aislados, y no la actuación de una empresa criminal aupada e infiltrada por las políticas non sancta de los gobiernos de Álvaro Uribe y, por su puesto, desprendida de la institución castrense que tradicionalmente ha sido leal a sus compromisos constitucionales.
De cualquier modo, la justicia colombiana en este caso ha mostrado tanta lentitud y negligencia que ya se accionaron los resortes de las cortes internacionales, pues cuando nuestra justicia ha trabajado al respecto lo ha hecho sin vendarse los ojos -es decir, predeterminando a qué parte favorecerá- y de no ser por la presión de las fuerzas civiles, por el movimiento de las madres de Soacha; por las investigaciones de organizaciones internacionales o por los informes de Human Rights Wacht, no se hubieran llevado a cabo las mínimas investigaciones que ahora, en el contexto de la JEP, empiezan a dar resultados. En efecto, se elevó el número de ejecuciones de dos mil cuatrocientos –cifra establecida por la Fiscalía en sus investigaciones- a más de seis mil cuatrocientas, plenamente comprobadas por la JEP al día de hoy.
Valga decir que este tribunal especial ha manifestado en distintos medios que sus cifras e informes están soportadas en investigaciones de instituciones tan autorizadas como la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y especialmente en las investigaciones de particulares; es decir, en manos de casi trescientas organizaciones de derechos humanos.
Así las cuentas, la expectativa razonable y triste es que el número de jóvenes asesinados extrajudicialmente será sorprendentemente mayor a diez mil, cuando lleguen a sumarse las confesiones de la totalidad de militares y particulares acogidos por la JEP en relación con este específico caso, denominado caso 03 que investiga las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. En tal panorama, no dejar de llamar la atención el rotundo éxito de la JEP, por cuanto dos años atrás difícilmente podría visualizarse el esclarecimiento de estos hechos con la precisión y celeridad que este tribunal lo está haciendo. Con el tiempo, y porque se fueron ampliado las informaciones a cambio de los beneficios ofrecidos por la JEP, hasta el general Montoya fue a dar allá, y aunque al principio se negó a reconocer que dichos asesinatos extrajudiciales hubieran ocurrido, ahora que los está reconociendo –creo que sin advertirlo- suscita mayor atención; pues ha dicho, tal vez inocentemente, o tal vez con una consciente actitud malévola, que:
“… los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato dos, ni tres ni cuatro. Voy a hablar con el corazón, como comandante: nos toca enseñarles a cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad”.
En efecto, el general ha dado a entender que los falsos positivos fueron gestados, organizados y ejecutados, por soldados de estrato uno -nunca de estrato dos, tres o cuatro- y que este estrato se caracteriza, precisamente, por una total falta de calidad. Lo que significa explícitamente que a su juicio carecen de educación y de cultura, tanta que lo primero que hace el Ejército cuando ingresaban, era enseñarles a ir al baño y enseñarles a manejar los cubiertos para que comieran de una manera mínimamente civilizada.
Y pretende convencernos el general Mario Montoya, o convencer a los jueces de la JEP, que de esa ignorancia rasa, surgiría el impulso cognitivo de engañar a la inteligencia del Ejército Nacional, en cabeza suya; y engañar a la Presidencia de la República, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez; y más insólitamente engañar a la máxima inteligencia de nuestro hemisferio, a la inteligencia de los Estados Unidos que finalmente recibía los informes y giraba los cheques con los que Uribe le giraba al Ejército y éste a sus coroneles y estos a los intermediarios que cazaban jóvenes para secuestrarlos, para engañarlos, para someterlos a una tortura psicológica de ilusión laboral, para asesinarlos cobardemente por la espalda, y para hacer pública sus muertes en una campaña propagandística de desprestigio contra las víctimas y contra sus familiares. Y por qué no decirlo, también contra los pobres soldados de estrato uno, usados como lobos de sí mismos. De manera que, siendo así las cosas, surge esta simple pregunta: ¿Cómo un soldado, que difícilmente puede escribir su nombre, que no conoce el mundo civilizado ni siquiera en sus elementalidades como usar una cuchara para tomar sopa, pueda elaborar una estrategia delincuencial tan compleja que pone al honorable Ejército Nacional colombiano en la mira de la comunidad internacional al nivel de un ejército paria, y a sus generales, a sus coroneles y a quienes participaron de los falsos positivos, los deja como los más sanguinarios personajes de la historia reciente?