Empezó el forcejeo

Por: León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares


A sólo unos días de elegido Duque se sacó de la manga una manera de entorpecer la aprobación del reglamento de la JEP y ganar tiempo para meterle la mano al fondo de la justicia transicional. Les pidió a los parlamentarios de su partido y a sus futuros aliados que dejaran esta decisión para la próxima legislatura argumentando que se necesitaba primero la definición de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. No le salió la jugada. El presidente de la Corte le dijo que no era necesario esperar este procedimiento. Pero ese fue apenas el primer episodio de una lucha que será larga.

Para nadie es un secreto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido quizás el principal punto de contradicción entre los partidarios del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón y el uribismo. Los uribistas no quieren este mecanismo de justicia transicional, quieren que sólo las FARC concurran a la justicia, quieren que haya cárcel para los jefes de esa fuerza política y por ese camino sacarlos del Congreso y de la participación democrática, no quieren una verdad plena del conflicto, sólo una verdad parcial, la que corresponde a los guerrilleros, no quieren una reparación integral de las víctimas a la que contribuyan todos los que participaron en el conflicto armado.

Ya lograron bastante, pero no están contentos con ello. Mediante las presiones en el curso de la negociación sacaron a los expresidentes de la obligación de concurrir a la Comisión de la Verdad y a la JEP, hecho que no tiene ninguna lógica si tenemos en cuenta que los presidentes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, en los mandatos de Pastrana y Uribe se produjeron el 67% de los más de ocho millones y medio de víctimas del país y algo tendrían que decir ellos de esta dolorosa realidad. Después lograron sacar a los terceros, a todos, a los políticos y empresarios, a los que promovieron a los paramilitares y se aliaron con ellos con el pretexto de contener la amenaza guerrillera.

Ahora tienen tres objetivos: sacar también a los militares de la JEP y organizar un tribunal paralelo para ellos; posponer la participación política de los líderes del nuevo partido hasta que concluyan sus procesos en la JEP; y cargar de más condiciones, obligaciones e inhabilidades a los guerrilleros sujetos a la justicia transicional para prolongar e inhibir el ingreso pleno de los d