Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Uno de los fenómenos políticos más importantes en la última década en Colombia ha sido el tránsito de las FARC de movimiento guerrillero a organización política. El 15 de agosto de 2017 la entonces guerrilla concluyó su proceso de desarme y pasó a convertirse en un partido político, con aspiraciones de llegar al poder mediante el apoyo popular en las urnas.
Este es un viejo fenómeno que se ha repetido varias veces, tanto en América Latina como en Colombia. Así ocurrió en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1983, en Uruguay con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) por la misma época, y en Venezuela con el Movimiento al Socialismo (MAS) en los comicios de 1973.
En el país se tienen los casos emblemáticos del Movimiento 19 de abril (M-19), que en 1990 se convirtió en la Alianza Democrática M-19; el Ejército Popular de Liberación (EPL), que en 1991 se transformó en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; y la Corriente de Renovación Socialista –fracción desprendida del Ejército de Liberación Nacional (ELN)– que a mediados de los noventa hizo lo mismo.
Es decir, existe una larga tradición en el país y la región por otorgar amnistías e indultos y realizar negociaciones políticas que les han permitido a los alzados en armas la participación en el sistema electoral, lo que ha posibilitado la apertura de espacios políticos democráticos y la lucha por el poder por la vía de la competencia electoral.
A pesar de este antecedente, la participación política de las FARC sigue siendo una novedad. Primero, por el número importante de curules que se les concedieron en el Acuerdo Final –fueron 10: cinco en el Senado y cinco en la Cámara, por ocho años (2018-2026)–, lo que les dio un relativo poder para actuar en la creación de leyes y el control político. Y segundo, porque se les entregaron una serie de incentivos con el objetivo expreso de que se convirtieran en un partido y aprovechar el período de transición para permanecer en el sistema democrático.
Lo paradójico es que a pesar de estas ventajas, la organización de excombatientes no ha alcanzado su ideal. No ha logrado construir un protagonismo ante la opinión pública y no ha podido configurarse como un actor relevante dentro del sistema político. De allí que corra el riesgo en las elecciones nacionales de 2026 de no superar el umbral electoral ni alcanzar una sola curul en el Congreso.
Las explicaciones a este resultado son complejas. Para los reincorporados la conversión en organización política no ha sido fácil. Al partido Comunes –que en un inicio se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)– le ha tocado afrontar las dificultades, los retos y las complejidades que implica dar el paso de una organización militar a una organización política y electoral, tanto en el plano interno como en el externo.
En lo interno le ha tocado sufrir el hecho de no contar con unos liderazgos fuertes que les permitan construir otras narrativas y alternativas para llegar al poder. Los cuadros políticos del partido Comunes han sido, en su mayoría, los mismos mandos superiores que habían participado en la guerra y que hicieron que los imaginarios negativos de la gente frente a esta organización se mantuvieran.
Es decir, mantuvieron un similar esquema jerárquico e inflexible, usado en la guerra, para actuar en el escenario del sistema deliberativo, lo que ha provocado –entre otros motivos– su fracaso electoral. Y como si esto no fuera poco, le ha tocado enfrentar continuas confrontaciones, competencias y renuncias de sus militantes, circunstancias que los han debilitado y los hacen flaquear en su objetivo misional.
En lo externo, por un lado, les tocó un Senado y una Cámara donde tuvieron que afrontar el desprecio de los políticos tradicionales que los aislaron de las decisiones. Como organización en el Congreso –debido a su postura de bancada de oposición– fueron aislados durante el gobierno Duque y no lograron aprovechar el reparto burocrático y público.
Y, por el otro, aún persiste en el imaginario colectivo el duro recuerdo de una historia trágica de la guerra que dejó tantas cicatrices en el tejido social. Se suma también el haber llegado a la competencia por los votos en un momento donde era evidente la polarización política que profundizó aún más el imaginario del enemigo interno y el estigma por su pasado guerrillero.
Estos dos frentes problemáticos han generado que desde su inicio como partido se note el poco apoyo popular, incluso, se observa un declive progresivo –55.587 votos en las elecciones de 2018 y menos de la mitad de estos en 2022– que hace dudar de su permanencia en el Congreso de la República. Como organización no han logrado conformar un proyecto político capaz de aglutinar bajo la bandera de la rosa el deseo de millones de personas que hoy le apuestan a la paz.
A pesar de estas dificultades, los militantes de esta organización han logrado comprender la importancia que tiene su participación en el juego del sistema político democrático y su apuesta decidida por la paz. De allí que quieran permanecer en la competencia electoral.
En este sentido, el reto del partido Comunes para los próximos años será sobrevivir. Buscará institucionalizarse como partido, es decir, mantenerse en la contienda electoral, ya sea de forma individual o como socio en coalición con otras organizaciones alternativas democráticas de izquierda que le permitan estabilidad y permanencia en el tiempo.
Este horizonte deberá impulsar al partido a aprovechar este momento de transición. La sugerencia es mantenerse firme en su propuesta de trabajar por la construcción de la paz y el desarrollo de los territorios con un enfoque rural y territorial, aunque sin perder de vista la mirada nacional.
Además, capitalizar los diez importantes votos que tienen en este último cuatrienio en el Congreso. Sus congresistas deberían integrarse a las bancadas de gobierno para posibilitar una participación política en el Gobierno Nacional y con ello la posibilidad de un ascenso político y social. Al igual que unirse con los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CITREP) para aumentar la incidencia en el Congreso.
De esta manera podrían avanzar en la tarea de construir las bases sociales que les permitan mantener la simpatía por sus propuestas y una votación mínima que les posibilite sobrevivir. Al igual que ampliar el capital social, político, simbólico y la presencia en los territorios, formando cuadros y militantes. Y, finalmente, mandar el mensaje, una vez más, de que se mantienen firmes en la decisión de cambiar las botas por votos, de aportar a la construcción de la paz y de estar jugados por el fortalecimiento de la democracia.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.