Por: Laura Cano, periodista Pares.
Desde mediados de enero la comunidad de wounaan, ubicada en Chocó, alertó a las autoridades locales y nacionales acerca de un virus que durante los primeros 28 días del mes, había dejado seis (6) niños muertos en esta zona del país, quienes habían presentado cuadros de vómito, diarrea, fiebre y problemas respiratorios.
Ante estas alertas, algunas entidades han dado respuesta enviando funcionarios hacia Buenavista, el corregimiento donde se ubica la comunidad indígena. Hasta allí, en los últimos días, han llegado comisiones del ICBF, el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Salud del Chocó y del Instituto Nacional de Salud (INS), quienes han dado dos reportes importantes: primero, que estudiarán las diversas pruebas que han recogido para analizar cuál es la causa que provocó este virus; segundo, que dada la falta de documentos oficiales que registren las muertes de los seis niños, las entidades no pueden confirmar lo sucedido con los niños que fallecieron.
Sin embargo, en la zona ya han sido atendidos alrededor de 187 menores que han presentado los síntomas que ya habían sido alertados por la comunidad. Además, las entidades informaron que trabajarán en conjunto y que algunas permanecerán en la zona.
El contexto social que rodea la situación en el Chocó
Aunque según los organismos que hacen presencia en la zona, aún no se pueden determinar las causas que rodean la problemática de salubridad que se vive en Buenavista, hay varios contextos en este punto del país que se deben tener en cuenta para analizar la situación.
· Buenavista se encuentra ubicada a seis horas del casco urbano de Pizarro, en Bajo Baudó. Las condiciones para llegar a este punto presentan varias dificultades. Por esta zona pasan las afluentes del Río Docampadó y en sus riberas se ubican comunidades Embera y Wounaan.
En general, en el Chocó, se vive una constante tensión con las dinámicas de minería ilegal, principalmente con la extracción de oro y platino, lo cual ha generado varias problemáticas, entre ellas, un notable agotamiento ambiental, además, de la carencia de economías alternativas.
Las extracciones ilegales han tenido respuesta por parte del Gobierno, pero, en su mayoría han consistido en quemar las dragas o dragones, sin mayor solución a las dinámicas que esta actividad ha generado en la comunidad. Estas extracciones se realizan en los ríos y con mercurio, lo que ha producido daños irreversibles en las aguas, afectando los productos que abastecen la comunidad y que se producen allí.
La minería ilegal se ha constituido como una de las economías legitimas de la zona, varios pobladores trabajan en relación con esta actividad, ya sea directa o indirectamente. Además, ha contado con la permisividad de las autoridades respondiendo a diversos intereses y no generando posibilidades de economía alternas. Los grupos armados que operan en las zonas de extracción también son actores importantes de las dinámicas de extracción; cobran por el ingreso de la maquinaria y también un porcentaje de lo que se produce.
La zona ha vivido por años una notable falta de planeación de políticas que den solución desde abajo a los conflictos de diferentes indoles que allí se presentan; no hay los suficientes centros de salud, no hay un sistema de alcantarillado y agua potable. Además, aunque hay algunos entes del Estado, estos no hacen un adecuado un control y veeduría de la agudización las diferentes problemáticas.