Por: Katerin Erazo, periodista Pares
En Arauca y Norte de Santander no se silenciaron los fusiles luego de la firma del Acuerdo de Paz. Estos departamentos configuran una geografía violenta en la frontera colombo-venezolana a causa del enfrentamiento entre diversas estructuras armadas ilegales, la población civil es la principal víctima de esta realidad, así lo afirma el más reciente informe de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos.
El departamento de Arauca ha vivido en lo corrido de 2022 fuertes episodios de violencia por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 10 de las FARC; combates que dejaron, en los primeros tres días de enero, 27 personas muertas miembros de estas estructuras ilegales luego de una fuerte arremetida, que, según fuentes, tuvo inicio por la ruptura de un posible pacto de no agresión entre estas dos organizaciones armadas. El aumento de la violencia ha cobrado, en lo corrido de 2022 más de 300 vidas.
Sin embargo, Arauca no es la única geografía violenta, a este departamento se suma Norte de Santander, un departamento el cual históricamente ha sido marcado por su influencia por parte de grupos armados ilegales como el ELN, que, según la Defensoría del Pueblo, actualmente hace presencia en 40 municipios del departamento. Aunque el ELN no es el único grupo armado ilegal que hace presencia en el departamento, otros como el Grupo Armado Pos FARC Frente 33, el EPL, el Clan del Golfo, entre otros, también combaten por el control del territorio.
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Las mujeres son afectadas de manera diferencial por este conflicto
En Tibú el asesinato de mujeres ha aumentado, esta población ha sido desplazada de sus territorios y así mismo amenazada. Entre el mes de abril y mayo, ocho mujeres fueron asesinadas en este municipio, en el que, además, están expuestas a ser víctimas de violencia sexual como estrategia por parte de los grupos ilegales para crear terror. Se registran casos del tráfico de personas con fines de explotación sexual y esclavitud para labores domésticas.
Las mujeres también han sido objeto de señalamientos por parte de sus mismas comunidades, las cuales forman opiniones y justificaciones frente a los ataques contra ellas. Así fue el caso de Liliana Rincón Ramos, quien fue asesinada por mantener una relación con un integrante del Ejército Nacional de Colombia.
“¿Por qué sale con militares sabiendo lo que se vive aquí?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la víctima. Según expertos consultados por Pares, se han ido construyendo matrices de opinión alrededor de las futuras víctimas y, una vez cometido el asesinato, la comunidad acredita o respalda sus muertes, justificando de alguna manera lo cometido, siendo las mujeres una población de las más afectadas por la violencia letal.
Otras poblaciones también son afectadas de manera diferencial
Los liderazgos comunales, líderes campesinos y cívicos, también entran entre los principales afectados. El apoyo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha sido uno de los mayores riesgos que enfrentan, en especial, los líderes y lideresas. Es por esto que han recibido diferentes amenazas que podrían afectar su bienestar, llevando a su desplazamiento de las zonas rurales y limitando la observación y el seguimiento de la ciudadanía en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.
En el Catatumbo específicamente, pero también en Arauca, los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) también se encuentran en riesgo por parte de múltiples grupos ilegales, quienes los utilizan como mensajeros, vinculándolos a labores del narcotráfico y diversas actividades ilegales. Su estrategia es brindarles mejoras en la calidad de sus vidas. Según el DANE, más de la mitad de esta población cuenta con bajos recursos, intensificando la probabilidad de que NNA hagan parte de estos grupos.
¿Qué rol está cumpliendo el Gobierno en el crecimiento del conflicto en Norte de Santander y Arauca?
Restringir la movilidad en el departamento y aumentar el pie de fuerza de los militares en la región, son las dos medidas que el Gobierno ha venido tomando frente a este conflicto. El exministro de defensa, Diego Molano decretó un aumento de 600 soldados en la región, a través del Decreto 084 del 03 de enero del presente año.
El aumento de la presencia militar se hizo con el fin de bajar los niveles de violencia, medida que gobiernos anteriores han tomado y que hasta el momento no ha mostrado resultados positivos. En los meses de enero y febrero de 2022, Arauca vivió sus dos meses más violentos de este año con el paro armado decretado por el ELN y la detonación de un carro bomba ejecutado por las disidencias del Frente 28 de las FARC.
Según lo analizado en el más reciente informe de la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, se recomienda fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria de manera integral, fortaleciendo la difusión, promoción, articulación y participación de comunidades en mecanismos de prevención, protección y garantías de no repetición, con unos planes de contingencia que ayuden a las emergencias humanitarias y a la prevención a los derechos humanos; asimismo, el acceso de manera ágil a estas estrategias, con el fin de prevenir algún tipo de riesgo contra el bienestar de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, entre otras recomendaciones.
Lea el informe completo ‘Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca’ con toda la información y el análisis aquí.