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El subsidio a la gasolina y el control del déficit fiscal

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


El gobierno de Gustavo Petro decidió reducir –de manera gradual y sostenida– el subsidio indirecto a los combustibles líquidos en Colombia. Su objetivo, para diciembre de este año, es ubicar el precio de la gasolina corriente en, por lo menos, 16 mil pesos; e igualar en 2024 el precio interno del combustible al internacional, los cuales se distancia hoy entre cinco y seis mil pesos.


El último aumento se dio a principios de este febrero. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio para este mes aumentó en un rango de entre 246 y 254 pesos –dependiendo de la distribución geográfica del país–. Y en total, desde octubre de 2022 –cuando comenzó a implementarse la medida– se ha elevado en 1.250 pesos por galón, pasando de una cifra de $9.200 a una actual de $10.450.


Esta decisión tiene para el país muchos efectos positivos. En primer lugar, la reducción del déficit fiscal. A principios de este año, el hueco fiscal equivalía al 2.5% del PIB, al ubicarse en la crítica cifra de 40 billones –el doble de lo que obtendrá el Gobierno este año con la reforma tributaria–. Lo que ha obligado al Gobierno a destinar este año 29 billones del presupuesto nacional para pagarle al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Líquidos (FEPC).


Además, otro aspecto favorable es el envío de señales a los usuarios del servicio sobre la necesidad de reducir el consumo de hidrocarburos. El aumento del precio del combustible es un incentivo que puede servir para que la gente transite en los próximos años al uso de energías renovables. Lo cual es coherente con el compromiso que ha asumido el Gobierno con el planeta, de trabajar por la reducción de gases de efecto invernadero y el cuidado del medio ambiente.


Sin embargo, para el gobierno Petro la reducción al subsidio de la gasolina representa, tal vez, la medida más antipopular que ha tomado durante sus primeros seis meses de mandato. El aumento del precio hará, los más probable, que su imagen positiva caiga, incluso, afectando su gobernabilidad. Y lo peor, es una decisión que lo acompañará hasta el fin de su mandato en 2026, momento en que se comprometió a entregar saneado el FEPC.


Lo anterior se debe, en parte, a que existe en el país la creencia infundada de que el precio de la gasolina impacta negativamente el precio de toda la canasta familiar. Idea que, aunque no es cierta, sí tiene efecto inmediato en la variación de los precios algunos de algunos bienes y servicios que se consumen en Colombia, lo cual afectará negativamente el control de la inflación y aumentará la pobreza.


Un efecto que el Gobierno ha tratado de evitar mediante el no incremento exagerado del precio del galón de diésel o ACPM, insumo que usan la mayoría de los transportadores. En los meses anteriores el alza de este carburante no ha superado los 100 pesos, incluso en febrero no hubo incremento en este rubro. A pesar de ello, hay riesgo de que los transportadores, en especial, el gremio de los taxistas, salgan a la calle a manifestarse contra esta decisión del Gobierno Nacional.


Precisamente, tratando de evitar efectos negativos como estos, los antecesores presidenciales no quisieron tomar la decisión de aumentar el precio de la gasolina y dejaron el problema a los gobiernos posteriores. El expresidente Iván Duque, por ejemplo, a pesar de conocer el problema tan grande que existía, no quiso asumir los costos políticos que tiene el aumento del precio de la gasolina y mantuvo el subsidio, agravando con ello el déficit fiscal.


En conclusión, durante los próximos meses veremos cómo en Colombia se reducirá el subsidio al consumo de gasolina corriente. El Gobierno Petro ha decidido asumir un costo político importante, el cual podrá ser aprovechado en un año de elecciones políticas. Situación que provocará una sensación de descontento popular.


En este contexto, las tareas que tiene el Gobierno son diversas, entre ellas: primero, trabajar para el control de la inflación. El Gobierno no puede permitir que el aumento justificado del precio de la gasolina corriente se traslade al precio de todos bienes y servicios que consumimos en Colombia, lo que provocaría que el bolsillo de los hogares se afecte.


Segundo, explorar otros caminos para aumentar los ingresos tributarios del Estado. Una vez se comience a reducir el consumo de gasolina, también caerán los impuestos a los combustibles y la sobretasa a la gasolina que recibe el Estado, los cuales suman este año unos $9 billones.


Tercero, continuar en el camino de reducir el déficit fiscal. Como lo ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el déficit seguirá creciendo estos próximo dos años –para este lo hará en cerca de 4 billones–, hasta que el precio interno de la gasolina se iguale con el internacional. Afortunadamente, durante este tiempo lo hará con menos celeridad, debido precisamente, a la decisión impopular que tomó.


En este último sentido, el Gobierno tendrá que recordarles a los usuarios del servicio que, a pesar del incremento, aún tenemos la tercera gasolina más barata de América Latina, después de Venezuela y Bolivia. Igualmente, enfatizar en lo importante que resulta para el país mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y seguir las indicaciones del Comité de Regla Fiscal frente a la responsabilidad fiscal.


 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.


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